La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por su presunta responsabilidad en el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en Colombia durante 2023.El cargo endilgado al ministro se relaciona con la omisión de las funciones propias de su cartera, lo que habría impactado de manera negativa en el derecho fundamental a la salud y la prestación de ese servicio. La falta fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa grave, especificó la Procuraduría.Lea también: Valor de UPC para 2025 se fijó en 5,3%: Minsalud habló de "poca confiabilidad" en reportes de EPSSegún el Ministerio Público, la investigación adelantada logró establecer que "el alto funcionario, quien llegó al cargo desde marzo del mismo año, habría omitido tomar las medidas necesarias para resolver la crisis, advertida desde 2022, por diferentes asociaciones médicas, sobre el riesgo de desabastecimiento en que se encontraban al menos 2351 medicamentos e insumos médicos, varios de ellos de primera necesidad".La Sala Disciplinaria de Instrucción acreditó que el ministro solo hasta el mes de noviembre de 2023 habría expedido la Resolución 1896, elaborado un plan de trabajo y formulado un plan de acción que contenían las estrategias y actividades concretas para prevenir y superar el desabastecimiento de medicamentos en Colombia.Lea también: Estos son los subsidios del Gobierno que desaparecen, los que cambian y los que siguen igual en 2025Esto, según la Procuraduría, para cumplir con la orden que le impartió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de octubre de 2023 como respuesta a una acción popular interpuesta por la Procuraduría y varias agremiaciones médicas.“El doctor Jaramillo Martínez solo planeó y ejecutó acciones concretas orientadas a prevenir y superar el desabastecimiento de medicamentos, mediando una orden de un tercero, cuando debió hacerlo por el simple cumplimiento diligente y eficiente de sus funciones”, se señala en el auto.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría General sancionó con destitución e inhabilidad general por 18 años al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López Martínez; y de 20 al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla Álvarez, "por el pago de sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques que serían destinados para el abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira".La Procuraduría informó que la delegada disciplinaria de juzgamiento 1 encontró probado que conforme al primer cargo proferido "los entonces funcionarios participaron en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, al adquirir los vehículos pagando sobrecostos que superaron los $ 16 mil millones, que equivalieron a más del 54 % con respecto a los precios reales del mercado y de más de $ 412 millones por cada uno de los carrotanques".Lea también: Caso UNGRD: Sandra Ortiz dice que mujer cercana a Petro habría armado un complot contra ellaEl ente de control resaltó que en el caso de López se confirmó su participación en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público al suscribir la ratificación de la orden de proveeduría, estructurada y elaborada por Pinilla, y autorizar el pago de recursos al contratista, con lo que se afectó el patrimonio público.Por su parte, ratificó que Pinilla también participó en la gestión del negocio jurídico suscrito para la compra de los vehículos y omitió el hecho de que las tres cotizaciones recibidas superaban ampliamente el precio real del mercado y avaló el pago de los valores sin tener en cuenta los evidentes sobrecostos.La Procuraduría sostuvo que con respecto al segundo cargo formulado contra Pinilla este certificó haber recibido a satisfacción los 40 vehículos adquiridos, sin que el contratista ejecutara a cabalidad el bilateral, ya que los mismos no fueron utilizados para los fines previstos, esto es la respuesta humanitaria declarada mediante el Decreto 2113 de 2022, con el propósito de abastecer de agua a la comunidad de La Guajira.Lea también: Videos muestran a protagonistas del escándalo de la UNGRD en reuniones en el Ministerio de HaciendaEn el mismo sentido adujo que con su comportamiento los disciplinados desconocieron los principios de moralidad, eficacia y economía que rigen la función pública, por lo que calificó de manera definitiva las conductas en que incurrieron como faltas gravísimas cometidas a título de dolo.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) declaró emergencia sanitaria en La Guajira por brote de carbunco bacteriano, conocido como ántrax, que fue identificado en un predio productor de caprinos pertenecientes a una comunidad Wayúu.En el momento se están aplicando los protocolos de emergencia correspondientes. Por su parte, la Procuraduría le ha solicitado al ICA toda la información respectiva sobre esta declaratoria. (Lea también: Atentado en línea férrea de Cerrejón, en La Guajira, dejó un tren afectado)El descubrimiento se llevó a cabo en el municipio de Manaure, luego de que se notificara la muerte súbita de algunos animales en el predio infectado, lo que causó que el ICA desplegara una operación para atender la situación y tomar las medidas correspondientes.Lo anterior conllevó a que se expidiera la Resolución ICA 21020 de 26 de diciembre de 2024, mediante la cual la entidad declaró el estado de emergencia sanitaria en el departamento de La Guajira y dictó algunas medidas de prevención y control del brote en el departamento.Las medidas que adelanta el ICA, en trabajo cooperativo con el Ministerio de Agricultura y otras entidades gubernamentales, radican en monitorear a toda la población susceptible, acompañado por campañas educativas que permitan a las comunidades identificar los síntomas y el adecuado cuidado para prevenir el contagio por esta enfermedad.Qué medidas tomar para no contraer ántrax, luego de declaración de emergencia en La GuajiraEl ICA recomendó, una vez declarada esta emergencia, no manipular ni consumir animales que presenten síntomas de cualquier tipo de enfermedad o muertes súbitas, pues estos representan un alto riesgo para la salud de las personas.En caso de detectar animales con este tipo de señales, se hizo un llamado para que las personas den aviso inmediato al ICA a través de la oficina local más cercana, o dando un aviso a las autoridades del municipio en el que se encuentren. Si los habitantes de la zona afectada, o cercana al lugar, evidencian muertes súbitas de animales o signos que puedan relacionarse con esta enfermedad, pueden comunicarse con la línea de WhatsApp 3242380738, habilitada por el ICA, a través de la cual también podrán dar a conocer la presencia de signos que afecten a los animales para una atención inmediata.Procuraduría se pronunció tras declaración de emergencia sanitaria en La GuajiraFrente a esta declaratoria, la Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, hizo un requerimiento al ICA sobre este anuncio. Dicha solicitud, que fue dirigida al subgerente de Protección Animal y al gerente seccional Guajira, requirió que el instituto precisara las medidas que serán implementadas para contener este peligroso brote y evitar su difusión entre animales y personas.
Este viernes, 20 de diciembre de 2024, el presidente Gustavo Petro posesionó a Gregorio Eljach como procurador general de la Nación. El acto simbólico se llevó a cabo en Riohacha, en La Guajira. Eljach será el reemplazo de Margarita Cabello, quien terminará su periodo en la entidad en enero de 2025.Minutos antes de su posesión, Gregorio Eljach habló con Noticias Caracol en vivo sobre su nuevo rol como líder de la Procuraduría.“Esto es un hecho apoteósico. No creí que la convocatoria fuera a ser tan abrumadora. Está aquí Colombia entera: el establecimiento, el sector privado, la academia, los medios, la comunidad, sobre todo los wayú, que me pertenecen mucho. Creo que, a partir de hoy, cuando tome funciones, el 15 de febrero, vamos a iniciar una nueva época, una nueva era, un nuevo estilo muy marcado por lo social y muy centrado en el cumplimiento de las funciones esenciales de la Procuraduría, lo disciplinario, la intervención judicial y la prevención con proyección hacia un demonio que nos acongoja a todos: la corrupción”, aseguró Gregorio Eljach.¿Qué hará Eljach como nuevo procurador general de la Nación?En este tema, el funcionario ahondó sobre la estrategia que se implementará en la Procuraduría para tratar los temas más urgentes que agobian a los colombianos, como es el caso del escándalo en la UNGRD por la compra de carrotanques para llevar agua potable a La Guajira.“Ya la procuradora viene actuando eficientemente en todo lo que ha sucedido en estos años. Es continuar, continuar vigilante, tener un equipo muy preparado, que lo hay, tener vocación de perseguir a los corruptos y sacar adelante el plan de desarrollo que a nosotros también nos compete”, indicó.Sobre las críticas de su elección y los señalamientos de su cercanía con políticos y hasta el presidente Petro, Eljach dejó en claro que “a mí me conocen quienes me conocen y saben que yo soy de Gregorio Eljach y de mi mamá, de nadie más, de bolsillo jamás. Ustedes lo saben, comuníqueselo al país entero que tienen un hombre de carácter, un hombre preparado para esta y muchas más responsabilidades. Y así lo van a entender cuando yo comience, no cuando termine”.El nuevo procurador acotó que en su cargo representa “la unidad de la nación, a toda Colombia y en esa medida creo que es saludable. Es necesario que dialoguemos, que nos convoquemos, que hagamos armonía entre nosotros, que nos encontremos entre todos los sectores, incluyendo al Gobierno nacional, desde luego; todas las instituciones, organismos de control, las altas cortes, especialmente las que tienen que ver con la constitucionalidad de las leyes y los actos legislativos. Así que estoy dispuesto a ello, pendiente a que las circunstancias lo permitan”.La relación de la Procuraduría con el Gobierno nacional será, según Eljach, “de autonomía absoluta e independencia total”.
En las últimas horas se conoció una carta en la que la Procuraduría General de la Nación le hizo una solicitud al canciller, Luis Gilberto Murillo, para exigir claridad sobre un informe preliminar de un organismo internacional que hizo acusaciones graves en Colombia, al sostener que en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, habían 20.000 cuerpos "guardados"."Esta situación lleva a la Procuraduría General de la Nación a solicitarle, señor canciller, que, desde su cartera ministerial, se realicen las gestiones pertinentes con los órganos internacionales respectivos en el sentido de obtener la aclaración del Comité contra la Desaparición Forzada frente a la afirmación plasmada en el informe preliminar el día de ayer y se informe cuál fue la fuente que motivó al Comité plasmar dicha información en su reporte final", se lee en una parte de la carta. La entidad solicitante le dio 5 días a la Cancillería para adelantar estos esfuerzos y darle una respuesta con los avances.(Lea también: Procuraduría también niega versión de organismo de ONU sobre cuerpos en aeropuerto)La carta fue firmada por la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello. Incluso el pasado jueves 11 de diciembre el procurador delegado Javier Sarmiento se pronunció oficialmente y, luego de solicitar un informe de Medicina Legal, desmintió estos datos revelados por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.“No hay concordancia de esa cifra con ninguna fuente oficial o registro de víctimas. Una cifra de 20.000 es absolutamente desproporcionada, es casi la mitad del estadio El Campín”, contó el procurador delegado a Blu Radio.Y es que esta notificación no solamente fue desmentida por Medicina Legal o la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues hasta Carlos Ruiz Massieu, representante máximo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, marcó distancia con el comité que, a nombre del organismo internacional, hizo esta delicada comunicación."Es un comité independiente que no representa al secretario general de la ONU, no representa ninguna entidad de Naciones Unidas, lo hace todo a su carácter de expertos que son nombrados por los estados miembros de la comisión de desaparición forzada", aseguró Massieu en entrevista con Noticias Caracol en vivo.¿De dónde salió el informe sobre la supuesta cifra de 20.000 cuerpos en aeropuerto El Dorado?La polémica información de estos 20.000 cuerpos fue recolectada por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, entidad que sostuvo que, supuestamente, la cifra había sido otorgada por Medicina Legal en su momento. Sin embargo, actualmente ninguna entidad nacional se atribuye dicha información. No obstante, el informe con esta alarmante cifra preocupa, pues es probable que, si desde la cancillería no se adelantan acciones, este sea divulgado —con esta información— ante la organización.(Lea también: "No nos representa", dice ONU sobre comité que reportó 20 mil supuestos cuerpos en aeropuerto de Bogotá)
El Consejo de Estado decidió que la Procuraduría General de la Nación sí podrá sancionar y destituir a funcionarios de elección popular. La resolución se tomó tras un año de debate. En esta se determinó que el Ministerio Público podrá tener esa opción de destitución, suspensión e inhabilidad para aquellas personas elegidas por voto popular. Cabe recalcar que cada decisión deberá ser revisada por el Consejo de Estado.La medida se da como una respuesta a un recurso extraordinario de revisión que llega al consejo por parte de Esther García, una exalcaldesa inhabilitada por la Procuraduría.(Lea también: El exconcejal Juan Carlos Upegui, destituido e inhabilitado por 8 años por la Procuraduría)El presidente de la corporación, Milton Chaves, declaró: “El Consejo de Estado decidió interpretar que el control que va a hacer el Consejo de Estado sobre las sanciones de la Procuraduría va a cobijar, además de los elegidos popularmente que están en ejercicio del cargo, también aquellas sanciones que se impongan a elegidos popularmente, pero que ya dejaron su cargo, que es después del periodo constitucional que tengan”.El Consejo de Estado también recalcó que la decisión es transitoria y que el Congreso de la República deberá legislar sobre un estatuto de los derechos políticos de los funcionarios de elección popular.Según el periódico El Espectador, se cree que la decisión se tardó un año porque había diferencias entre la Sección Segunda y la Sección Tercera de la corte, pues la primera era la que planteaba que el Consejo de Estado sancionara a los funcionarios elegidos popularmente, mientras que la segunda no buscaba efectuar aquellos cambios.¿Decisión es un revés político?De acuerdo con el medio citado anteriormente, esta decisión puede ser tomada como un revés político para ciertos personajes, como es el caso del presidente de la República, Gustavo Petro, quien fue destituido como alcalde de Bogotá (2013), cuando Alejandro Ordóñez era el jefe de la Procuraduría General de la Nación.(Lea también: Confirman inhabilidad de exdirector de cárcel La Picota por pedir dinero a extraditable)
La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad general de 17 años a Luis Francisco Perdomo Claros, exdirector de cárcel La Picota (2018), quien, según el Ministerio Público, le pidió $30 millones al extraditable José Bayron Piedrahita Ceballos “para autorizar el ingreso extraordinario de familiares y amigos” al penal.(Lea también: José Bayron Piedrahita se declara culpable por sobornar a un agente de Estados Unidos)La entidad disciplinaria reiteró el fallo de segunda instancia contra el exfuncionario “por solicitar dinero a una persona privada de la libertad (ppl) a cambio de obtener beneficios irregularmente.”¿Qué ofrecía exdirector de La Picota para exigir el dinero?“La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento ratificó que el disciplinado solicitó el pago de $30 millones a José Bayron Piedrahita Ceballos para autorizar el ingreso extraordinario de familiares y amigos al lugar en el que se encontraba recluido y despedirse antes de ser extraditado a los Estados Unidos”, se lee en un comunicado.“El Ministerio Público encontró probado que los montos referidos fueron entregados en un establecimiento ubicado en la plazoleta de comidas de un hotel en Bogotá”, donde el exdirector de La Picota “fue capturado en flagrancia por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación”.La Procuraduría dijo “que el entonces funcionario quebrantó el principio de moralidad y que en todo caso ‘se trata de un delito de peligro, de mera conducta y consumación instantánea, por tanto, se perfecciona con la realización simple de cualquiera de las acciones que el tipo consagra en forma alternativa, independiente del resultado obtenido’”.Subrayó que contra la “falta disciplinaria gravísima, sancionada a título de dolo al haber sido cometida con ocasión de la función o abuso del cargo que ostentaba en el momento”, no procede recurso de apelación.¿Cuáles son los antecedentes de José Bayron Piedrahita Ceballos?El colombiano, extraditado a Estados Unidos en abril de 2019, aceptó haber sobornado a un antiguo agente fronterizo con 20 mil dólares en efectivo y un bacanal que incluía servicios sexuales.El narcotraficante, además, enlodó a los dos lobistas de Odebrecht en presuntos negocios para ocultar el origen ilícito de miles de millones de pesos. El primer caso es el de Federico Gaviria, un empresario que ha estado en los estrados por los escándalos del carrusel de las ambulancias, el carrusel de la contratación y los sobornos que la multinacional Odebrecht. El extraditable también salpicó a uno de sus socios más antiguos: el exsenador Otto Bula.(Lea también: Así enlodó un temido narco a los dos lobistas de Odebrecht: impactantes revelaciones)
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el ex director del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, coronel José Ignacio Vásquez Ramírez, por presuntos sobrecostos en un contrato de 30 mil millones de pesos para la adquisición de telas destinadas a la confección de uniformes para la institución.De acuerdo con las investigaciones, el contrato fue suscrito en el año 2020, derivado de una licitación pública abierta para la compra de telas, las cuales iban a ser utilizadas para la fabricación de productos elaborados en la fábrica de confecciones de la Policía.(Lea también: Procuraduría expone supuesto 'pimponeo' entre ministerios en torno a recursos del Icetex)¿Qué investiga la Procuraduría?La Procuraduría sostuvo que, al parecer, el coronel José Ignacio Vásquez “no habría tenido en cuenta las condiciones de mercado, respecto de posibles sobrecostos; además se busca establecer si no utilizó una modalidad de selección que le haya dado la posibilidad de disminuir el valor final del contrato”.La Segunda Delegada para la Contratación Estatal solicitó información detallada de este caso para determinar las razones que justificaron la elección de la modalidad de licitación pública para el proceso de contratación, considerando que se trataba de adquirir bienes técnicos, uniformes y de uso común.Por último, entre las pruebas recaudadas, el ente de control también se solicitó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales un dictamen pericial para determinar si sucedieron o no los mencionados sobrecostos por parte del general investigado por las autoridades.(Lea también: El exconcejal Juan Carlos Upegui, destituido e inhabilitado por 8 años por la Procuraduría)
El excandidato a la Alcaldía de Medellín y exconcejal Juan Carlos Upegui fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por ocho años. La determinación la tomó la Procuraduría General de la Nación.El argumento de la Procuraduría para inhabilitar a Upegui es que Carlos Alberto Upegui Mejía, padre del exfuncionario, había sido nombrado en el mes de junio de 2023 en el cargo de Rector de la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá, entidad adscrita a la alcaldía de la capital de Antioquia.Además, la Procuraduría aseguró que Upegui "no se inscribió como candidato al Concejo y su designación a la corporación no se dio en virtud de inscripción, si no en virtud de un derecho reconocido en el estatuto de la oposición".(Lea también: Confirman nulidad electoral de Juan Carlos Upegui como concejal de Medellín)“El señor Upegui Vanegas se posesionó pese a encontrarse inhabilitado con lo cual incurrió en la falta disciplinaria gravísima contenida en el artículo 56 de la Ley 1952, utilizando como norma de remisión el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Indicando que el padre del disciplinable el señor Carlos Alberto Upegui Mejía ejercía autoridad administrativa en el municipio de Medellín. La falta imputada fue calificada como gravísima con culpa gravísima”, sostuvo el organismo de control.¿Qué dijo Juan Carlos Upegui?Desde su cuenta de X, el político se refirió a la decisión del ente de control: "La Procuraduría me acaba de inhabilitar 8 años para ejercer cargos públicos por ser hijo de un profesor. Nunca se había producido un fallo así. El uribismo usa esta entidad como una arma política para eliminar sus adversarios. Apelaremos la decisión y seguiremos luchando para recuperar los derechos políticos".El pasado 4 de octubre, el Consejo de Estado, en segunda instancia, había confirmado la nulidad electoral de Juan Carlo Upegui como concejal de Medellín. El fallo dejó en firme que el político tuvo a su papá en una institución educativa, lo cual no se podía hacer previo a una elección popular.El fallo, firmado por Gloria María Gómez, Luis Alberto Álvarez, Pedro Pablo Vanegas y Omar Joaquín Barreto, todos magistrados, confirma que “la sentencia del 3 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la nulidad de la designación de señor Juan Carlos Upegui Vanegas como concejal de Medellín período 2024-2027”.(Lea también: Armando Benedetti habló de su nuevo rol en Gobierno tras reunión con Gustavo Petro y Laura Sarabia)
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) atraviesa un complicado problema, pues según se dio a conocer en los últimos días, este no estaría desembolsando los recursos correspondientes para que los estudiantes de segundo semestre de 2024 puedan llevar a cabo su formación. De hecho, acorde con el testimonio de varios estudiantes, ese problema ha ocasionado que muchos de los jóvenes que se encontraban llevando a cabo sus estudios en el exterior se hayan visto afectados al no poder cancelar el costo de su formación, endeudándose para vivir y poder viajar a diferentes partes del mundo sin recibir respuesta de la entidad. (Vea también: ICETEX condonará intereses en sus créditos: puede participar desde su casa)El Icetex ya se pronunció y explicó que lo anterior se debía a que no les habían autorizado el desembolso de más de 320 mil millones de pesos para cumplir con los créditos educativos.Por la relevancia de esta situación, la Procuraduría envió a un equipo hacia el Ministerio de Hacienda para conocer por qué no se ha presentado este desembolso de dineros al instituto, el cual tiene en riesgo los estudios de cientos de jóvenes que requieren de estos créditos para poder pagar su educación.Las universidades también se han pronunciado al respecto, pues, además de este problema con el desembolso y las deudas que tiene el Icetex con estas instituciones, también hay cierta incertidumbre con respecto al dinero que recibiría este instituto en 2025. Qué dijo la Procuraduría general de la Nación sobre los créditos del IcetexEl ente disciplinario aseguró a través de un comunicado que, luego de haber llevado a cabo la inspección técnica correspondiente en el gabinete mencionado, se evidenció un "‘pimponeo’ existente entre los ministerios de Hacienda y Educación sobre la destinación de los dineros dejando en el medio al ICETEX con incumplimientos de los compromisos asumidos con las entidades educativas". (Lea también: Procuraduría abre indagación a David Racero por presuntas irregularidades en su UTL)"Mientras el Minhacienda asegura que no hay recorte presupuestal para el sector de la educación y que están garantizados para la vigencia 2024 y le tira la pelota a Mineducación, el Icetex, en donde también estuvo un equipo de la Procuraduría, informó que no les han girado aproximadamente 328 mil millones de pesos para cumplir con los pagos a las universidades", dijo la Procuraduría en su comunicado.La Procuraduría afirmó que llevará a cabo los requerimientos necesarios a las carteras de Educación y Hacienda para que se puedan priorizar los recursos que le hacen falta al Icetex en medio de un panorama en el que se pueden ver afectados miles de estudiantes colombianos.
