El Consejo de Estado admitió una acción de tutela presentada por la organización El Veinte y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en colaboración con Linterna Verde, en representación de 19 mujeres periodistas. Esta acción busca proteger los derechos fundamentales de estas profesionales ante las reiteradas y despectivas expresiones del presidente Gustavo Petro hacia la prensa, especialmente dirigidas hacia las mujeres.
Según menciona en un comunicado la FLIP: "Desde el inicio del actual Gobierno, hemos registrado diversos episodios de estigmatizaciones contra la prensa por parte del presidente, seguidos de agresiones a periodistas en redes sociales".
Además, añaden que a pesar de varios llamados realizados por organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación para que el presidente moderara su discurso, estas peticiones han sido ignoradas, intensificando la precariedad y el riesgo para los periodistas.
#ComunicadoFLIP 🧵 El @consejodeestado admitió la acción de tutela que presentamos con @ElVeinteOrg y el respaldo de @linterna, en representación de 19 mujeres periodistas. Es clave proteger sus derechos ante las reiteradas estigmatizaciones del presidente @petrogustavo en su… pic.twitter.com/v83bP8Mp0V
— Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) September 27, 2024
¿Por qué se da esta decisión?
Una de las expresiones más controvertidas del presidente ocurrió durante un discurso el 30 de agosto en Nuquí, Chocó, donde se refirió a las mujeres periodistas como "muñecas de la mafia". Pues, parte de la acción de tutela, afirma que este tipo de comentarios no solo descalifican profesionalmente a las periodistas, sino que también contribuyen a una cultura de violencia y agresión verbal que afecta su seguridad y credibilidad.
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¿Qué piden con la tutela?
La acción de tutela destaca la vulneración de tres derechos fundamentales. En primer lugar, se denuncia la violación de la libertad de expresión. Este derecho exige que los funcionarios públicos actúen con especial consideración hacia quienes ejercen el periodismo, un principio que es aún más crítico en el caso de las mujeres, quienes enfrentan riesgos específicos de violencia.
En segundo lugar, se argumenta la vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación; el uso de expresiones como "muñecas de la mafia" refuerza estereotipos de género, cosificando a las periodistas y atacando su integridad personal. Finalmente, se menciona la violación del derecho a una vida libre de violencia, considerando que estas estigmatizaciones fomentan un clima de agresiones verbales y digitales que obstaculizan el libre ejercicio del periodismo.
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Lo que dicen los organismos internacionales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado preocupación por el clima de violencia digital y cómo este puede conducir a la autocensura entre los periodistas.
En este contexto, según menciona la FLIP, las declaraciones del presidente, que se repitieron en una alocución el 1° de septiembre, han incrementado las agresiones en redes sociales, evidenciando un aumento en el contenido violento y ofensivo dirigido hacia mujeres periodistas en plataformas como X. Este ambiente hostil no solo complica su labor, sino que también exacerba la inseguridad en la que deben trabajar.
Aunque el 9 de septiembre el presidente Petro firmó una directiva para instruir a los funcionarios del Gobierno sobre la importancia de garantizar la libertad de prensa, según la FLIP sus continuos ataques verbales contradicen este mandato y refuerzan un discurso de desprestigio contra el periodismo. Pues, añaden que en sus declaraciones, Petro ha llegado a comparar la crítica periodística con regímenes totalitarios como el nazismo, lo que genera preocupación sobre la salud democrática del país.
Ante esta situación, las periodistas han decidido acudir a la justicia para exigir que se ordene al presidente corregir su comportamiento y garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo en Colombia. La tutela, presentada por figuras reconocidas como Claudia Julieta Duque, Jineth Bedoya, y María Jimena Duzán, entre otras, busca que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de quienes ejercen la libertad de prensa, especialmente en un entorno digital donde la violencia simbólica puede traducirse en amenazas reales para su integridad y labor.
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