La Procuraduría le formuló cargos a Mikhail Krasnov, actual alcalde de Tunja. El ente de control investiga presuntas irregularidades al momento de inscribirse como mandatario de la capital de Boyacá.Según la Procuraduría, el funcionario se encontraría inhabilitado para postularse u ocupar dicho cargo por, al parecer, haber celebrado un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia un año antes de celebrarse las correspondientes elecciones.(Además: Guerra comercial, EN VIVO: el impacto de la respuesta de China a aranceles de Trump)“Por el presunto desconocimiento de las normas que señalan que postularse y tomar posesión de un cargo a pesar de existir incompatibilidad, inhabilidad o conflicto de intereses, son causales de mala conducta, la Procuraduría calificó, provisionalmente, la presunta falta del investigado como gravísima a título de dolo”, señaló el ente de control en un comunicado.Para la Procuraduría, Krasnov habría traído como consecuencia diversas afectaciones al servicio público, a la función pública, a la imagen institucional y a los intereses del Estado.El ente también consideró que su deber era “dar ejemplo a la comunidad tunjana y a los miembros del gobierno municipal”.(Lea: Noticias CaracolLas 5 mejores formas de servir al prójimo, según el padre Linero: oración para este 4 de febrero)De otro lado, el Ministerio Público dispuso el archivo del posible hecho disciplinario que cuestionaba al alcalde por una supuesta inhabilidad para desempeñar el cargo, por tener doble nacionalidad.Sobre el proceso, la Procuraduría señaló que Krasnov tiene derecho a los beneficios por confesión o aceptación de cargos. También precisó que tiene derecho a rendir versión libre sobre las circunstancias de la comisión del cargo reprochado.Respecto a esta formulación de cargos en su contra, el mandatario de Tunja no se ha referido por el momento.NOTICIAS CARACOL
El sistema de salud en Colombia se encuentra en una situación complicada, pues la desfinanciación, unida a algunos problemas internos de las diferentes EPS y a recientes decisiones gubernamentales ha causado que cientos de pacientes de alto costo se vean afectados por la falta de procedimientos o la ineficiente entrega de medicamentos fundamentales para tratar sus enfermedades o, incluso, mantenerse con vida.Y es que estas personas son las que más requieren del sistema debido a sus complicaciones de salud, pues pagar sus costosos tratamientos sin la ayuda del mismo es una tarea casi imposible. Pese a esto, decenas de pacientes denuncian que últimamente las entidades promotoras de salud han dejado de cumplir con sus responsabilidades, situación que los pone en riesgo. (Lea también: Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión: así puede ayudar a alguien que lo padezca)"Estos medicamentos son primordiales para mi vida porque si no me los tomo corro el riesgo de morirme", dijo a Noticias Caracol Jaime Rozo, paciente de alto costo afectado.En la misma situación se encuentra Claudia Ximena Castañeda, paciente de la EPS Famisanar quien cuenta con una falla intestinal grado 3, enfermedad huérfana por la que requiere de intervenciones médicas para mantenerse alimentada ya que toda la comida que ingiere de su boca no le proporciona los nutrientes necesarios para subsistir."Dia de por medio me conectan a una máquina 15 horas para poder alimentarme. Famisanar está faltando en esto, no me da los insumos para la curación ni me da las citas" explica la mujer afectada. Citas médicas de pacientes de alto costo estarían tardando mesesPero el problema no es solo de medicamentos. Jader Andrés Oviedo, un paciente tolimense de la Nueva EPS, le contó a Noticias Caracol que, pese a contar con una patología que le impide caminar con normalidad, todavía está a la espera de una cita médica con su especialista tras varios meses de haberla solicitado. "El médico general me envía donde el ortopedista a finales de octubre. A principios de noviembre fui a sacar la cita y me la dieron para el 28 de marzo de 2025", dijo Oviedo. Las cifras reflejan el delicado momento por el que atraviesa el sistema de salud colombiano. En 2024 se interpusieron más de 248.000 tutelas y cerca de 1,4 millones de peticiones, quejas y reclamos (PQR) por parte de todos los afiliados al sistema de salud. "Durante un año no hubo solución al problema, no hubo una gestión. (...) El 60% de la población colombiana está afiliada a EPS intervenidas por el Gobierno nacional. (...) El sector, por diferentes vías académicas, de centros de pensamiento o gremiales ha venido expresando la preocupación sobre la creciente desfinanciación del sistema", dijo Augusto Galán, exministro de Salud, a este noticiero.¿Qué ha dicho la Procuraduría sobre esta situación?Para la Procuraduría la única salida del Gobierno es replantear el monto de dinero que recibirán las EPS, teniendo en cuenta, según la procuradora delegada para la salud, Diana Margarita Ojeda, aspectos como frecuencias de uso o aquellas tecnologías que han sido vinculadas al plan de beneficios en salud, pues "nada de esto se tuvo en cuenta". Protestas en el Hospital El TunalAparte de esta situación, en las últimas horas se conoció sobre una serie de protestas que se han llevado a cabo en el Hospital El Tunal, de Bogotá. Los trabajadores de esta institución, entre enfermeros, auxiliares y personal administrativo aseguran que les deben el 20% del sueldo de diciembre.Los trabajadores que se manifestaron, adicionalmente, exigen mejores pagos y un ajuste salarial, al exponer que llevan cerca de tres años con el mismo salario. la gerencia del centro médico, por su parte, llegó a un acuerdo con los empleados tras una reunión.
La situación en Venezuela sigue siendo tensa luego de que el pasado 10 de enero, Nicolás Maduro se autoproclamara presidente de ese país. Algunos países, entre ellos Colombia, han dicho que no reconocerán los resultados electorales, pues el chavismo nunca mostró las actas. Muchas naciones, por su lado, han reconocido al opositor Edmundo González como el presidente electo por los ciudadanos. Margarita Cabello, procuradora general de la Nación, dio su concepto sobre la postura del Gobierno de Gustavo Petro sobre la crisis en el vecino país.(Lea también: ¿Cuál es el futuro de la relación entre Venezuela y Colombia? Expertos analizan)¿Qué opina de la forma como se ha manejado la relación con Venezuela?La funcionaria manifestó que "la Procuraduría General de la Nación es una entidad que se encarga de garantizar la sociedad democrática y la democracia del Estado derecho de nuestro país, por lo tanto, nuestra visión o mi visión como procuradora general de la Nación es que la democracia debe ser esencial en todos los países de Latinoamérica, y evidentemente en Venezuela, reconocido por nuestro propio canciller, la sociedad determinó que el presidente de la República de Venezuela era el señor Edmundo y no el señor Maduro. Por lo tanto, ya ahí hay un punto de quiebre que implica tomar medidas especiales frente a Colombia, que es lo que nos interesa. Todos sabemos que la Procuraduría General de la Nación ha luchado mucho por los problemas de migración y ha luchado frente a los órganos de gobierno para que le pongan mayor atención a los problemas de migración en Colombia, que son gravísimos. En Cúcuta, por ejemplo, el tema de migración, 2,8 millones de venezolanos están actualmente en Colombia, de esos, alrededor de 430 mil no están con su documentación y con su legalidad adecuada. Esta situación va a originar, con toda seguridad, una migración mucho más grande que va a afectar nuestras fronteras. No tenemos las capacidades y en eso hemos insistido que debemos tenerlas, para manejar ese flujo de migración con todas las problemáticas que trae. Eso va a generar problemas para nuestro país con los conflictos sociales que eso genera".¿La postura del Gobierno Petro frente a Venezuela ha sido adecuada?"Un tema es los canales de comunicación y otro tema es que se respete la democracia y la decisión democrática del país. En ese sentido, uno podría decir que se puede ser duro cuando se han agotado las medidas amigables. Todas las relaciones, cuando son difíciles, generalmente hay que manejarlas a través de conversaciones y de conciliación, pero hay puntos en que toca también tener mano dura en algunos momentos", señaló Margarita Cabello.Por eso, "en este caso nosotros diríamos que hay que poner mano dura y mirar cómo, con la mano dura, se puede lograr mejoramiento de alguna forma para el país", agregó.Precisó que en el Gobierno de Gustavo Petro "no han dicho ‘no reconocemos el Gobierno Maduro’, pero han dicho que no se han entregado las actas que justifican que la elección popular se respetó, la democracia se respetó, y eso es un punto claro que tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Saber mirar hasta qué punto se manejan esas relaciones y cómo se pueden medir".Para Cabello, el Gobierno de Petro no debe "ser tan laxo, porque a veces la laxitud genera falta de mejor manejo de las conversaciones". Agregó que el presidente Petro “ha sido ambivalente y eso genera una concepción para el pueblo colombiano de incertidumbre y de inseguridad, porque hay ambivalencia en la toma de decisiones".(Lea también: Álvaro Uribe pide intervención militar internacional en Venezuela y Nicolás Maduro le responde)¿Qué opina de una intervención militar internacional como propone Álvaro Uribe?"Me parece importante que estos organismos internacionales actúen con más contundencia, porque hasta ahora hemos visto que las manifestaciones y todas las expresiones en donde todos indican que no se respetó el voto popular, concepto esencial de una democracia de un país como Venezuela; falta que sigan avanzando con muchísima más fuerza hacia una decisión final. Que sea la militar o no sea la militar, no podría decírtelo y decir que es lo definitivo, pero sí que cada día deben ir más contundentes, de acuerdo a las opiniones que tenga el presidente, sin descartar ninguna posibilidad. Soy de la tesis de que lo militar debe ser la última decisión que se tome. Pero si no se logran, y con las medidas contundentes hacer respetar la democracia en un país latinoamericano, toca ir hasta las últimas consecuencias, incluyendo la militar, porque si no, ¿qué va a pasar con los otros países? Es un problema de un efecto que tiene que ser de mucho cuidado, porque lo que ocurre en Venezuela puede ser un modelo que hay que tener cuidado, que pueda seguir en otros países de Latinoamérica", dijo al respecto.(Lea también: Canciller Luis Gilberto Murillo dice que “es inconveniente una intervención militar” en Venezuela)
Margarita Cabello, saliente procuradora general de la Nación, habló con el director de Noticias Caracol sobre su gestión. Reconoció que los ataques del presidente Gustavo Petro “fue una de las situaciones más difíciles” que afrontó al estar en el cargo. “Sus primeras manifestaciones públicas fueron que él pensaba que era necesario eliminar la Procuraduría General de la Nación”, dijo la funcionaria, que deja el despacho esta semana, después de cuatro años.(Lea también: Presidente Petro posesionó como nuevo procurador a Gregorio Eljach: "Es un hecho apoteósico")¿La Procuraduría tiene la facultad de investigar, destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos popularmente?"La seguimos teniendo. Se le mantiene, se mantiene con la adición que ya venía en la ley 2094, que fue aprobada por el Congreso, de que las decisiones contra electos popularmente, cuando sean sanciones, pasan a una revisión automática ante la justicia contencioso-administrativa. La diferencia es que la sentencia de la Corte Interamericana dice y ordena que debe ser un juez penal, pero en Colombia, por la propia estructura orgánica de nuestro país, es perfectamente posible que la revisión de las decisiones de sanción que pone que impone la Procuraduría se revise no por un juez penal, sino por un juez de lo contencioso administrativo. No es una situación solo de Colombia. La mayoría de países de Latinoamérica tienen las mismas normas nuestras en el sentido de que pueden una autoridad administrativa sancionar e investigar, juzgar y sancionar electos popularmente, e incluso lo puede hacer autoridades jurisdiccionales distintas a un juez penal", explicó Cabello.Con el Gobierno Petro usted denuncia que prácticamente le han secado el presupuesto, no ha tenido una relación armónica la presidencia. ¿En qué ha derivado en las funciones del Ministerio Público?"Eso afecta. De todos modos, ha afectado el trabajo nuestro, y yo no puedo negar que es evidente que existe entre el Gobierno y la procuradora diferencias de perspectivas sobre el papel que desempeña la Procuraduría General de la Nación en una democracia. Yo soy del criterio que los entes de control son indispensables para hacer peso y contrapeso en cualquier democracia y que es indispensable para garantizar que los poderes funcionen en un Estado de derecho", reconoció Margarita Cabello."El quitarnos, o demorarnos o negarnos los giros que nos corresponden como Procuraduría General de la Nación como órgano autónomo independiente, de alguna manera afectan la función de vigilante que tenemos e incide en que tengamos que estar requiriendo. Es una manera muy sutil de molestar a la Procuraduría en el trabajo que tiene que hacer frente a muchos funcionarios y entidades del Gobierno", acotó.Incluso, dio a conocer que "el PAC del mes de diciembre, que eran 33 mil millones, no se giró. El PAC de octubre y de noviembre se nos giró en diciembre, dejándonos caer en mora, lo cual implica unos pagos adicionales. Muchas vigencias futuras no se aprobaron que podían aprobarse, muchas autorizaciones presupuestales nos giraban la mitad y nos decían ‘eso se lo mandamos para que paguen tal cosa y no tal otra’. Y eso no es permitido en una Procuraduría".Recalcó que "lo último que deberían tocar cuando hay un problema de caja deben ser los órganos de control. De otro lado, las cifras de los PAC son cifras muy pequeñas que se podían pagar perfectamente frente a todas las otras obligaciones".Usted venía de ser ministra de Justicia del entonces presidente Iván Duque. El día de la posesión suya dijo “hay que apoyar a nuestro gobierno” y se le vino el mundo encima. ¿Amerita cambiar la forma como se elige al procurador?"Que a mí me haya postulado el presidente de la República no es nada extraño. El procurador anterior, el doctor Fernando Carrillo, fue ministro, fue embajador y nunca le han criticado que si venía de la política o no. Todo depende con el lente que te miren", dijo al respecto Margarita Cabello.Sobre la supuesta persecución al Gobierno Petro, señaló que "si nosotros hemos sancionado a 550 electos popularmente ¿es que hay sesgos con el Gobierno? ¿Si tenemos 4 mil investigaciones contra electos popularmente es que nosotros estamos haciéndole persecución al gobierno actual?"."No me vas a decir que el Gobierno y el partido político del Gobierno tiene 574 electos sancionados y que yo los perseguí; se sancionó al que debía sancionarse de todas las corrientes. ¿Qué es lo que pasa? Que una Procuraduría General de la Nación obligatoriamente tiene que investigar a los miembros del Gobierno y este Gobierno estamos investigando porque es lo que nos toca. Al Gobierno pasado también se investigó. Hay investigaciones clarísimas y hay conceptos ante la Corte Constitucional en contra de proyectos del anterior gobierno. Lo que pasa es que cuando los absolvemos a los de este gobierno no dicen nada. Y cuando hay sanción, que no son muchas contra ellos, entonces sí hacemos persecución política", añadió.¿Qué opina de la forma como se ha manejado la relación con Venezuela?La funcionaria manifestó que "la Procuraduría General de la Nación es una entidad que se encarga de garantizar la sociedad democrática y la democracia del Estado derecho de nuestro país, por lo tanto, nuestra visión o mi visión como procuradora general de la Nación es que la democracia debe ser esencial en todos los países de Latinoamérica, y evidentemente en Venezuela, reconocido por nuestro propio canciller, la sociedad determinó que el presidente de la República de Venezuela era el señor Edmundo y no el señor Maduro. Por lo tanto, ya ahí hay un punto de quiebre que implica tomar medidas especiales frente a Colombia, que es lo que nos interesa. Todos sabemos que la Procuraduría General de la Nación ha luchado mucho por los problemas de migración y ha luchado frente a los órganos de gobierno para que le pongan mayor atención a los problemas de migración en Colombia, que son gravísimos. En Cúcuta, por ejemplo, el tema de migración, 2,8 millones de venezolanos están actualmente en Colombia, de esos, alrededor de 430 mil no están con su documentación y con su legalidad adecuada. Esta situación va a originar, con toda seguridad, una migración mucho más grande que va a afectar nuestras fronteras. No tenemos las capacidades y en eso hemos insistido que debemos tenerlas, para manejar ese flujo de migración con todas las problemáticas que trae. Eso va a generar problemas para nuestro país con los conflictos sociales que eso genera".¿La postura del Gobierno Petro frente a Venezuela ha sido adecuada?"Un tema es los canales de comunicación y otro tema es que se respete la democracia y la decisión democrática del país. En ese sentido, uno podría decir que se puede ser duro cuando se han agotado las medidas amigables. Todas las relaciones, cuando son difíciles, generalmente hay que manejarlas a través de conversaciones y de conciliación, pero hay puntos en que toca también tener mano dura en algunos momentos", señaló Margarita Cabello.Por eso, "en este caso nosotros diríamos que hay que poner mano dura y mirar cómo, con la mano dura, se puede lograr mejoramiento de alguna forma para el país", agregó.Precisó que en el Gobierno de Gustavo Petro "no han dicho ‘no reconocemos el Gobierno Maduro’, pero han dicho que no se han entregado las actas que justifican que la elección popular se respetó, la democracia se respetó, y eso es un punto claro que tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Saber mirar hasta qué punto se manejan esas relaciones y cómo se pueden medir".Para Cabello, el Gobierno de Petro no debe "ser tan laxo, porque a veces la laxitud genera falta de mejor manejo de las conversaciones". Agregó que el presidente Petro “ha sido ambivalente y eso genera una concepción para el pueblo colombiano de incertidumbre y de inseguridad, porque hay ambivalencia en la toma de decisiones".(Lea también: Álvaro Uribe pide intervención militar internacional en Venezuela y Nicolás Maduro le responde)¿Qué opina de una intervención militar internacional como propone Álvaro Uribe?"Me parece importante que estos organismos internacionales actúen con más contundencia, porque hasta ahora hemos visto que las manifestaciones y todas las expresiones en donde todos indican que no se respetó el voto popular, concepto esencial de una democracia de un país como Venezuela; falta que sigan avanzando con muchísima más fuerza hacia una decisión final. Que sea la militar o no sea la militar, no podría decírtelo y decir que es lo definitivo, pero sí que cada día deben ir más contundentes, de acuerdo a las opiniones que tenga el presidente, sin descartar ninguna posibilidad. Soy de la tesis de que lo militar debe ser la última decisión que se tome. Pero si no se logran, y con las medidas contundentes hacer respetar la democracia en un país latinoamericano, toca ir hasta las últimas consecuencias, incluyendo la militar, porque si no, ¿qué va a pasar con los otros países? Es un problema de un efecto que tiene que ser de mucho cuidado, porque lo que ocurre en Venezuela puede ser un modelo que hay que tener cuidado, que pueda seguir en otros países de Latinoamérica", dijo al respecto.(Lea también: Canciller Luis Gilberto Murillo dice que “es inconveniente una intervención militar” en Venezuela)¿Cuál es el mayor problema que hoy tiene Colombia?Según la funcionaria, a la Procuraduría la critican "porque lo que hacemos nosotros es investigar a los funcionarios del Gobierno y, en ese sentido, a todos los funcionarios del Ejecutivo. El tema de corrupción sigue siendo muy grave, muy peligroso, y el tema de ineficiencia administrativa. Y en estos cuatro años yo podría decir que si bien hubo múltiples sanciones frente a muchísimos servidores públicos, más de 550 sanciones contra servidores públicos de elección popular, 4 mil procesos disciplinarios en camino ya muy avanzados contra servidores públicos de elección popular, más la cantidad de decisiones contra otros servidores públicos, nos hacen ver que por mucho que sancionemos y que trabajemos en lo preventivo, que fue nuestra línea de trabajo fundamental, solos los órganos de control no pueden. Si no se refuerza el control social, que el ciudadano empiece a entender que es parte de la democracia y parte viva de la democracia y que esté como veedor público actuando, no solo sino en grupos y vigilantes de la corrupción en el país. No vamos a poder salir de esto".¿Entre ineficientes y corruptos están carcomiendo del Estado?"Totalmente, y en estos últimos años lo hemos visto de una manera muchísimo más descarada y repito, ante la mirada inerme de la sociedad, se normalizó. Y yo sí insisto por mi experiencia estos cuatro años y mi experiencia anterior en temas judiciales, que es muy importante recuperar el control social. Que el ciudadano no siga pensando egoístamente en un yo, en mí, sino que empiece a pensar en nosotros", enfatizó.¿Qué deja la Procuraduría y que viene en el caso de la UNGRD?Recordó que ya hay una decisión final sancionatoria contra los altos directivos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y quedan abiertas otras líneas de investigación que se generaron. Sobre los ministros y exministros vinculados “iniciamos averiguación para efectos de determinar claramente quiénes son las personas frente a lo que se debe abrir la investigación. Y ahí está el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, Ricardo Bonilla”.Reforma a la salud, ¿en qué ha derivado en la Procuraduría?"El tema de la situación de salud en Colombia, lógicamente, no es que se haya presentado en este gobierno. El tema venía desde dos o tres gobiernos antes, pero antes los gobiernos hacían esfuerzos presupuestales para cubrir los faltantes. Eso hay que irnos un poquito hacia atrás y recordar que en el año 2010 hubo un problema constitucional, de Estado social que había que apoyar los problemas de salud. Luego, en 2013, 2014, se igualaron las asistencias en salud para los dos regímenes y eso generó un problema fiscal y se habló en esa época de la ley del punto final. Y eso sí fue acumulándose. Pero todos los gobiernos siempre trataron de hacer los esfuerzos para hacer los cubrimientos de los faltantes y poder seguir avanzando. ¿Qué pasó del 22 para acá? Esos esfuerzos no se presentaron, dejaron de pagarse con la frecuencia con que se hacían antes los presupuestos máximos, que son los dineros que se acordó con el Estado y con el Gobierno, que no están en el plan obligatorio de salud, pero que se les pidió a las a las EPS que los pagaran y que inmediatamente se le restituya los dineros. Esos presupuestos máximos no se han pagado bien, no se han pagado a tiempo. Los gobiernos anteriores cumplían las órdenes de las sentencias de la Corte Constitucional. Aquí ahora no se están cumpliendo. De hecho, hay desacato en algunas órdenes y siguen sin cumplirse. Entonces eso, sumado a la problemática que se ha presentado en estos dos últimos años con la escasez de medicamentos y sumado también a que el presupuesto para la EPS alguno se desvió y se orientó para hospitales, compra de equipos, atención y preparación de nuevas personas", explicó.Margarita Cabello afirmó que "el Estado tiene que garantizar el derecho a la salud, que es un derecho fundamental a los colombianos. Y eso fue evolucionando desde la Carta Política del 91 hasta ahora, con los problemas que al ordenarle más apoyo del Estado a los pacientes se fue generando el problema fiscal. Es el Gobierno el que es el responsable del derecho fundamental a la salud de los colombianos, y está entonces el problema de la UPC, que se fue disminuyendo el monto de lo que se tenía que entregar. Y ustedes saben que la UPC es la que se encarga de los pagos de los médicos, de los pagos de los profesionales de la salud de la compra de los medicamentos, de la atención al usuario. Es decir, lo que hacen las EPS. Y eso se fue disminuyendo el monto y fue creciendo la problemática. Más envejecimiento, el contagio de COVID, más reclamación de asistencia por todas las problemáticas que venían, más reclamación de medicamentos. Y eso originó que obligatoriamente se volvió insuficiente la UPC, pero sumado a la UPC, que sí se está pagando a tiempo, pero está en un valor que no es. Entonces ahí viene un déficit sumado al no pago los presupuestos máximos. De hecho, hay un dinero, unos 800 mil de ajustes de presupuestos máximos del año 2022 que aún no se han pagado. 850 mil algo así de millones de pesos. Los presupuestos máximos debilitan la capacidad financiera a las EPS, porque eso es un dinero que ellos pagan de intermediación, que deberían entregárselos con anticipación y eso descuadra. De hecho, tengo entendido que en diciembre les pagaron los presupuestos máximos de septiembre y no hemos mirado el tema de las de los ajustes porque no están muy bien calculados. Como usted dice, más la desviación por unos dineros, todo eso va sumando y estamos hoy, no en una crisis del sistema de salud, sino en una crisis humanitaria de gravedad porque el paciente es el afectado".La lupa está sobre el “Ministerio de Salud, sobre la Superintendencia de Salud. También tenemos algunas investigaciones por quejas sobre algunas EPS que han denunciado por mal manejo”, señaló la saliente funcionaria, a quien remplazara Gregorio Eljach.(Lea también: Procuraduría llama a juicio disciplinario al ministro de Salud por desabastecimiento de medicamentos)
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por su presunta responsabilidad en el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en Colombia durante 2023.El cargo endilgado al ministro se relaciona con la omisión de las funciones propias de su cartera, lo que habría impactado de manera negativa en el derecho fundamental a la salud y la prestación de ese servicio. La falta fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa grave, especificó la Procuraduría.Lea también: Valor de UPC para 2025 se fijó en 5,3%: Minsalud habló de "poca confiabilidad" en reportes de EPSSegún el Ministerio Público, la investigación adelantada logró establecer que "el alto funcionario, quien llegó al cargo desde marzo del mismo año, habría omitido tomar las medidas necesarias para resolver la crisis, advertida desde 2022, por diferentes asociaciones médicas, sobre el riesgo de desabastecimiento en que se encontraban al menos 2351 medicamentos e insumos médicos, varios de ellos de primera necesidad".La Sala Disciplinaria de Instrucción acreditó que el ministro solo hasta el mes de noviembre de 2023 habría expedido la Resolución 1896, elaborado un plan de trabajo y formulado un plan de acción que contenían las estrategias y actividades concretas para prevenir y superar el desabastecimiento de medicamentos en Colombia.Lea también: Estos son los subsidios del Gobierno que desaparecen, los que cambian y los que siguen igual en 2025Esto, según la Procuraduría, para cumplir con la orden que le impartió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de octubre de 2023 como respuesta a una acción popular interpuesta por la Procuraduría y varias agremiaciones médicas.“El doctor Jaramillo Martínez solo planeó y ejecutó acciones concretas orientadas a prevenir y superar el desabastecimiento de medicamentos, mediando una orden de un tercero, cuando debió hacerlo por el simple cumplimiento diligente y eficiente de sus funciones”, se señala en el auto.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría General sancionó con destitución e inhabilidad general por 18 años al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López Martínez; y de 20 al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla Álvarez, "por el pago de sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques que serían destinados para el abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira".La Procuraduría informó que la delegada disciplinaria de juzgamiento 1 encontró probado que conforme al primer cargo proferido "los entonces funcionarios participaron en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, al adquirir los vehículos pagando sobrecostos que superaron los $ 16 mil millones, que equivalieron a más del 54 % con respecto a los precios reales del mercado y de más de $ 412 millones por cada uno de los carrotanques".Lea también: Caso UNGRD: Sandra Ortiz dice que mujer cercana a Petro habría armado un complot contra ellaEl ente de control resaltó que en el caso de López se confirmó su participación en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público al suscribir la ratificación de la orden de proveeduría, estructurada y elaborada por Pinilla, y autorizar el pago de recursos al contratista, con lo que se afectó el patrimonio público.Por su parte, ratificó que Pinilla también participó en la gestión del negocio jurídico suscrito para la compra de los vehículos y omitió el hecho de que las tres cotizaciones recibidas superaban ampliamente el precio real del mercado y avaló el pago de los valores sin tener en cuenta los evidentes sobrecostos.La Procuraduría sostuvo que con respecto al segundo cargo formulado contra Pinilla este certificó haber recibido a satisfacción los 40 vehículos adquiridos, sin que el contratista ejecutara a cabalidad el bilateral, ya que los mismos no fueron utilizados para los fines previstos, esto es la respuesta humanitaria declarada mediante el Decreto 2113 de 2022, con el propósito de abastecer de agua a la comunidad de La Guajira.Lea también: Videos muestran a protagonistas del escándalo de la UNGRD en reuniones en el Ministerio de HaciendaEn el mismo sentido adujo que con su comportamiento los disciplinados desconocieron los principios de moralidad, eficacia y economía que rigen la función pública, por lo que calificó de manera definitiva las conductas en que incurrieron como faltas gravísimas cometidas a título de dolo.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) declaró emergencia sanitaria en La Guajira por brote de carbunco bacteriano, conocido como ántrax, que fue identificado en un predio productor de caprinos pertenecientes a una comunidad Wayúu.En el momento se están aplicando los protocolos de emergencia correspondientes. Por su parte, la Procuraduría le ha solicitado al ICA toda la información respectiva sobre esta declaratoria. (Lea también: Atentado en línea férrea de Cerrejón, en La Guajira, dejó un tren afectado)El descubrimiento se llevó a cabo en el municipio de Manaure, luego de que se notificara la muerte súbita de algunos animales en el predio infectado, lo que causó que el ICA desplegara una operación para atender la situación y tomar las medidas correspondientes.Lo anterior conllevó a que se expidiera la Resolución ICA 21020 de 26 de diciembre de 2024, mediante la cual la entidad declaró el estado de emergencia sanitaria en el departamento de La Guajira y dictó algunas medidas de prevención y control del brote en el departamento.Las medidas que adelanta el ICA, en trabajo cooperativo con el Ministerio de Agricultura y otras entidades gubernamentales, radican en monitorear a toda la población susceptible, acompañado por campañas educativas que permitan a las comunidades identificar los síntomas y el adecuado cuidado para prevenir el contagio por esta enfermedad.Qué medidas tomar para no contraer ántrax, luego de declaración de emergencia en La GuajiraEl ICA recomendó, una vez declarada esta emergencia, no manipular ni consumir animales que presenten síntomas de cualquier tipo de enfermedad o muertes súbitas, pues estos representan un alto riesgo para la salud de las personas.En caso de detectar animales con este tipo de señales, se hizo un llamado para que las personas den aviso inmediato al ICA a través de la oficina local más cercana, o dando un aviso a las autoridades del municipio en el que se encuentren. Si los habitantes de la zona afectada, o cercana al lugar, evidencian muertes súbitas de animales o signos que puedan relacionarse con esta enfermedad, pueden comunicarse con la línea de WhatsApp 3242380738, habilitada por el ICA, a través de la cual también podrán dar a conocer la presencia de signos que afecten a los animales para una atención inmediata.Procuraduría se pronunció tras declaración de emergencia sanitaria en La GuajiraFrente a esta declaratoria, la Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, hizo un requerimiento al ICA sobre este anuncio. Dicha solicitud, que fue dirigida al subgerente de Protección Animal y al gerente seccional Guajira, requirió que el instituto precisara las medidas que serán implementadas para contener este peligroso brote y evitar su difusión entre animales y personas.
Este viernes, 20 de diciembre de 2024, el presidente Gustavo Petro posesionó a Gregorio Eljach como procurador general de la Nación. El acto simbólico se llevó a cabo en Riohacha, en La Guajira. Eljach será el reemplazo de Margarita Cabello, quien terminará su periodo en la entidad en enero de 2025.Minutos antes de su posesión, Gregorio Eljach habló con Noticias Caracol en vivo sobre su nuevo rol como líder de la Procuraduría.“Esto es un hecho apoteósico. No creí que la convocatoria fuera a ser tan abrumadora. Está aquí Colombia entera: el establecimiento, el sector privado, la academia, los medios, la comunidad, sobre todo los wayú, que me pertenecen mucho. Creo que, a partir de hoy, cuando tome funciones, el 15 de febrero, vamos a iniciar una nueva época, una nueva era, un nuevo estilo muy marcado por lo social y muy centrado en el cumplimiento de las funciones esenciales de la Procuraduría, lo disciplinario, la intervención judicial y la prevención con proyección hacia un demonio que nos acongoja a todos: la corrupción”, aseguró Gregorio Eljach.¿Qué hará Eljach como nuevo procurador general de la Nación?En este tema, el funcionario ahondó sobre la estrategia que se implementará en la Procuraduría para tratar los temas más urgentes que agobian a los colombianos, como es el caso del escándalo en la UNGRD por la compra de carrotanques para llevar agua potable a La Guajira.“Ya la procuradora viene actuando eficientemente en todo lo que ha sucedido en estos años. Es continuar, continuar vigilante, tener un equipo muy preparado, que lo hay, tener vocación de perseguir a los corruptos y sacar adelante el plan de desarrollo que a nosotros también nos compete”, indicó.Sobre las críticas de su elección y los señalamientos de su cercanía con políticos y hasta el presidente Petro, Eljach dejó en claro que “a mí me conocen quienes me conocen y saben que yo soy de Gregorio Eljach y de mi mamá, de nadie más, de bolsillo jamás. Ustedes lo saben, comuníqueselo al país entero que tienen un hombre de carácter, un hombre preparado para esta y muchas más responsabilidades. Y así lo van a entender cuando yo comience, no cuando termine”.El nuevo procurador acotó que en su cargo representa “la unidad de la nación, a toda Colombia y en esa medida creo que es saludable. Es necesario que dialoguemos, que nos convoquemos, que hagamos armonía entre nosotros, que nos encontremos entre todos los sectores, incluyendo al Gobierno nacional, desde luego; todas las instituciones, organismos de control, las altas cortes, especialmente las que tienen que ver con la constitucionalidad de las leyes y los actos legislativos. Así que estoy dispuesto a ello, pendiente a que las circunstancias lo permitan”.La relación de la Procuraduría con el Gobierno nacional será, según Eljach, “de autonomía absoluta e independencia total”.
En las últimas horas se conoció una carta en la que la Procuraduría General de la Nación le hizo una solicitud al canciller, Luis Gilberto Murillo, para exigir claridad sobre un informe preliminar de un organismo internacional que hizo acusaciones graves en Colombia, al sostener que en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, habían 20.000 cuerpos "guardados"."Esta situación lleva a la Procuraduría General de la Nación a solicitarle, señor canciller, que, desde su cartera ministerial, se realicen las gestiones pertinentes con los órganos internacionales respectivos en el sentido de obtener la aclaración del Comité contra la Desaparición Forzada frente a la afirmación plasmada en el informe preliminar el día de ayer y se informe cuál fue la fuente que motivó al Comité plasmar dicha información en su reporte final", se lee en una parte de la carta. La entidad solicitante le dio 5 días a la Cancillería para adelantar estos esfuerzos y darle una respuesta con los avances.(Lea también: Procuraduría también niega versión de organismo de ONU sobre cuerpos en aeropuerto)La carta fue firmada por la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello. Incluso el pasado jueves 11 de diciembre el procurador delegado Javier Sarmiento se pronunció oficialmente y, luego de solicitar un informe de Medicina Legal, desmintió estos datos revelados por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.“No hay concordancia de esa cifra con ninguna fuente oficial o registro de víctimas. Una cifra de 20.000 es absolutamente desproporcionada, es casi la mitad del estadio El Campín”, contó el procurador delegado a Blu Radio.Y es que esta notificación no solamente fue desmentida por Medicina Legal o la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues hasta Carlos Ruiz Massieu, representante máximo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, marcó distancia con el comité que, a nombre del organismo internacional, hizo esta delicada comunicación."Es un comité independiente que no representa al secretario general de la ONU, no representa ninguna entidad de Naciones Unidas, lo hace todo a su carácter de expertos que son nombrados por los estados miembros de la comisión de desaparición forzada", aseguró Massieu en entrevista con Noticias Caracol en vivo.¿De dónde salió el informe sobre la supuesta cifra de 20.000 cuerpos en aeropuerto El Dorado?La polémica información de estos 20.000 cuerpos fue recolectada por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, entidad que sostuvo que, supuestamente, la cifra había sido otorgada por Medicina Legal en su momento. Sin embargo, actualmente ninguna entidad nacional se atribuye dicha información. No obstante, el informe con esta alarmante cifra preocupa, pues es probable que, si desde la cancillería no se adelantan acciones, este sea divulgado —con esta información— ante la organización.(Lea también: "No nos representa", dice ONU sobre comité que reportó 20 mil supuestos cuerpos en aeropuerto de Bogotá)
El Consejo de Estado decidió que la Procuraduría General de la Nación sí podrá sancionar y destituir a funcionarios de elección popular. La resolución se tomó tras un año de debate. En esta se determinó que el Ministerio Público podrá tener esa opción de destitución, suspensión e inhabilidad para aquellas personas elegidas por voto popular. Cabe recalcar que cada decisión deberá ser revisada por el Consejo de Estado.La medida se da como una respuesta a un recurso extraordinario de revisión que llega al consejo por parte de Esther García, una exalcaldesa inhabilitada por la Procuraduría.(Lea también: El exconcejal Juan Carlos Upegui, destituido e inhabilitado por 8 años por la Procuraduría)El presidente de la corporación, Milton Chaves, declaró: “El Consejo de Estado decidió interpretar que el control que va a hacer el Consejo de Estado sobre las sanciones de la Procuraduría va a cobijar, además de los elegidos popularmente que están en ejercicio del cargo, también aquellas sanciones que se impongan a elegidos popularmente, pero que ya dejaron su cargo, que es después del periodo constitucional que tengan”.El Consejo de Estado también recalcó que la decisión es transitoria y que el Congreso de la República deberá legislar sobre un estatuto de los derechos políticos de los funcionarios de elección popular.Según el periódico El Espectador, se cree que la decisión se tardó un año porque había diferencias entre la Sección Segunda y la Sección Tercera de la corte, pues la primera era la que planteaba que el Consejo de Estado sancionara a los funcionarios elegidos popularmente, mientras que la segunda no buscaba efectuar aquellos cambios.¿Decisión es un revés político?De acuerdo con el medio citado anteriormente, esta decisión puede ser tomada como un revés político para ciertos personajes, como es el caso del presidente de la República, Gustavo Petro, quien fue destituido como alcalde de Bogotá (2013), cuando Alejandro Ordóñez era el jefe de la Procuraduría General de la Nación.(Lea también: Confirman inhabilidad de exdirector de cárcel La Picota por pedir dinero a extraditable)