Este lunes, 13 de enero de 2024, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, se declaró inocente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en medio de la audiencia preparatoria de juicio realizada en el centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, la cual se llevó a cabo por el juez segundo especializado Hugo Carbonó.Además, el abogado de Petro solicitó a 30 personas como testigos dentro de este proceso. Entre los citados se encuentra la exvicefiscal general de la nación Martha Mancera; el fiscal Mario Burgos; la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez; el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra; el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; entre otros.Durante la audiencia, el juez le preguntó al hijo del presidente Petro su aceptaba los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, a lo que este respondió que “soy inocente”.(Lea también - Los Informantes: Se los tragó la guerra, las cuentas de Day Vásquez y el mejor equipo de Linda)Defensa de Nicolás Petro demostraría entrampamiento de la Fiscalía de BarbosaLa defensa de Nicolás Petro contó a Noticias Caracol que tiene una teoría diferente y es la que va a llevar a juicio. Esa teoría gira en torno a que la pasada Fiscalía, la de Francisco Barbosa, al parece hizo un entrampamiento con el hijo del jefe de Estado, entrampamiento que estaría conformado por la exvicefiscal Martha Mancera y para ello habrían conformado un grupo de tareas especiales.Una de las pruebas con las que cuenta la defensa de Petro Brugos es la resolución donde se conforma el grupo de tareas especiales, un grupo conformado en marzo del 2023 y que estaba liderado por los fiscales Mario Burgos y Luis Fernando Merchán. Esa resolución pretendía conocer y dar entendimiento a la compulsa de copias que se había hecho el en caso Petro para que se investigaran los hechos relacionados con la presunta financiación ilegal a la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro.En un principio, se había mencionado que se estaba trabajando en la elaboración de un preacuerdo con el hijo del presidente para agilizar el proceso. Sin embargo, luego de que se cambiara la defensa, aproximadamente en octubre del 2024, y pasara a manos de Pedro Alejandro Carranza, se trazó otra línea diferente de defensa y fue la de no aceptar cargos y continuar con el juicio, el cual podría tardar entre un año y un año y medio, teniendo en cuenta el volumen de las pruebas y la cantidad de testigos que están citados a declarar.La audiencia de este lunes 13 de enero era la última oportunidad que tenía Petro Burgos para aceptar los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, justo antes de que se iniciara el juicio, justamente para que el acusado tuviese un beneficio judicial.En el sistema penal colombiano, aceptar cargos implicaría una rebaja de hasta el 50% en la pena. Sin embargo, hay unas estapas procesales en donde se puede hacer esta aceptación de cargos y llegar a acuerdos con la Fiscalía General de la Nación. Por parte de Nicolás Petro, esta opción ya no será viable.Day Vásquez, la principal testigo en el caso Nicolás PetroLa principal testigo del caso es la exesposa de Petro Burgos, Day Vásquez, quien logró un preacuerdo con la Fiscalía para convertirse en testigo de cargos en contra del hijo del presidente, argumentando que toda la plata proveniente de diversas fuentes habría sido ilícita y sirvieron para una financiación ilegal de la campaña Petro Presidente.Sin embargo, Day Vásquez dijo que el dinero, al parecer, nunca llegó a la campaña y que, por el contrario, fue a parar a manos de Nicolás Petro, quien se habría enriquecido de manera ilegal con esos dineros que supuestamente iban a ir a la campaña presidencial.(Lea también: Fiscalía designa a Lucy Marcela Laborde como nueva fiscal del caso de Nicolás Petro)Las pruebas de la Fiscalía contra Nicolás PetroLa Fiscalía General de la Nación tiene algunas pruebas como la adquisición de unos bienes por parte de Nicolás Petro, los cuales tendrá que demostrar que se adquirieron de manera legal. Entre los bienes comprados están unos apartamentos en la Costa Caribe y también algunos carros de alta gama.En su momento, el fiscal Mario Burgos, para entonces fiscal del caso, había planteado que Nicolás Petro no tenía la manera de demostrar unos ingresos superiores a los 2.000 millones de pesos con un sueldo como diputado. Es decir que el hijo del presidente tuvo que haber tenido otras fuentes de ingresos, los cuales se tenían que demostrar que eran de origen lícito y hasta ahora, al parecer, no se ha demostrado.Durante el juicio de Petro Burgos, la Fiscalía llegará con su arsenal probatorio para tratar de demostrar que sí hubo enriquecimiento ilícito por parte de Petro y también tratar de dar apariencia de legalidad a unos dineros que no eran lícitos.Por su parte, la defensa de Petro deberá demostrar que los dineros sí eran lícitos, que todo se dio en el marco de donaciones que se hicieron al hijo del presidente y que fue bajo parámetros legales.
La exconsejera para las regiones del gobierno del presidente Gustavo Petro, Sandra Ortiz, prendió el ventilador frente al caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y aseguró que una mujer cercana al jefe de Estado habría sido la encargada de armar un complot en contra de ella.(Lea también: Laura Sarabia se pronuncia tras declaración de Sandra Ortiz en audiencia por caso UNGRD)Además, Sandra Ortiz aseguró que el Gobierno la dejó sola para hacerle frente al escándalo de corrupción. La exfuncionaria fue enviada a la cárcel El Buen Pastor este miércoles, 18 de diciembre, por pedido de la Fiscalía General de la Nación.La jueza del caso consideró necesario privarla de la libertad mientras avanza el juicio en su contra por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos.La jueza del caso le concedió cinco minutos a Sandra Ortiz, en donde aseguró ser víctima del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. En medio de la diligencia, aseguró que conoció sobre un escándalo de corrupción con respecto a carrotanques y que supuestamente lo había informado a la Presidencia de la República, pero que la respuesta por parte del Gobierno habría sido incriminarla.“Esa persona tiene mucho poder y está al lado del presidente. Ella fue la que armó este complot, señora juez. Ella fue la que armó absolutamente todo para que yo hoy estuviera acá. Ella se habla no solo con la fiscal, porque yo conozco cómo se maneja todo al interior de presidencia, sino con la procuradora, con todos los entes más poderosos y las cabezas más poderosas”, manifestó la exfuncionaria. Sandra Ortiz indicó que “yo estoy preocupada por mí seguridad porque ella me armó este complot”.Ortiz dijo que ella no tenía la influencia para poder realizar el entramado de corrupción de la UNGRD y que hay gente poderosa que, según ella, está involucrada en el escándalo y que no ha sido investigada.“Yo sé que querían un chivo expiatorio porque sí hubo corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo y hay muchos funcionarios implicados. No puedo decir hoy nombres porque es decir mentiras, pero yo era su chivo expiatorio. Entonces, lo que pasa hoy es que esa persona, que tiene mucho poder en la presidencia, que es una mujer, fue la que armó este complot”.Durante la audiencia, Sandra Ortiz pidió no ser trasladada a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, ya que ella teme por su vida. Entre tanto, la fiscal del caso intervino y aseguró que si Sandra Ortiz tenía información privilegiada, debió haberlo notificado a la Fiscalía para haber orientado la imputación y también para haber solicitado una medida de aseguramiento que se adecuara a los estándares de seguridad.¿Qué dijo Laura Sarabia sobre Sandra Ortiz?La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Laura Sarabia, aunque no fue mencionada en las acusaciones que Sandra Ortiz lanzó sobre una mujer cercana al presidente Petro, que armó un complot en contra de ella, se refirió a lo dicho por la exfuncionaria desde su cuenta de X.“Liderar un complot: cumplir con todos los requerimientos judiciales que me han hecho las autoridades como directora del DAPRE para entregar información. Mi ingreso al DAPRE fue el 28 de febrero de 2024 y uno de mis primeros actos, acordados con el presidente, fue pedir la renuncia al director de la UNGRD e indicarle que debía suspender toda la contratación, mensajes que constan en chat en el mes de febrero. He cumplido mi labor como funcionaria pública, pero entiendo que el que las hace se las imagina”, escribió Laura Sarabia.Según la directora del DAPRE, lo dicho por Sandra Ortiz “es una historia fantasiosa, es una historia que no tiene pruebas y lo que hoy conoce el país es una historia real y muy dolorosa”.(Lea también: Envían a la cárcel a Sandra Ortiz por escándalo de corrupción en la UNGRD)
En las últimas horas se hizo viral un video en el que se veía a varios presos de la cárcel de Palogordo, ubicada en el municipio de Girón, Santander, celebrando el cumpleaños de alias Alex Pereira, cabecilla de una banda de extorsionistas conocida como La Oficina de La Costa. En las imágenes aparecían los detenidos ingiriendo supuestamente licor dentro del penal. El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, aseguró que todo se trató de un montaje de los internos y el ardid tenía un solo objetivo.“El video lo filtran con el propósito de que los saquemos de ese patio”El coronel Gutiérrez declaró ante la prensa que el video fue grabado “en el pabellón 10 de Girón donde están los delincuentes de Dominó”, operación que se ha adelantado recientemente contra grupos que extorsionan desde la prisión.(Lea también: Operativos en 11 cárceles del país, en contra de la extorsión, dejan 6 guardias del Inpec capturados)Las imágenes se hicieron bajo una nueva modalidad que están ideando los delincuentes: “Cada día va haciendo una metamorfosis y se va adaptando. En esta oportunidad se pudo determinar que no era licor, que era Coca-Cola que había sido rendida con agua y que el video lo filtran con el propósito de que los saquemos de ese patio, de que tomemos decisiones inmediatas de trasladarlos y demás porque allá se ha hecho muy buen control de los funcionarios, y agradezco a los funcionarios de Girón porque están comprometidos”, explicó el director del Inpec.Y es que en la cárcel de Palogordo se hacen requisas diarias y por lo menos una semanal de la Policía. Además, los reclusos del video son sometidos a una vigilancia más severa que el resto de los reclusos.El coronel Gutiérrez insistió que los criminales se valen de “estrategias para desprestigiar la imagen del Inpec, para desprestigiar el control penitenciario y para que piensen que a través de eso tomemos decisiones radicales, como trasladarlos, pero al contrario, van a seguir ahí haciendo un control permanente”.Operativos contra la extorsión y corrupción en cárceles de ColombiaAdicional a la información que dio sobre la situación en la cárcel de Palogordo, el director del Inpec detalló que se han incautado “1.600 celulares solamente para la operación Dominó, que fue enfocada en cuatro establecimientos. En cuanto a resultados de todo el país, para este año hicimos decomiso de 31 mil celulares, 120 traslados de internos por seguridad o actividades que iban en contra de la seguridad penitenciaria y alrededor de 24 mil operativos en todo el país, enfocados a la seguridad penitenciaria, al asegurar a los funcionarios y la lucha contra la corrupción”.(Lea también: Alias Castor, al que le hicieron canción, delinquía desde prisión: sus hombres se tatuaban su nombre)Así mismo, reveló que se han realizado “98 capturas de funcionarios y algunos visitantes y personas que se han dedicado a hacer actividades ilícitas en las cárceles. 72 procesos judiciales con la Fiscalía”, también que hay “3.700 funcionarios investigados, entre ellos hay 100 directores” de cárceles. Añadió que ha habido “65 destituciones este año por actividades de corrupción”.
Una de las evidencias más importantes en poder de la justicia, en el expediente del escándalo de la UNGRD, son los videos de las cámaras de seguridad que hace un año registraron los ingresos y reuniones de los protagonistas del caso. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol de revela estas pruebas y el contexto de esos encuentros.Centenares de horas de grabaciones de las cámaras de vigilancia del Ministerio de Hacienda registraron hace un año la bitácora de ingresos y reuniones en esa entidad de los principales protagonistas del escándalo de la UNGRD. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investiga una presunta operación de compra de congresistas por parte del Gobierno a cambio de millonarios contratos públicos en Córdoba, Arauca y Bolívar.(Lea también: Corte Suprema realizó inspección en Ministerio de Hacienda por escándalo de UNGRD)Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, le contaron a la justicia desde hace meses los detalles del direccionamiento de estos contratos desde el Ministerio de Hacienda, pero fue la reciente confesión que le hizo a la Fiscalía María Alejandra Benavides, la exasesora del entonces ministro Ricardo Bonilla, la que obligó al exminhacienda a renunciar a su cargo. La versión de Benavides fue revelada hace dos semanas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.“Y él me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, fue una de las frases de Benavides al ente investigador.En este contexto cobran relevancia las reuniones que hace un año tuvieron en el Ministerio de Hacienda los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Julian Peinado, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo y el hoy exrepresentante Juan Diego Muñoz. Todos ellos integraban entonces la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que dio el aval para que el Gobierno pudiera endeudarse con millonarios créditos de la banca internacional. La sala de instrucción tiene serias sospechas de que los parlamentarios vendieron sus votos a cambio de tres contratos por más de 92 mil millones de pesos que se tramitarían por la UNGRD.(Lea también: Corte Suprema de Justicia ordena prueba grafológica para la congresista Karen Manrique)En el documento que los llamó a indagatoria, la Sala de Instrucción de la Corte consignó lo siguiente: “Se tienen acreditadas situaciones ocurridas los días 28 de noviembre y 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 14 de diciembre del año pasado que sugieren el posible involucramiento de los aforados investigados con miembros del Gobierno Nacional en un posible esquema ilegal de ‘compra’ de la función legislativa”.El alto tribunal documentó esta cronología de encuentros como una evidencia clave en este proceso. Los videos del circuito de seguridad del Ministerio de Hacienda de diciembre de 2023 revelan que mientras estos congresistas aprobaban a cuentagotas los préstamos a la Nación también tenían reuniones con altos funcionarios de esa cartera y desfilaban por los pasillos de esa entidad.El 4 de diciembre de 2023, por ejemplo, ingresó al ministerio la congresista Karen Manrique. Olmedo López ha dicho que la parlamentaria por las curules de paz en Arauca era la vocera de los demás congresistas en la negociación con el Gobierno. De hecho, uno de los contratos prometidos era para el municipio de Saravena.A las 11:16 de la mañana de ese día Manrique aparece en la recepción principal. Está vestida de negro y carga un bolso color beige. Tras registrarse sube al tercer piso, cerca del despacho de Ricardo Bonilla. A las 11:31 se encuentra con María Alejandra Benavides, conversa con ella y permanece en el edificio hasta las 12:19 p.m.Más visitas al Ministerio de Hacienda el 5 de diciembreEl 5 de diciembre el movimiento de congresistas en el ministerio es aún mayor. Los seis investigados estuvieron ese día casi al mismo tiempo. A las 4:03 de la tarde llegaron Wadith Manzur, Julian Peinado y Liliana Bitar. Apenas tres minutos después ingresaron al despacho del entonces viceministro Diego Guevara, con quien tenían una cita. La reunión duró 39 minutos.Paralelamente llegaron a otra dependencia del ministerio los parlamentarios Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz y Karen Manrique. Con apenas minutos de diferencia, los tres subieron a una sala contigua al despacho de Bonilla y esperaron. Poco después los seis se encontraron allí y entraron todos a una oficina donde estaba María Alejandra Benavides. Era ella la que manejaba la relación del ministro Bonilla con el Congreso y es la que hoy asegura que su exjefe direccionó contratos. Ese día la última en irse del ministerio fue Karen Manrique, a las 5:05 de la tarde.Esta cronología resulta pertinente, pues al día siguiente, 6 de diciembre, estaba convocada una sesión del Comité Interparlamentario de Crédito integrado por estos congresistas. Ese día, sin embargo, solo se aprobó uno de los tres créditos internacionales que presentó el Gobierno a consideración de esa comisión.María Alejandra Benavides le contó a la Fiscalía que el Ministerio de Hacienda tenía urgencia en que se aprobaran seis empréstitos más y que por eso el Gobierno se movió con todo para obtener los votos de esos congresistas. Fue allí donde aparecieron en escena el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor de Presidencia Jaime Ramírez Cobo.“El ministro Velasco me llama al celular y me dice: ‘María Alejandra, ¿cómo van los temas?’. Y yo digo: ‘¿Qué está haciendo el ministro Velasco llamándome?’. Yo le dije: ‘Ministro, estoy esperando la instrucción del ministro Bonilla’. Y esto me lleva a un día que es clave. Quiero que realmente lo resalten porque para mí es el día más importante de esto. En esta interparlamentaria del 6 de diciembre votan un solo crédito”, es otro de los fragmentos de la declaración de Benavides a la Fiscalía.La siguiente sesión de la comisiónLa siguiente sesión de la Comisión Interparlamentaria era el 12 de diciembre de 2023 y hasta entonces seis préstamos internacionales todavía seguían en el limbo.“Para mí es importante que ustedes sepan que el 12 de diciembre a las 7 de la mañana había una Interparlamentaria citada. Jaime (Ramírez Cobo) sabía de la urgencia. Jaime sabía que tenía que gestionar esos cupos indicativos. Él sabía que tenían que salir. Y (Luis Fernando) Velasco también”, dijo la exasesora del Minhacienda.Justamente, ese 12 de diciembre las cámaras registraron el ingreso del ministro Velasco y una asesora al despacho de Ricardo Bonilla. Sobre las 2:58 p.m. Bonilla se acerca a saludarlos y de inmediato entran a la oficina. Tres minutos después ingresa allí la asesora de Bonilla, María Alejandra Benavides, y a las 3:12 p.m. se une a la reunión el asesor de presidencia Jaime Ramírez Cobo, quien entra directamente al lugar sin mayores demoras. Se nota que lo estaban esperando.A las 3:15 p.m. Ramírez Cobo sale del despacho, recoge el celular que dejó en un cubículo a la entrada de la oficina y habla un par de minutos con Benavides. Apenas segundos después se ve salir afanado al ministro Velasco del lugar.Ese revuelo en la oficina del ministro Bonilla coincide con la aprobación que ese mismo 12 de diciembre hizo la comisión interparlamentaria de cinco créditos internacionales.Solo faltaba un crédito más por aprobarse y por eso se convocó para el 15 de diciembre la última sesión del año de la comisión interparlamentaria.(Lea también: Corrupción UNGRD: las reuniones entre funcionarios y congresistas cuestionadas por la Corte)Otras reuniones en diciembreEl 13 de diciembre el ministro Velasco y el asesor Jaime Ramírez Cobo volvieron al despacho del ministro Ricardo Bonilla. Primero llegó Velasco, a las 3:07 p.m. Tras una corta espera en un sofá, sobre las 3:12 p.m. se encuentra con Bonilla e ingresan a la oficina privada. María Alejandra Benavides entra detrás de ellos. La charla dura 18 minutos. A las 3:32 p.m. el ministro Velasco sale de la entidad.Por su parte, Jaime Ramírez Cobo ingresa a las 3:51 p.m. a la recepción principal del despacho del Ministro. Y sobre las 3:56 p.m. se encuentra con Bonilla y entra a su oficina. De allí sale a las 4:28 p.m. Detrás de Ramírez se ve salir también al viceministro Diego Guevara, que estaba en la reunión.Sneyder Pinilla, quien ha aceptado su responsabilidad en este caso, le dijo a la justicia que el asesor de presidencia Jaime Ramírez Cobo es uno de los protagonistas de este entramado de corrupción. De hecho, fue Ramírez Cobo el que en ese momento le envió a la UNGRD este cuadro con los tres contratos que debían ser direccionados para cumplirles a los congresistas. Es más: es Ramírez Cobo quien le dice a Sneyder Pinilla que estaban en riesgo los créditos de la nación si no se tramitaban cuanto antes esos contratos.Ahora bien, según Olmedo López, para tratar un tema así de sensible, el ministro Bonilla lo citó de urgencia en su oficina el 15 de diciembre de 2023, es decir, hace exactamente un año.El registro de ese encuentro quedó consignado en los videos de vigilancia. Olmedo López llegó al Ministerio de Hacienda a las 8:28 a.m. Tenía una agenda en su mano izquierda y el celular en la derecha. Tras pasar los filtros de seguridad, finalmente se acomoda en el sillón más grande que está afuera del despacho de Bonilla y se entretiene leyendo la prensa.A las 8:31 a.m. Olmedo López apura un café mientras revisa su celular. A las 8:38 a.m. el ministro sale de su oficina, camina hasta el sillón de Olmedo, le da un fuerte apretón de manos y le hace un gesto para que siga a su oficina. La reunión dura apenas 14 minutos. En medio de ella, a las 8:42 a.m. María Alejandra Benavides, quien conversa afuera con el entonces viceministro Guevara, revisa su celular e ingresa a la reunión con Olmedo y Bonilla. La reunión termina a las 8:53. El entonces director de la UNGRD se despide amablemente y detrás de él salen a la sala Benavides y Bonilla, quien toma un largo sorbo de agua.Lo que hablaron Olmedo y Bonilla en esos minutos es lo que trata hoy de dilucidar la justicia. Olmedo López asegura que el ministro le dio la orden de direccionar esos tres contratos en Córdoba, Arauca y Bolívar. Sneyder Pinilla ha confirmado esa versión y aportó chats en los que el ministro Bonilla esa misma tarde le envió a él el contacto de su enlace María Alejandra Benavides.(Lea también: Audiencia contra Sandra Ortiz: la conversación que tuvo con Olmedo López en Casa de Nariño)Fueron ellos dos, Benavides y Pinilla, los que ese 15 de diciembre se cruzaron mensajes para encarrilar esos tres contratos al mismo tiempo que sesionaba por última vez la comisión interparlamentaria.
En la mañana de este sábado, 14 de diciembre de 2024, el Inpec confirmó que el recluso Juan Guillermo Monsalve debió ser trasladado de urgencia a un centro médico, ya que presentaba un fuerte dolor en el pecho, signo de un aparente infarto.Inicialmente, el sujeto fue enviado desde la cárcel La Picota a la Fundación Hospital San Carlos, ubicada en el sur de Bogotá, pero por la complejidad de su estado de salud debió ser trasladado a otro centro médico especializado para poderle brindar la atención requerida. El abogado Miguel Ángel del Río confirmó a través de sus redes sociales que "acaba de sufrir un infarto el interno Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el juicio en contra del señor Uribe Vélez. Ha sido trasladado de urgencia por el Inpec a un centro hospitalario. Solicitamos de las autoridades toda la seguridad necesaria para preservar su vida".Monsalve es testigo clave en el caso que se lleva en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por posible alteración de material probatorio. Por ello, su abogado solicitó seguridad para el recluso, pues estando fuera de la cárcel su vida podría estar en riesgo. Del Rio dialogó con el diario El Tiempo y aseguró que él habló con Monsalve sobre las 7 a.m. y "se escuchaba muy mal. De inmediato pedí al Inpec su traslado. Lo importante es salvarlo". El abogado dejó en claro que ya solicitó que se inicie una investigación para determinar cómo sucedió el episodio de infarto de Monsalve y si pudo haber estado relacionado con algún alimento que consumió. "Él mismo se venía preparando sus alimentos. pero en los últimos días había tenido algunas dificultades. Ya se solicitó una investigación", afirmó el penalista al mencionado diario.Por ahora, Monsalve está en delicado estado de salud internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado.
El coronel de la Policía de Colombia Jorge Mora fue reconocido como uno de los hombres más importantes en la lucha anticorrupción del 2024. El reconocimiento fue entregado por el Gobierno de Estados Unidos, de la mano del secretario de Estado, Antony Blinken.(Lea también: El colombiano Bernardo Moreno podría lograr una curul en Senado de Estados Unidos)¿Quién es el coronel Jorge Mora?El teniente coronel Jorge Alexander Mora Cortés es jefe de la Unidad de Investigación Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia, un grupo de 220 investigadores que luchan contra este flagelo en todo el territorio nacional. Durante su carrera de 25 años en la Policía ha trabajado en casos como Odebrecht y escándalos relacionados con la UNGRD.Este lunes, 9 de diciembre de 2024, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, se convirtió en el primer policía en el mundo que recibe este reconocido galardón del Gobierno estadounidense."Este reconocimiento se recibe con humildad, en cabeza de todos los policías de Colombia, para seguir trabajando contra este monstruo, contra este flagelo, contra este cáncer que es la corrupción", dijo el coronel Mora a Noticias Caracol en vivo.En su discurso, Antony Blinken resaltó el compromiso del policía colombiano con la lucha anticorrupción, una disputa que lo obligaron a que, junto a su esposa y su recién nacido, tuvieran que trasladarse a un lugar seguro."Nuestras familias siempre van a estar afectadas en el sentido que son sacrificadas por el trabajo que hacemos como policía, pero este es un trabajo que hacemos con mucho amor", acotó el uniformado.El director de la Policía de Colombia, general William René Salamanca, exaltó el premio obtenido por el coronel Jorge Mora, diciendo que este es un galardón que exalta la labor conjunta de la institución y la Fiscalía.(Lea también: Enfermera colombiana es condecorada como la mejor dentro de una red de hospitales de Estados Unidos)¿Qué es el Premio a los Campeones Anticorrupción?El Premio a los Campeones Anticorrupción (Anti-Corruption Champions Award, en inglés) es un galardón que fue lanzado por Estados Unidos en 2021 para reconocer a las personas que han hecho esfuerzos significativos en la lucha por la erradicación de este flagelo.En 2024, 10 "héroes anticorrupción" de todo el mundo fueron condecorados por el secretario de Estado norteamericano. Los ganadores fueron:Jorge Mora Cortes de Colombia.Matrika Dahal de Nepal.Altin Dumani de Albania.Srbuhi Galyan de Armenia.Carl Irani del Líbano.Marr Nyang de Gambia.Javier Enrique Caraballo Salazar de Panamá.Didar Smagulov de Kazajistán.Jimmy Spire Ssentongo de Uganda.Sevinj Vagifgizi de Azerbaiyán."Nos sentimos honrados de trabajar junto a campeones como estos para derrotar la corrupción. Seguiremos trabajando con nuestros socios para hacer realidad la visión de la Convención contra la Corrupción y otros marcos internacionales de lucha contra la corrupción y de buena gobernanza", destacaron los organizadores.
La Corte Suprema de Justicia ordenó una prueba grafológica en el caso de la congresista Karen Manrique, vinculada en la presunta recepción de dádivas a cambio de conceptos favorables para créditos requeridos por el Gobierno nacional.En las últimas horas se inspeccionó la oficina de la representante a la Cámara con el fin de buscar documentos con su letra y poder compararlo con una lista de congresistas que, según Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), la funcionaria escribió en una libreta.La defensa de la representante Karen Manrique aseguró que lo escrito en dicha libreta pertenece a otra persona.(Lea también: Corte Suprema allanó oficina de la congresista Karen Manrique por escándalo en la UNGRD)De acuerdo con las declaraciones de Olmedo López, Marique fue la coordinadora de los congresistas que, al parecer, iban al Ministerio de Hacienda en busca de la contraprestación para emitir los conceptos.¿Qué dijo Karen Manrique sobre acusaciones?Frente a las acusaciones de Olmedo López, la representante a la Cámara se pronunció desde su redes sociales el pasado 19 de julio y dijo: "Me duele que por esa razón y justo previo a las elecciones de mesas directivas, cuando una de las pocas mujeres representantes de una minoría en las curules de víctimas y de un territorio apartado y golpeado por la violencia, que vivimos con mayor rigor las mujeres, como lo es el departamento de Arauca, esté viendo esta infamia que busca desprestigiar el acompañamiento que he realizado, pero por encima de ello mi nombre, que es el único capital con que cuento, que he construido paso a paso”.Karen Manrique fue citada el 2 de diciembre por la Corte Suprema de Justicia a indagatoria. El abogado de la congresista, Andrés Garzón, aseguró que ella guardará silencio hasta no conocer cuáles con las indicaciones que se hacen. También aseguró el defensor que "no hubo ningún contrato, no se desembolsó un peso, ni hay ningún dinero embolatado para el país", además de que "la representante Karen Manrique actuó debidamente autorizada por la ley".El abogado añadió que “ya se demostrará en el curso de la investigación que no se cometió ningún delito y que las actuaciones de la representante Karen Manrique estuvieron apegadas a la ley”.Acerca de Olmedo López, el abogado Garzón sostuvo que “él ha hecho uso de su derecho a guardar silencio para no declarar en este expediente y no ser interrogado por los abogados. Todo lo que ha dicho por fuera será elemento de juicio para el país”.(Lea también: Presidente Gustavo Petro sale en defensa del minhacienda Ricardo Bonilla en medio del caso de UNGRD)
En la noche del 2 de diciembre, un grupo de encapuchados ingresó a la Universidad Tecnológica del Chocó e incendiaron las oficinas de la vicerrectoría administrativa. El Ministerio de Educación se refirió al hecho.Según la cartera, los vándalos que atacaron la sede de la universidad causaron daños significativos en equipos, datos y documentos relacionados con el “devenir económico de la institución educativa. El Cuerpo de Bomberos de Quibdó logró controlar las llamas. Sin embargo, los daños fueron considerables”.Daniel Rojas, ministro de Educación, se refirió al tema y señaló que "es inaudito lo que sucede en la Universidad Tecnológica del Chocó. Ante la intervención por parte del Ministerio y un proceso penal por corrupción, incendian hoy las oficinas de la vicerrectoría administrativa y financiera, donde reposan importantes documentos de contratos y pagos. Manifestamos nuestra solidaridad con la comunidad educativa, no vamos a permitir que grupos violentos generen terror e incertidumbre en la Universidad Pública. Hemos establecido comunicación con el Ministerio del Interior y participaremos en el consejo de seguridad convocado por la gobernadora Nubia Córdoba. Solicitamos a la Fiscalía celeridad en el proceso judicial".(Lea también: Desconocidos prendieron fuego a las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó)Ante este acto delictivo, el Ministerio de Educación sostuvo que “la educación y los entornos educativos deben ser el camino hacia la paz y que ninguna acción violenta podrá quebrantar nuestro compromiso con el diálogo, la reconciliación y la construcción de futuro”. Además, la entidad exigió una “investigación inmediata” y garantías para proteger a toda la comunidad universitaria.Por su parte, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, mencionó que “es urgente tomar decisiones que permitan cuanto antes la ruta del diálogo y garantizar la seguridad en el entretanto. La universidad es la única esperanza de muchas familias en el Chocó, no puede perecer en una disputa”.Las investigaciones contra exrector de la Universidad Tecnológica del ChocóEl hecho se presentó dos semanas después de que el exrector de la Universidad Tecnológica del Chocó, David Emilio Mosquera, fuera detenido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, el pasado 18 de noviembre, en su último día como rector de la institución educativa.La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en contra del exrector y a otros funcionarios por presuntas irregularidades en un millonario contrato de 15.500 millones de pesos, provenientes de regalías.Según el ente investigador, se está investigando la posible falsificación de la firma de Jhon Alexander Palacios Mosquera, exvicerrector administrativo y financiero de la universidad. En las investigaciones también está involucrado el exrector Eduardo García Vega.La Procuraduría investiga “la posible falsificación de la firma de Palacios Mosquera en la resolución mediante la cual, como ejecutora del proyecto, la UTCH realizó un pago a la empresa interventora, la Corporación Bienestar Verde; y el supuesto pago irregular de bonificaciones al coordinador del referido proyecto”.Además, el ente de control también busca encontrar si, durante las etapas de preinversión y ejecución del proyecto, se hizo una adición irregular de dineros públicos para pagar el almacenamiento de una máquina adquirida y si se configuró la indebida destinación de recursos, producto de las regalías, con ocasión de la adquisición de maquinaria que, al parecer, no se estaba utilizando.(Lea también: Audiencia contra Sandra Ortiz: la conversación que tuvo con Olmedo López en Casa de Nariño)
La Corte Suprema de Justicia llamó a declaración bajo juramento al presidente de la República, Gustavo Petro, dentro del proceso de los seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria, involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).La petición la hizo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, específicamente el magistrado Misael Rodríguez, quien ha recibido en diligencia de indagatoria a todos los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.Lo que la alta corte investiga es que ellos habrían entregado unos conceptos de créditos a favor del Gobierno nacional y esto en contraprestación a unos contratos.(Lea también: El ministro Ricardo Bonilla habla en medio del escándalo de la UNGRD: "Voy a asumir la defensa")Esta declaración a la que fue llamado el presidente Petro será mediante un cuestionario, debido al fuero del mandatario, ya que no se le puede llamar a declarar de manera presencial. El jefe de Estado no declarará como indiciado sino en calidad de testigo.El cuestionario será elaborado por la Corte Suprema de Justicia y será enviado al mandatario para que él responsa qué sabe de todo lo que se ha denunciado hasta el momento, en torno al escándalo de corrupción de la UNGRD.Ahora se dará traslado de este cuestionario a los abogados de los investigados para que formulen sus inquietudes. Una vez esto se haga, se enviará el cuestionario al presidente de la República.Esta información se conoce tras la indagatoria del representante a la Cámara Wadith Manzur, quien renunció en las últimas horas a la Comisión de Crédito Público, se acogió a su derecho de guardar silencio y, además, pidió la declaración de Olmedo López, exdirector de la UNGRD.Dentro de este proceso se llamó a declarar a la exasesora de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, Alejandra Benavides.¿Qué dijo María Alejandra Benavides sobre Ricardo Bonilla?María Alejandra Benavides, exasesora del ministro Ricardo Bonilla, le contó a la Fiscalía General de la Nación detalles sobre un supuesto pacto entre el ministro de Hacienda, el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo para destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación comprando congresistas. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló los audios de la audiencia.De acuerdo con el relato de Benavides, para conseguirlo, tres altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro habrían hecho un pacto para sobornar congresistas, a través de contratos con la UNGRD por 92.000 millones de pesos.La versión de Benavides ratifica lo que en audiencias han dicho Olmedo López y Sneyder Pinilla, lo cual compromete al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al exministro del Interior Juan Fernando Velasco y al asesor presidencial, Jaime Ramírez Cobo.En los audios revelados por Noticias Caracol, María Alejandra Benavides dijo que “el ministro Velasco me llama al celular. Me dice: ‘María Alejandra, ¿cómo van los temas?’. Y yo digo: ‘¿Qué está haciendo el ministro Velasco llamándome?’. Yo le dije: ‘ministro, estoy esperando la instrucción del ministro Bonilla’. Y esto me lleva a un día que es clave. Quiero que realmente lo resalten porque para mí es el día más importante de esto. En esta interparlamentaria del 6 de diciembre votan un solo crédito”.La carrera contra el tiempo, según la exasesora de Bonilla, comenzó el 6 de diciembre de 2023. El gobierno necesitaba que la comisión interparlamentaria de crédito público, compuesta por congresistas, diera su aprobación a créditos internacionales que sumaban más de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, ese día los congresistas solo aprobaron uno de los siete créditos.Para conseguir la aprobación de los créditos restantes, se convocó a una reunión de última hora en el Ministerio de Hacienda, con la presencia del jefe de esa cartera, Ricardo Bonilla, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor presidencial, Jaime Ramírez Cobo. Según Benavides, el acuerdo al que se llegó fue acelerar la aprobación de los congresistas mediante contratos en la unidad de gestión de riesgo.“Fiscal, en esa reunión se acuerda que quien tiene que empezar a moverse con la Unidad de Gestión del Riesgo es el ministro Velasco, cuando era ministro. Recuerdo que yo me sentaba en esas reuniones, yo no participaba, yo estaba ahí porque el ministro me lo pedía, pero no participaba. Tampoco quería. Pero Bonilla y Velasco hablaron. Y el ministro Bonilla le dijo: ‘Usted tiene que ayudarme, usted tiene que hacer algo también’. El ministro Velasco accedió. Jaime Ramírez Cobo, como enlace de la presidencia, y como el enlace más alto respecto a todos los otros enlaces del Gobierno Nacional, también tenía que intervenir ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, declaró María Alejandra Benavides ante la Fiscalía General de la Nación.Fiscalía pide medida de aseguramiento contra Sandra OrtizLa Fiscalía General de la Nación reveló varias de las pruebas que demostrarían la responsabilidad de la exconsejera para la Regiones Sandra Ortiz, en la presunta entrega de dineros al entonces presidente del Senado, Iván Name. El ente investigador pidió medida de aseguramiento contra la exfuncionaria del Gobierno nacional.Las fechas clave en este proceso contra Sandra Ortiz, reveladas por la Fiscalía, inician el 21 de septiembre del 2023, con una reunión en la Casa de Nariño, justo antes de un consejo de ministros, donde, según el ente investigador, comenzaron las presiones indebidas de Sandra Ortiz a Olmedo López para la entrega del dinero que, al parecer, iba a ser entregado a Iván Name.Además, Sandra Ortiz habría solicitado una adición a un contrato en el Atlántico por 11.000 millones de pesos.En una supuesta conversación que Sandra Ortiz tuvo con Olmedo López ese 21 de septiembre de 2023, también se habría pactado un desayuno entre López e Iván Name, desayuno que habría sido ordenado por Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y que se habría llevado a cabo el 25 de septiembre de 2023, con el propósito de generar confianza en el expresidente del Senado y garantizarle la entrega de los 3.000 millones de pesos.Dicho desayuno entre Olmedo López e Iván Name se habría llevado a cabo en la famosa habitación 2312 del hotel Tequendama.Las siguientes fechas que investigan la Corte Suprema son: el 12 de octubre, cuando, supuestamente, se hizo la primera entrega de 1.500 millones de pesos a Name y el 13 de octubre, cuando se hizo otra entrega de 1.500 millones de pesos.Ante las pruebas presentadas, la Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Sandra Ortiz. Se espera que el miércoles 11 de diciembre se retome la audiencia, en donde se va a reiniciar con la intervención de los abogados de Ortiz. Además, quedan pendientes las intervenciones de la Procuraduría y de las víctimas acreditadas en el proceso.Con estos elementos, la juez deberá analizar las pruebas y tomar una decisión, en lo posible, antes del 20 de diciembre de 2024, que es cuando comienza el receso judicial en Colombia.¿Ricardo Bonilla va a renunciar?A propósito del escándalo de corrupción de la UNGRD, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respondió a los cuestionamientos del periodismo de si va a renunciar o no a su cargo en la cartera.“Voy a asumir la defensa y lo que se está diciendo tiene mucha especulación en términos de que aquí no hay cupos sindicativos ni compra de congresistas”, manifestó el alto funcionario.Y es que tras las declaraciones de María Alejandra Benavides, el abogado del ministro de Hacienda sostuvo que “estamos separando peras de manzanas. Se ha dicho que el ministro favoreció tres contratos por 92.000 millones de pesos para conseguir votos de la Comisión de Crédito Público. En las audiencias que tuvo la defensa ante el Tribunal de Bogotá, logramos avalar pruebas que señalan lo siguiente: no hubo contratos y, por lo tanto, no se entregó un solo peso. El ministro no se entiende con ningún contratista, se trató de proyectos tramitados antes de ser ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, y lo que hizo, como hace con todos los proyectos, fue el seguimiento sobre la marcha de estos proyectos”.La defensa del ministro de Hacienda sostiene que las declaraciones de la exasesora María Alejandra Benavidez contradicen las pruebas que han recabado en el Tribunal Superior de Bogotá y ante la Corte Suprema de Justicia. Según ellos, se ha realizado una búsqueda selectiva de datos, y esto es lo que pretenden demostrar ante las dos fiscales encargadas de este megaescándalo.Hasta el momento, la Fiscalía no ha indicado cuándo se citará a la defensa del ministro y al propio Ricardo Bonilla.(Lea también: Wadith Manzur se presentó a indagatoria ante la Corte Suprema por escándalo UNGRD y guardó silencio)
Este martes 3 de diciembre continuó la audiencia contra Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, quien fue imputada por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos, esto por supuestamente entregar alrededor de 3 mil millones de pesos al expresidente de la Cámara Iván Name, en medio del escándalo de corrupción de la UNGRD. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra la exfuncionaria, que no aceptó cargos.Vea aquí los detalles de la audiencia contra Sandra Ortiz de este 3 de diciembre.(Lea también: Wadith Manzur se presentó a indagatoria ante la Corte Suprema por escándalo UNGRD y guardó silencio)La audiencia fue suspendida y se retomará el próximo miércoles 11 de diciembre de 2024, a las nueve de la mañana.Revelan video que sería clave en imputación de la Fiscalía contra Sandra OrtizEntre las pruebas presentadas por el ente acusador hay un video captado el 21 de septiembre de 2023, en el que se ve a la exconsejera para las regiones llegando al Palacio de Nariño, poco antes de realizarse un consejo de ministros. Se acerca a Olmedo López, lo toma del brazo, lo aparta a una esquina y sostienen una conversación, cuyo audio también fue revelado. Allí, ella le dice que es la persona enviada por Carlos Ramón González para entregar el dinero a Iván Name.Supuestamente, Sandra Ortiz presionó a López para entregar 11 mil millones de pesos adicionales de un contrato que se gestionaba para el Atlántico.El pasado viernes 29 de noviembre, María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, manifestó que “Sandra Liliana Ortiz creó riesgos, jurídicamente desaprobados, idóneos y sustanciales, al transportar en dos oportunidades las sumas de 1.500 millones de pesos en efectivo, para un total de 3.000 millones de pesos, dinero recibido de los funcionarios de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, derivados de la contratación ilícita de esa entidad, con destino al presidente del Senado de la República, Iván Name".Ministro Bonilla pide ser escuchado por escándalo de UNGRDLuego de que María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, le contara a la Fiscalía General de la Nación cómo tres altos funcionarios del Gobierno habrían realizado un pacto para la compra de votos de congresistas, la defensa del jefe de la cartera pidió que el funcionario sea escuchado por el ente investigador.La defensa de Bonilla pretende revisar la situación jurídica del ministro de Hacienda con las fiscales que llevan el caso. El abogado del funcionario señala que los trámites que realizó este ministro no implicaban contratos ni mucho menos la pérdida de recursos porque estos proyectos se encontraban en una etapa preliminar y, por el contrario, nunca se llevó a cabo ese desembolso de 92.000 millones de pesos, como se asegura en el marco del escándalo de la UNGRD.(Lea también: Defensa de Karen Manrique, implicada en escándalo de UNGRD, afirma que “no hubo ningún contrato)
