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Señalaron que esperaban ver a "los ministros, al menos a los viceministros", pues, "si están comprometidos con la aplicación del acuerdo" de paz con las FARC, debían estar ahí para las víctimas.
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El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien vuelve al país en calidad de deportado, cumplirá funciones de gestor de paz, luego de su nombramiento por parte del presidente Gustavo Petro.
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Tras la reunión con el mandatario Gustavo Petro, los embajadores de la ONU también se encontraron con el presidente de la JEP, Roberto Vidal, para hablar sobre avances en verdad, justicia y reparación en la implementación del acuerdo de paz.
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Roberto Vidal, presidente de la JEP, recalcó que los acuerdos de paz con las extintas FARC "fueron incorporados a la Constitución. Eso es lo que obedece la Jurisdicción Especial para la Paz".
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La JEP se pronunció contundentemente luego de que firmantes de paz de las extintas FARC le enviaran al presidente Gustavo Petro una misiva en la que se quejaban de decisiones del alto tribunal: "Quienes incumplan perderán beneficios".
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Manuel Cristopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y quien hoy está en exilio, dio detalles del rol que cumplió Piedad Córdoba en Venezuela: "Ella se vendió como una persona muy cercana que podía ser bisagra entre Chávez y el Gobierno colombiano".
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"Sus vínculos con los integrantes de las FARC propiciaron los tiempos en los cuales se debía dejar en libertad a quienes estábamos como rehenes", afirmó el oficial. Entretanto, otras víctimas de secuestro agradecieron lo que Piedad Córdoba hizo para su liberación.
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Las disidencias de las FARC dijeron que los hechos los cometieron personas no autorizadas y se tomarán correctivos. Esto sucedió justo cuando concluye el tercer ciclo de negociaciones con el Gobierno nacional y se conoce un nuevo acuerdo entre las partes.
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Familiares del joven aseguraron sentir un "descanso", pues ahora podrán llevarle una rosa a su tumba. De los 47 cuerpos recuperados por la JEP en el cementerio de la Unión Peneya, Caquetá, se ha logrado determinar que cuatro eran menores de edad reclutados forzosamente.
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El Consejo de Estado echó para atrás una condena que se había proferido contra la nación tras el atentado al club El Nogal que se perpetró el 7 de febrero de 2003 por parte de las extintas FARC.