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Noticias Caracol Ministerio de Justicia

Ministerio de Justicia

  • “No vamos a insistir en el debate parlamentario en que se vuelvan a incluir”, garantizó el ministro de Justicia. Sin embargo, otros puntos del proyecto de humanización de penas siguen levantando ampolla, como las facultades especiales que tendría el presidente.

  • Las altas cortes volvieron a hacer un llamado al "respecto irrestricto" de la autonomía judicial y pidieron que las diferencias se resuelvan por canales institucionales.

  • Esta semana está previsto que se radique la ponencia del proyecto de ley de sometimiento que ha generado polémica y debates con instituciones como la Fiscalía General de la Nación.

  • El fiscal Francisco Barbosa aseguró que dicho ministerio se convirtió en un obstáculo para la puesta en marcha de la justicia restaurativa. El ministro Néstor Osuna le salió al paso a esos señalamientos.

  • Según el fiscal general, el presidente Gustavo Petro “quiere que se resuelvan las cosas rápido en el marco de la justicia restaurativa y hoy tenemos un bloqueo del Ministerio de Justicia frente a este manual”.

  • Aclaró que “casi todos los gobiernos han tenido esta clase de ofrecimientos” y los considera "necesarios". Iván Cepeda también explicó por qué el comisionado de Paz fue citado a un debate de control político.

  • No solo cuestionan las bajas penas que pagarían los narcotraficantes con la ley de sometimiento, sino que esta, dicen, les “permite la legitimación de la propiedad ilícitamente adquirida”.

  • Néstor Osuna aseguró que los reparos a la ley de sometimiento hechos por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, fueron tenidos en cuenta para radicar el articulado.

  • Dicen que examinarán detenidamente el contenido de los siete capítulos y 63 artículos que tiene el proyecto de ley de sometimiento ante posibles micos que beneficiarían a las mafias provenientes del narcotráfico.

  • El proyecto de humanización de cárceles dejaría por fuera la inasistencia alimentaria del ordenamiento penal, propuesta que ha sido rechazada por organizaciones de mujeres y el fiscal general.