Sobre las implicaciones jurídicas en el caso de Nicolás y Juan Fernando, hijo y hermano del presidente Gustavo Petro, los expertos aseguran que lo único que podría traer claridad sobre la situación es una investigación de la Fiscalía que sea transparente, oportuna y recolectando todas las pruebas.Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, rinde declaración ante agentes del CTI de la FiscalíaPara los conocedores de temas jurídicos, lo mejor que puede ocurrir ahora es acelerar las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, tanto en las denuncias sobre supuestos sobornos para acceder a la paz total como del presunto ingreso de dineros de sectores ilegales a la campaña presidencial de Gustavo Petro.“Sí, estamos frente a algo que puede ser grave, puede afectar la credibilidad del gobierno, no la responsabilidad personal del presidente, pero sí amerita una investigación pronta, urgente y muy seria por parte de la Fiscalía”, dijo Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general.Políticos y analistas coinciden en que los rumores sobre recepción de dineros del narcotráfico por parte del hermano y el hijo del presidente Petro podrían convertirse en un nuevo proceso 8.000, como se conoció el escándalo que enfrentó el entonces presidente Ernesto Samper, cuando se supo que el Cartel de Cali entregó seis millones de dólares para su campaña política, recursos que, según lo que dijeron las investigaciones en ese momento, no conocía Samper, aunque sí se condenó al exministro Fernando Botero.Sergio Fajardo: Petro “sabe que hay información muy comprometedora” en lo de su hermano e hijo“Esto genera una mancha de duda sobre la legitimidad de la elección del presidente y genera un escándalo, que solamente me parece comparable al proceso 8.000, donde teníamos un presidente cuya campaña había sido financiada por los dineros del narcotráfico”, afirmó la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.Sin embargo, los expertos dicen que, a diferencia del proceso 8.000, hoy se cuenta con herramientas que puedan llevar a una investigación mucho más rápida y expedita.“La Fiscalía tiene una gran oportunidad de darle unas respuestas inmediatas al país, hoy en día incluso hay muchos más elementos técnicos para la investigación de los que había digamos en el proceso 8000”, indicó Alfonso Gómez Méndez.“Una política que tiene que tragar con delincuentes de la peligrosidad y la dimensión como es el narcotráfico y el delito organizado que tanto ha aquejado a Colombia puede haber generado irregularidades, sobornos, dineros calientes que mueven los intereses de los narcotraficantes. De manera que bienvenida la solicitud del presidente de que se investigue y se aclare si las cosas están bien o si por contrario, por desgracia, hubo irregularidades”, expresó Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista.Los juristas coinciden que el pedido del presidente para que se realice la investigación debe arrojar resultados rápidos para evitar que el país siga por la ruta de los rumores que pueden afectar la verdad.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este jueves a la Fiscalía que investigue a su hermano y a su hijo mayor por supuestas reuniones no autorizadas con grupos criminales. Según algunas versiones, estarían haciéndose pasar por miembros del Gobierno para dar beneficios, todo esto en el marco de la llamada paz total.Puede leer: Gobierno buscará estatus político para la Segunda Marquetalia y las disidencias de ‘Iván Mordisco’De acuerdo con el mandatario, al llegar a la Presidencia hizo un "compromiso con los colombianos y colombianas" y debe ser "leal al voto" depositado. Por ello, y según la "información que se rumorea en la opinión pública", pidió al fiscal general "adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades" sobre su hermano Juan Fernando Petro y su hijo Nicolás Petro.También en las últimas horas se conocieron declaraciones de la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, sobre el presunto ingreso de dineros del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el hombre Marlboro, para la campaña presidencial de Gustavo Petro que sin embargo nunca habrían llegado a ese destino.Day Vásquez aseguró en una entrevista con la revista Semana que el hombre Marlboro le entregó al hijo de Petro, diputado en la Asamblea del departamento caribeño del Atlántico (norte), "más de 600 millones de pesos (unos 124.700 dólares de hoy) para la campaña del papá". La mujer agregó que ese dinero “nunca llegó a la campaña”.También vea: Abogados de extraditables critican ley de sometimiento: “Es más garantía negociar en Estados Unidos”Centro Democrático reacciona al escándaloEn entrevista con Noticias Caracol, la senadora Paloma Valencia fue enfática: “Es sumamente grave”.Y añadió: “Ya Colombia tenía una experiencia de que los narcos financiaran campañas. Eso sucedió en el proceso 8.000. Estamos viendo el pago de los narcos en cuantiosas sumas con un agravante, en la ley de sometimiento hay un parágrafo para liberar a los narcos. La ley de paz total empieza a tener un propósito de pagar favores políticos”.“Esto genera una mancha de duda sobre la legitimidad de este gobierno. Solo me parece comparable al proceso 8.000”, agregó la congresista Paloma Valencia.Lea, además: “El éxito del cese al fuego dependerá de los mecanismos de verificación”, dicen expertos“Es miserable que pase esto”, dice el senador Ariel ÁvilaAnte la gravedad de los señalamientos contra Juan Fernando y Nicolás Petro, hasta la propia coalición de gobierno mostró su preocupación“Esto es un daño demoledor a las políticas progresistas”, indicó el senador Ariel Ávila.“¿Que hay que hacer? Frente al proceso de paz total nombrar un equipo negociador para quitar cualquier manto de duda. Segundo, que el alto comisionado decida si es asistente técnico de los procesos o negociador, pero ambas cosas no las puede hacer. Lo tercero, que se apruebe la ley con las modificaciones que crea el Congreso para que las reglas estén claras”, expresó.“Desde el gobierno Santos somos muchos lo que les hemos puesto el pecho tema a la paz porque creemos que en este país debemos dejar de matarnos y que pase esto es muy miserable. Si se tienen que ir a la cárcel, pues que se pudran en la cárcel”, indicó el senador Ávila.
Herman Rincón y Óscar Toro explicaron que la Fiscalía tenía como objeto fortalecer investigaciones contra el Cartel de Cali y no tumbar al expresidente Samper.
Muchos consideran que fue él quien enfrentó la tormenta política del proceso 8000. Aquí sus memorias.
Pastrana, Valdivieso y Myles Frechette hicieron tambalear al gobierno de Samper. Dicen que el expresidente sí conocía de los dineros del Cartel de Cali.
Conversaciones entre el periodista Alberto Giraldo y Miguel Rodríguez Orejuela fueron el detonante de uno de los mayores escándalos políticos del país.
El exmandatario respondió a los cuestionamientos que aún sobre él rondan por la entrada de plata del Cartel de Cali en su campaña a la Presidencia.
Dice que actuó correctamente y que jamás recibió dinero por su decisión. Aunque ahora vive retirado en Lorica, asegura que no escribirá un libro.
Los Rodríguez temían que, con su caída, Estados Unidos interviniera para llevárselos. Sobornaron a congresistas para “comprar el juicio”, dice.
Osuna, Betto, Grosso, Palosa y Alfín fueron algunas de las plumas que inmortalizaron el símbolo del escándalo político hace 20 años.
