La Defensoría del Pueblo denunció que, sin que aún termine el primer mes de 2025, ya se superó el número de desplazados reportados en todo 2024. Durante ese año, por lo menos 25.611 personas tuvieron que salir de sus hogares, mientras que en lo que va de enero ya se han reportado más de 40 mil por la guerra en el Catatumbo.(Lea también: ¿Qué facultades tiene el presidente Gustavo Petro con el estado de conmoción interior?)“Puede ser el desplazamiento forzado masivo más grande causado en un solo evento desde que se tiene registro institucional de desplazamiento en Colombia (1997)”, señaló la defensora del Pueblo, Iris Marín.“Antes de terminar el primer mes del año se superó el número de personas afectadas por desplazamientos masivos en todo 2024”, recalcó, aclarando que ese año hubo “una disminución respecto de 2023, cuando se habían presentado 154 eventos de desplazamiento masivo que había afectado a 54.665 personas”.(Lea también: "Si no paramos la guerra, no habrá pueblo que defender": obispo de Tibú sobre situación en Catatumbo)“Estas guerras son de años”, dicen habitantes del CatatumboLos civiles en Catatumbo transitan en carros con banderas blancas amarradas, como gesto de paz y única protección. Al filo de la montaña se extienden los cultivos de hoja de coca, el principal componente de la cocaína y manzana de la discordia entre disidentes de las FARC y el ELN, la organización rebelde más vieja de América.Los habitantes anticipan un sufrimiento prolongado en esta región indómita de 11.000 kilómetros cuadrados: "Estas guerras son de años", lamenta Luz Franco, comerciante de una tienda de víveres, de 44 años.El pasado 16 de enero revivió el fantasma de las peores épocas del conflicto armado colombiano. Franco puso seguro a la puerta de su casa y esperó el fin de los disparos junto a su esposo y sus hijos de 15 y 10 años. "Se veía la entrada del grupo (guerrillero) al pueblo", dice en su negocio."Todo el pueblo se encerró ese día, todo el mundo iba buscando resguardo de un lado a otro (...) Nos encerramos, a esperar (...) No sabíamos qué pasaba en ese momento", añade.Corrían rumores sobre las crecientes tensiones entre el ELN y las disidencias que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, pero el ataque fue sorpresivo. La guerrilla movilizó durante días cientos de combatientes desde el cercano departamento de Arauca sin ser detectados por la inteligencia. Las tropas asentadas en Catatumbo se engrosaron y no tuvieron compasión.(Lea también: ¿Venezuela o Arauca? Las hipótesis sobre cómo el ELN movilizó sus filas para asediar el Catatumbo)Según el Ejército y organizaciones sociales, los rebeldes ejecutaron una operación de cacería, en la que sus víctimas eran buscadas con "lista en mano", acusándolas de ser afines a las disidencias. Entre los fallecidos hay un bebé, dos menores, disidentes y firmantes de la paz acusados de colaborarles.La dueña de un restaurante, atemorizada de hablar ante las cámaras, cuenta que su esposo fue retenido durante cuatro días hasta que fue liberado. Ahora el hombre no sale de su casa y sufre las secuelas psicológicas, asegura la mujer. Estos ataques criminales han generado que miles hayan salido desplazados de sus hogares y otros permanecen confinados.Conmoción interior en Catatumbo"Estamos en un momento de crisis (...) Esta es una situación que no se esperaba", sostiene Édgar Guerrero, de 34 años y líder comunitario de El Aserrío, un caserío anclado en el Catatumbo.El activista critica lo que considera una promesa incumplida por el Gobierno de Gustavo Petro, que se suponía iba a priorizar esta región para implementar el proceso de paz que desarmó a las FARC en 2017 y que pretendía llevar desarrollo a los lugares más afectados por la guerra.Sin embargo, el ELN envolvió las casas de Catatumbo en afiches alusivos a sus 60 años de levantamiento armado, mientras que las disidencias exaltan imágenes de los antiguos comandantes barbudos de las FARC y otras figuras como el Che Guevara.El presidente Petro calificó la cifra de fallecidos y el éxodo de desplazados como "uno de los hechos más dramáticos" de "la historia contemporánea de Colombia", suspendió las negociaciones de paz con el ELN y declaró el Catatumbo y otras regiones conflictivas en conmoción interior.(Lea también: Este es el decreto de estado de conmoción interior del Gobierno por la situación del Catatumbo)Ahora el mandatario considera a los rebeldes un "cuerpo armado dominado por la codicia", "señores de la guerra y asesinos en masa".Subiendo la montaña, los niños de la comunidad La Cecilia pintaron una tela con el mensaje "QUEREMOS PAZ", que ahora ondea en la calle.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, informó que la cifra de desplazados en el Catatumbo supera las 36.000, “según la información del Comité Territorial de Justicia Transicional ampliado de Norte de Santander”.Antes de revelar esta cifra, la defensora habló con Noticias Caracol en vivo y dijo que “tristemente era esperable que este número fuera subiendo y casi que es una buena noticia porque lo que pasó en los primeros días de esta situación en el Catatumbo era un confinamiento generalizado, la gente no podía salir a pesar de que quería huir”.(Lea también: Gustavo Petro reconoce "un fracaso de la nación" ante la ola de violencia en el Catatumbo)"Hay muchas personas muertas en las vías"Así mismo, la defensora se refirió a las víctimas fatales que ha dejado esta situación de orden público: “El reporte que tenemos de Medicina Legal es 35 cuerpos, de los cuales 33 ya han sido identificados y están siendo entregados a sus familias. Sin embargo, se habla de 60 personas muertas, la gobernación habla de 80 personas muertas; esta información, aunque no se puede comprobar es una información que es creíble porque muchas de las fuentes, inclusive las personas que están llegando de la región, los personeros, los alcaldes las personas que han podido ingresar y hacer presencia, dan cuenta de que hay muchas personas muertas en las vías, a veces en sus casas, y que además las familias tienen el problema de que al no dárseles el trato propio de una persona que ha muerto, pues empiezan a presentar problemas sanitarios, pero realmente esa cifra no la conoceremos a ciencia cierta hasta que no se pueda pues entrar completamente a las zonas y extraer todos los cadáveres”.Por ahora, se ha confirmado la muerte de seis firmantes de paz y once desaparecidos, precisó.(Lea también: Fiscalía reactiva las órdenes de captura contra 31 miembros del ELN tras ataques en el Catatumbo)¿Qué dice defensora sobre el estado de conmoción interior?“Quisiera insistir es que no es necesario esperar a una conmoción interior para responder a la situación, como de hecho ahorita se está haciendo”, señaló, subrayando que las medidas en el Catatumbo “se debieron haber incrementado inclusive desde tiempo atrás y por lo menos desde noviembre, que se emitió la alerta temprana 026 de inminencia del 2024, en la que ya se pedían acciones más concretas de despliegue territorial de la fuerza pública como la que se está haciendo hoy”.“No nos constan las medidas que haya tomado el Gobierno extraordinarias para responder a esa alerta”, agregó sobre el tema.Situación de desplazados en CatatumboYoselyn Quintero, una de las 36.000 desplazadas en Catatumbo, le dijo a Noticias Caracol que les mandaron desalojar la zona: “Nos dieron 24 horas para desocupar, aquellos que no pudieron salir les dieron 48 horas”.“No traje nada, me vine solo con la ropa de la casa, no saqué nada, dejé todo botado allá”, manifestó en medio del dolor y la incertidumbre de tener que salir de su hogar pese a que “nosotros no le debemos a nadie y tenemos que salir huyendo como si fuéramos unos delincuentes de allá”.
La crisis humanitaria en el Catatumbo por cuenta de la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC, que hasta el momento ya deja miles de desplazados, se agudiza con el pasar de las horas.Iris Marín, defensora del Pueblo, recibió una carta firmada por cerca de 95 organizaciones sociales del Catatumbo, en la que hacen un llamado a estos dos grupos armados: ELN y las disidencias de las FARC, además, al Gobierno nacional, para buscar el camino de la paz en el territorio. En el documento, les exigen a los actores armados el respeto por los liderazgos sociales.Esta misiva le fue entregada a la funcionaria en medio de una reunión que se llevó a cabo el pasado 19 de enero de 2025 en el Catatumbo con líderes sociales y organizaciones para abordar la crisis humanitaria que se está presentando.“La preocupación de los líderes de las organizaciones sociales del Catatumbo es la situación de crisis extrema en la que se encuentran varios municipios del departamento y piden a los grupos armados, tanto al ELN como el llamado Frente 33 del Estado Mayor, que es respetar integralmente el Derecho Internacional Humanitario (DIH); cesar todos aquellos ataques que están adelantando contra la población civil y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria y la extracción de las personas que se encuentran en riesgo”, explicó Iris Marín, defensora del Pueblo, sobre la petición de las organizaciones sociales.El drama de las familias que han sido desplazadas de sus territorios y los civiles que han muerto en medio de los enfrentamientos es la cara real de la guerra en el Catatumbo.Así lo recalcó la funcionaria: “Los hechos principales son homicidios, desplazamiento forzado, confinamiento, secuestro, falta de acceso a ayuda humanitaria y especialmente a medios de subsistencia, pues empieza a haber escasez de alimentos y falta de acceso a salud. Al menos 11.000 personas estarían desplazadas, por lo menos en Ocaña, en Cúcuta y en Tibú. Tenemos reportes de autoridades de 2.500 personas que se encuentran desplazadas en Tibú. En Ocaña hay alrededor de cinco; ayer iban a habilitar un sexto albergue, incluyendo el coliseo; y tenemos un censo de más de 2.200 familias que podrían equivaler, en unos cálculos muy conservadores, a más de 4.500 personas. También tenemos más de 5.000 personas en Cúcuta”.Estas cifras continúan aumentando, pues siguen llegando más familias desplazadas por la violencia del Catatumbo. “Las personas que llegan desplazadas es porque lograron huir, es decir que, en medio de todo, lograron proteger su vida y llegar a un lugar seguro, aunque se encuentran en situación humanitaria de mucha gravedad y de necesidades de protección. Muchas otras continúan confinadas en varios municipios del Catatumbo”, indicó Marín."Los grupos armados han llegado casa a casa": defensora del PuebloLa situación en El Tarra, Convención, Tibú, Teorama, Hacarí y Ábrego es de extrema violencia, pues según la defensora del Pueblo, “los grupos armados han llegado casa a casa buscando a las personas que consideran que pertenecen al otro grupo, particularmente al ELN, que pertenecen al Frente 33, extraen a las personas, las asesinan y quienes han logrado saber que las están buscando para asesinarlas, pues huyen a las montañas o se refugian en lugares seguros”.Marín dejó en claro que “la Defensoría del Pueblo no tiene la obligación directa de garantizar la atención humanitaria, ni tampoco la seguridad en la zona. Nuestra función es el acompañamiento humanitario, principalmente a las poblaciones, y acompañar el rol del Gobierno nacional y de los gobiernos territoriales, quienes son los encargados de prestar la atención humanitaria y garantizar la seguridad. También hacemos monitoreo para ver en dónde hay falencias para poder colaborar y advertir las situaciones que requieren una atención urgente”.
Un reciente reporte que dio a conocer la Defensoría del Pueblo, basándose en el monitoreo "de conformidad con la información recogida en espacios de coordinación interinstitucional sobre la situación en el Catatumbo", ha revelado las cifras de muertos, desplazados y secuestrados que, hasta el momento, habría dejado la grave situación que sigue atemorizando a los habitantes de esta parte del país. Acorde con la información revelada por el ente institucional, "alrededor de 60 personas han muerto de manera violenta" en los municipios de Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú. Del total de asesinados, explica la Defensoría, siete eran firmantes de paz y uno era el líder social Carmelo Guerrero de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT). (Lea también: La economía ilícita en el Catatumbo: ¿qué se disputan en esa zona los grupos armados ilegales?)La aguda situación que se presenta en esta región de Colombia ha conllevado a que varios de los municipios afectados registren confinamientos. Es tal el miedo que viven algunas familias que muchas de ellas han optado por abandonar sus viviendas. En algunos casos, afirma el ente público, las víctimas han intentado buscar refugio en las montañas mientras reciben auxilio. Según el monitoreo de la Defensoría del Pueblo, y de conformidad con la información recogida en espacios de coordinación interinstitucional sobre la situación en el Catatumbo, se cuenta con el reporte que se presenta a continuación. La información puede variar en verificaciones…— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 19, 2025 Violencia en Catatumbo: comunidades indígenas reportan riesgo de desplazamientoLa misma Defensoría asegura que la Asociación de Comunidades y Caciques del pueblo Yukpa de Norte de Santander (Yukpaojetaw), ha reportado riesgo de desplazamientos en las siguientes comunidades: Yukpa Tayaya (San Pablo, Teorama): 126 personas en riesgo.Centro piloto Karacha (casco urbano de Tibú): 180 personas en riesgo y 5 ya huyeron hacia Venezuela.Comunidades Ucha Petajpo y Manüracha (Cúcuta): 325 personas en riesgo. En esta línea de víctimas de desplazamiento forzado, la entidad del Estado advierte que municipios como Ocaña han recibido 850 familias; Tibú registra la llegada de 2.500 personas de zonas rurales; de Ábrego han salido huyendo 37 familias; en El Tarra han llegado 68 personas desplazadas a un albergue y la comunidad indígena Barí Irocobingkayra se desplazó al resguardo de La Gabarra a manera de prevención.Adicionalmente, la Cancillería registró que, con base en datos de la embajada en Caracas, a Zulia (Venezuela) han llegado "al menos 60 personas" provenientes de estos territorios de Colombia. Violencia en el Catatumbo: este sería el número de secuestrados, según la Defensoría del PuebloLa Defensoría, adicionalmente, habla del secuestro reciente de 3 firmantes de paz en Convención y Teorama. En la misma zona del Catatumbo, además, la entidad registró el secuestro de 20 personas el pasado jueves 16 de enero, 10 de ellas mujeres.Otros 12 habitantes de municipios del Catatumbo también habrían sido secuestradas "extorsivamente para obtener dinero" en los últimos días, tal como lo explica el organismo del ministerio público. En los municipios que integran esta región se han suspendido actividades económicas, clases escolares y otros trabajos de subsistencia, por lo que, explica la entidad estatal en su reporte, "en algunas comunidades de la región se empieza a reportar escasez de alimentos".Debe tenerse en cuenta, acorde con el mismo organismo estatal, que las cifras previamente expuestas "pueden variar en verificaciones posteriores". La Defensoría hizo un llamado a las entidades territoriales y al Gobierno nacional para garantizar la atención de las personas que se han visto afectadas en este contexto. De la misma manera, solicitó que se habiliten las condiciones para permitir el ingreso de las autoridades, con el fin de atender a la población. "A los grupos armados, y particularmente al ELN, permitir el acceso a la atención humanitaria y cesar todo ataque contra la población civil", escribió la Defensoría del Pueblo al finalizar su reporte.
En medio de la controversia dentro de la cúpula del Gobierno Nacional por la nueva llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño, la defensora del Pueblo, Iris Marín, le solicitó al presidente Gustavo Petro que se abstenga de nombrar al exembajador de la FAO en algún cargo público, debido a denuncias de violencia de género.“El 25 de noviembre, Día Internacional Para la eliminación de la violencia contra las mujeres, el señor Benedetti anunció que se vincularía al Gobierno de Colombia como asesor en Palacio de Nariño. Dicha información no ha sido corroborada por la Casa de Nariño. Si fuera cierto, ¿qué mensaje se enviaría al país?", indicó por medio de un video. (Lea también: El avispero en la cúpula del petrismo por la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño).La funcionaria recordó la denuncia de Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien afirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recibió ataques, insultos y amenazas por parte del exdiplomático Benedetti cuando fue nombrada como jefe de gabinete del Gobierno Petro."'Usted está allá por mí', 'nadie te iba a pasar al teléfono si no hubieras trabajado conmigo', 'ahora sí te amenazo, después de todo lo que yo hice por usted', 'deja de ser tan imbécil', 'estás en una ingenuidad y una inexperiencia'. Estas frases, dirigidas por el señor Armando Benedetti a una alta funcionaria del gobierno, son frases a las que se enfrentan las mujeres cuando acceden a cargos de poder", dijo Marín. La defensora añadió que la Cancillería fue notificada de una investigación de presunta violencia contra la mujer en la cual la pareja de Benedetti "sostuvo que él había tomado un cuchillo y la había amenazado, cortándole la ropa. Él, según los medios, habría invocado su situación diplomática para evitar la detención". Indicó la funcionaria, además, que el año pasado se registraron 517 feminicidios en Colombia, mientras que en 2024, con corte a septiembre, ya la cifra va en 660. "El machismo es violento y mata, no es un juego. No es un asunto explicable por el abuso de drogas o el alcohol", indicó, haciendo referencia a una recientes declaraciones de Benedetti en las que afirma que está en un proceso de rehabilitación por el consumo de sustancias. Finalmente, Iris Marín indicó que el hecho de que el exembajador de la FAO llegue a un cargo público "alienta una cultura machista, es tolerante con la violencia contra la mujer, alimenta las creencias de nuestra sociedad según las cuales se sigue considerando que la violencia contra las mujeres un asunto privado, como si la violencia contra las mujeres no fuera un asunto de máximo interés público". (Lea también: Armando Benedetti no seguirá en la FAO, volverá a Colombia y asesorará al gobierno Petro).Críticas por la llegada de Armando Benedetti a la Casa de NariñoLa llegada como asesor presidencial de Benedetti causó desconcierto entre los funcionarios del presidente Petro, tales como Gustavo Bolívar, director del DPS; Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo; Alexander López, director del DPN; Iván Velásquez, ministro de Defensa; Daniel Rojas, ministro de Educación; Andrés Camacho, ministro de Minas; Francia Márquez, vicepresidenta de la República; entre otros. Cabe recordar que Benedetti ha protagonizado varios de los escándalos del actual gobierno. Por ejemplo, es investigado por la Fiscalía luego de que se conocieron unas grabaciones en las que mencionó haber obtenido una millonaria suma de dinero para, presuntamente, obtener votos a favor de Petro durante la campaña presidencial. “Hay un respeto a las decisiones que él (Gustavo Petro) toma. Sin embargo, hay dudas sobre el papel y sobre lo que implica la llegada de Armando Benedetti al Gobierno", indicó la senadora por el Pacto Histórico María José Pizarro.Por su parte, el senador por la Alianza Verde Ariel Ávila señaló: "Creo que es una vergüenza que el presidente Petro nombre a Armando Benedetti con todos los problemas que tiene, tanto de acusaciones muy complicadas sobre su comportamiento personal, como en su comportamiento público”.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se pronunció luego de que el presidente Gustavo Petro nombrara a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz con el objetivo de que aportaran "al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales".>>> Lea, además: Mario Uribe no ha abandonado apartamento en Medellín destinado a víctimas de paramilitaresMarín aseguró, a través de un comunicado de la Defensoría del Pueblo, que entre los recién nombrados se encuentran "máximos responsables de los crímenes cometidos por el paramilitarismo, como crímenes de guerra y de lesa humanidad condenables, no solo en el ámbito interno sino en el internacional".Adicionalmente, la defensora aseguró que, pese a las intenciones del presidente, muchos de los paramilitares que en su momento se acogieron a alternativas similares como Justicia y Paz no cumplieron con sus compromisos y tuvieron que ser excluidos por seguir delinquiendo."¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Por qué llamar hoy gestores de paz a quienes han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber reincidido? ¿Qué mensaje les enviamos hoy a quienes están cometiendo delitos de gravedad comparables a los que ellos cometieron en el pasado?", cuestionó la funcionaria.>>> Puede interesarle: Francisco Barbosa tras críticas del presidente: “Las infamias de Petro no tienen límites"Presidente Petro responde a cuestionamientos de defensora del Pueblo sobre exparamilitaresFrente a las críticas de la defensora Iris Marín, el jefe de Estado expresó a través de su cuenta de X que "cuando decidimos escoger gestor de paz, para finiquitar el proceso de paz hecho por el expresidente Uribe con los paramilitares, proceso que la Corte Constitucional quiso que se diera en términos de verdad, reparación a las víctimas, justicia y no repetición; no estamos otorgando ningún tipo de beneficio jurídico. Solo hemos dado una condición a unas personas que han sido determinantes del paramilitarismo y pueden ayudar a cerrar el proceso iniciado en el periodo del gobierno de Uribe"."En esto, la verdad y la reparación genuina de las víctimas es fundamental, dado que en el proceso institucional se perdieron muchos inmuebles y aún falta espacios de verdad. En este caso, gestores de paz, como dice el decreto, no otorga beneficios jurídicos, solo disposición de la persona a ser constructores de paz. No es un beneficio jurídico lo que se otorga, ni un día más ni un día menos de cárcel. Ser gestor de paz es una condición del ser humano, no un regalo; quien acepta esta condición, está dispuesto a resarcir las víctimas y a las garantías de no repetición", añadió el mandatario.Para prevenir las reincidencias de estas personas, una vez nombradas gestoras de paz, la defensora hizo las siguientes aclaraciones: El reconocimiento como gestores de paz no modifica la situación jurídica de quienes lo obtienen y tampoco les da beneficios judiciales, por lo que los recién nombrados deben seguir cumpliendo sus penas para que "una decisión del Gobierno no deshaga lo que la justicia ha logrado", según dijo Marín.La gestoría se debe basar en un plan de trabajo preciso y de conocimiento público. Con esta condición, el monitoreo para verificar que los nombrados estén cumpliendo con sus funciones podrá hacerse de manera constante.Quienes hayan sido nombrados como gestores de paz deben reconocer su responsabilidad y tener en cuenta que su labor no consiste en ayudar sino, más bien, en reconstruir y responder por los daños que les causaron a las víctimas.¿Quiénes serán los exjefes paramilitares gestores de paz?Ramón Maria Isaza Arango.Arnubio Triana Mahecha.Héctor José Buitrago Rodriguez.Ramiro Vanoy Murillo.Hernán Giraldo Serna.Luis Eduardo Cifuentes Galindo.Manuel de Jesus Pirabán.Juan Francisco Prada Márquez.José Baldomero Linares Moreno.Salvatore Mancuso Gómez.Carlos Mario Jiménez Naranjo.Diego Fernando Murillo Bejarano.Hebert Veloza García.Rodrigo Tovar Pupo.Rodrigo Pérez Alzate.Fredy Rendón Herrera.Edwar Cobos Téllez.Héctor Germán Buitrago Parada.
Muchas han sido las críticas y opiniones negativas que han surgido tras la canción +57, en la cual participaron artistas colombianos como Karol G, Maluma, J Balvin, Blessd, Feid, Ryan Castro, Dfzm y Ovy on the Drums. En las últimas horas, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, envió una dura carta a los cantantes.En el documento, la funcionaria señaló que la canción "no es constructiva" y está trasmitiendo al mundo una idea errónea sobre Colombia. En diálogo con Noticias Caracol en vivo, Marín dio más detalles sobre su posición respecto a la canción.Defensora del Pueblo invita a Karol G, Maluma y otros artistas a utilizar mejor su vozIris Marín Ortiz resaltó que, más allá de criticar o hablar de moral, con su carta lo que quiso fue "abrir el diálogo que podemos hacer a partir de nuestra cultura y lo que expresan las canciones".Según la interpretación de la defensora del Pueblo, "esta canción nos pretende englobar que cuando se llama a Colombia o cuando uno marca a un teléfono en Colombia va a llegar a un contexto como este, marcado por el exceso de consumo de drogas y de alcohol, donde hay una niña de tan solo 14 años que se siente deseada, mamacita, por parte de hombres mayores y que, a pesar de que tiene dueño, sale y se escapa de él".La funcionaria detalló que, desafortunadamente, esa es una realidad que se vive en ciudades del país y no es culpa de los artistas; sin embargo, "este es un llamado a la reflexión respecto a qué tipo de cultura estamos reproduciendo".Agregó que, aunque para muchos la polémica formada por la canción sea "exagerada", se debe tener en cuenta que "en realidad es una cultura de explotación sexual infantil, porque la mayoría de dictámenes de Medicina Legal y las investigaciones de la Fiscalía por violencia sexual son por hechos dirigidos contra niños y niñas, y la mayoría contra niñas y adolescentes mujeres. Estamos en un contexto en el que, en Medellín y otras ciudades de Colombia, muchas de las personas extranjeras vienen con la idea de que con su moneda van a poder comprar no solo drogas y alcohol, sino también los cuerpos y servicios sexuales de mujeres, y de niñas en condición de explotación sexual".Según la Defensora del Pueblo, al tener en cuenta ese contexto, "la fiesta y el chiste empieza a no ser tan divertido y se convierte en una tragedia que viven muchas niñas que no estamos protegiendo adecuadamente y terminan en redes de explotación sexual".Iris Marín Ortiz también rescató que los artistas en cuestión "son personas admiradas. Karol G en muchos aspectos es una chica líder de valores positivos para la sociedad. Maluma es adorado por millones, seguido por más de 60 millones en Instagram; inauguró el mundial de fútbol masculino en Qatar. Karol G llenó el Bernabéu cuatro veces. Entonces, hacemos un llamado a que su voz poderosa, escuchada, seguida por jóvenes, adultos, niños y niñas, sea una voz que reflexione respeto de la cultura y puedan más bien hacer una canción que llame a un buen futuro para los niños".Resaltó también que no le parece un problema exclusivo del género urbano. "El reguetón creo que es una muestra de la cultura latina que nos ha posicionado internacionalmente, que nos invita al disfrute y habla también de esa cultura popular que muchas veces es discriminada por unas culturas supuestamente más cultas y educadas. No creo que sea un problema del reguetón. Hoy estamos cuestionando una canción de reguetón, pero también hay muchas canciones de rock, música popular, música de Navidad que son sumamente machistas".
El 7 de noviembre de 2024, el reguetón colombiano fue testigo del lanzamiento de una colaboración titulada +57. Esta canción, que toma su nombre del código telefónico internacional de Colombia, reúne a algunos de los artistas más influyentes del género urbano en el país. Desde su lanzamiento, el tema ha generado una ola de reacciones mixtas, con elogios por la unión de talentos y críticas severas por ciertos aspectos de su contenido.La canción fue lanzada en plataformas digitales y rápidamente se convirtió en un tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación. La expectativa era alta, ya que "+57" prometía ser un himno que celebraría la cultura y el talento colombiano en el reguetón. Sin embargo, la recepción no fue del todo positiva. Desde el primer día, la canción ha estado en el centro de una polémica debido a algunas de sus letras, que muchos consideran inapropiadas y ofensivas.>>> Lea, además: Fariana se despachó contra Karol G y dijo por qué no participó en la canción +57¿Quiénes colaboran en +57?La canción es una colaboración entre varios artistas destacados del reguetón colombiano. Entre ellos se encuentran Karol G, Maluma, Feid, J Balvin, Blessd, Ryan Castro y DFZM. La producción estuvo a cargo de Ovy On The Drums, un reconocido productor que ha trabajado con numerosos artistas de renombre en la industria musical.Las frases de +57 que han desatado críticasUna de las estrofas que más ha generado polémica en redes sociales es la siguiente: "Una mamacita desde los fourteen (14 años) entra a la disco y se le siente el ki. Mami, estos shots yo me los doy por ti. Eso, allá atrás, está gigante, delicaíto, cógelo, que aguante"."Ella tiene todos los códigos (oh). Escucha 2Pac y ese culito es notorio Le echo en el abdomen la cremita de Oreo. Para gastarle en el tubo (chin-chin), no la cartelean ni en el Q'hubo", es otra de las estrofas que más generaron críticas.Defensora del Pueblo rechaza canción +57La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se pronunció sobre el contenido de la canción, destacando su preocupación por los mensajes que transmite.Iris Marín Ortiz envió una carta a los artistas involucrados en la canción. En su escrito, la funcionaria expresó que la canción “no es constructiva y está sometida a un esquema machista y violento". La defensora del Pueblo criticó duramente las letras de la canción, señalando que reproducen patrones de comportamiento que perpetúan la violencia y el machismo.Marín Ortiz destacó que, aunque el reguetón es una expresión cultural válida y ha permitido abordar temas importantes como la sexualidad y las protestas sociales, la canción '+57' no contribuye de manera positiva. En su carta, afirmó: “La canción que escribieron y difundieron en días pasados, cuyo nombre pareciera englobar a Colombia, reproduce una forma de ver la vida y de vivir la fiesta que no solo no es constructiva, sino que simula una liberación que en realidad está sometida a un esquema machista y violento”.El presidente Gustavo Petro y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también se sumaron al rechazo a la letra del sencillo. El mandatario señaló que "está bien el debate cultural. Hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios. Es gravísimo que a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de violación se sigan tocando libremente en las canciones temas como la sexualización a menores".Añadió: "La cultura es un campo de combate y el arte es para el pueblo".Por su parte, el ICBF dijo lo siguiente: "Rechazo a la canción +57 y lamentamos que talentos de nuestro país promuevan contenidos que fomentan el sexualismo a temprana edad. Es momento de dejar de normalizar música que no contribuye al crecimiento positivo de los adolescentes".Además, Astrid Cáceres, directora del ICBF hizo un fuerte llamado de atención a dos de los artistas que colaboraron con el tema: "Les invito a que conozcan las horrorosas historias de explotación sexual, violación y asesinato de niñas de 14 años y menos en Medellín, las historias de las sobrevivientes y lo que corean en rumba las expone o las protege. No hay mercado que justifique esta letra".>>> Puede leer: Presidente Petro opina en medio de debate por canción '+57': "Hay una confrontación cultural"
En la posesión de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, el presidente Gustavo Petro se refirió a su ausencia en las reuniones afirmando que se sentía triste y que no se sentía muy bien, luego de que su hija menor, se fuera de la casa. "Ahora me toca vivirlo en estos dos días que hemos pasado aquí en medio del luto, porque mi última hija se va, no me atreví a realizar actos públicos ayer, incumplí gobernadora, a uno que era muy importante, pero no tenía mucho la fuerza para pararme delante de un auditorio cuando mi corazón estaba llorando", fueron las palabras que mencionó el presidente. Reuniones presidenciales a las que no asistió Gustavo Petro El presidente Gustavo Petro tenía programados dos eventos para el 29 de agosto: el primero, una precumbre campesina de la COP16 en Fusagasugá y el segundo, una reunión sobre justicia ordinaria en Quibdó, Chocó. No obstante, canceló ambos compromisos y no realizó apariciones públicas ni en redes sociales.Hace varios días, de manera inesperada, el presidente Gustavo Petro canceló su participación en un evento con comunidades indígenas que estaba previsto para el lunes 26 de agosto en el Jardín Botánico de Bogotá. Su asistencia estaba en la agenda oficial que envió la Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a un informe conjunto presentado por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, en el que se señala que “los recursos destinados a la Política Pública de Víctimas continúan siendo insuficientes para la asistencia, atención y reparación integral de las 9.737.008 de víctimas registradas”.“Los cálculos realizados estiman que se requieren $303,9 billones constantes de 2024 para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación integral contempladas en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) entre 2024 y 2031. Dentro de los recursos requeridos para la asistencia, atención y reparación integral de la población víctima, se destacan: vivienda con $118 billones, indemnización individual y colectiva con $83,6 billones, generación de ingresos con $36,8 billones, subsistencia mínima con $12,9 billones y educación superior con $7,1 billones”, precisa el texto.“Tienen razón”: PetroEl presidente Petro reaccionó a este informe en el que, señaló, “dicen que la reparación de las víctimas costaría 334 billones de pesos y que el programa está retrasado. Tienen razón”.“Con 2 billones de pesos anuales invertidos en reparar víctimas nos demoraríamos 150 años en repararlas. Esta es una de las grandes hipocresías nacionales”, añadió.“La reparación de las víctimas en Colombia no se puede realizar si no se utilizan otros instrumentos del Estado, que es el responsable de la indemnización, diferentes al presupuesto nacional. Para reparar las víctimas en el corto plazo, en el plazo de sus vidas, es necesario emitir dinero por parte del Banco de la República”, propuesta que, según el mandatario, había hecho “alguna vez”.“El cupo de emisión anual que realiza el Banco de la República debería, en efectivo o bonos, dirigirse en primera instancia al largo listado de las víctimas de la violencia en Colombia. Esto significa que por un tiempo, de 10 a 15 años, el señoriaje de la Emisión pasaría del sector financiero a las víctimas de la violencia, un hecho que tiene ejemplos en otros lugares del mundo y que es el propio en un país que ha vivido 75 años bajo la violencia”, explicó el mandatario.