La Contraloría General de la República ha anunciado la apertura del Concurso Abierto de Méritos disponible desde este 3 de febrero de 2025. Este proceso tiene como objetivo la selección de profesionales altamente calificados para ocupar 3.144 cargos de carrera administrativa en distintas áreas dentro de la entidad pública. La convocatoria, que se desarrollará en conjunto con la Universidad de Antioquia, se llevará a cabo bajo un régimen especial de carrera administrativa, en conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 268 de 2000. De acuerdo con las disposiciones vigentes, el ingreso a los empleos de carrera administrativa especial se realizará mediante un Concurso Abierto de Méritos, compuesto por varias fases, que incluyen la inscripción, la evaluación de requisitos mínimos, la aplicación de pruebas escritas, el análisis de antecedentes y la posterior conformación de la lista de elegibles.(Lea también: Contraloría advierte riesgo de racionamiento de energía para 20% de población en Colombia)Vacantes disponibles para el concurso de la ContraloríaLa convocatoria contempla oportunidades laborales en diferentes niveles y áreas, con la siguiente distribución de cargos:Profesional: 2.586 vacantes.Asistencial: 263 vacantes.Ejecutivo: 237 vacantes.Técnico: 41 vacantes.Asesor: 17 vacantes.Los aspirantes podrán postularse únicamente a un solo cargo, por lo que es fundamental revisar detalladamente los requisitos exigidos antes de iniciar el proceso de inscripción.Cronograma del proceso de selecciónLa Contraloría General de la República ha definido un cronograma con fechas clave para garantizar la transparencia y el cumplimiento de cada una de las etapas del concurso. Este es el cronograma de las fechas importantes que debe tener en cuenta para la convocatoria. Publicación de la convocatoria: 3 al 14 de febrero de 2025.Inscripciones: 10 al 14 de febrero de 2025.Publicación de admitidos y no admitidos: 20 de mayo de 2025.Publicación de la Guía de Orientación para Pruebas Escritas: 26 de agosto de 2025.Citación a pruebas escritas: 23 de septiembre de 2025.Aplicación de pruebas escritas: 19 de octubre de 2025.Publicación de resultados de pruebas escritas: 9 de diciembre de 2025.Análisis de antecedentes: 7 de enero al 3 de marzo de 2026.Publicación de resultados del análisis de antecedentes: 24 de marzo de 2026.Publicación de resultados finales: 25 de mayo de 2026.¿Cómo inscribirse al concurso de la Contraloría?Los interesados en participar en el concurso deberán realizar su inscripción de manera virtual entre el 10 y el 14 de febrero de 2025 a través de la plataforma tecnológica habilitada por la Universidad de Antioquia, en la página www.concursocgr2024-2026.com.co. Durante este proceso, cada aspirante deberá cargar los documentos requeridos para acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria. Es importante resaltar que toda la información suministrada debe ser veraz, ya que cualquier irregularidad en los datos proporcionados podría generar la exclusión del proceso de selección y sanciones legales.Requisitos generales para postularsePara participar en la convocatoria de la Contraloría, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos generales:Ser ciudadano colombiano por nacimiento.Tener mínimo 18 años de edad.Contar con el título académico exigido para el cargo al que se postula.No haber sido condenado por sentencia judicial.Además, los postulantes deberán verificar que no se encuentran inmersos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad conforme a la legislación vigente.Consideraciones importantes sobre la inscripciónEl proceso de inscripción en el concurso de méritos de la Contraloría se realizará exclusivamente a través de la plataforma de la Universidad de Antioquia. Solo se permite una postulación, por eso cada candidato deberá elegir cuidadosamente la vacante a la que desea aplicar, ya que la inscripción en más de una convocatoria resultará en la anulación de todas sus postulaciones.Recuerde que hay un plazo limitado para inscribirse y no se aceptarán solicitudes de inscripción ni la entrega de documentos adicionales después del 14 de febrero de 2025.Los aspirantes son responsables de garantizar que los datos y documentos proporcionados sean completos, legibles y correctos. Cualquier falsedad en la información podrá acarrear sanciones administrativas, disciplinarias o incluso penales.Aquellos que requieran ajustes especiales para la presentación de las pruebas deberán informarlo expresamente al momento de la inscripción, ya que no se aceptarán solicitudes extemporáneas.Así será el proceso de selección para los interesadosEl proceso de selección para el concurso de la Contraloría incluye la aplicación de pruebas escritas, diseñadas para evaluar las competencias técnicas y habilidades de los candidatos en función del cargo al que aspiran. Estas pruebas serán aplicadas el 19 de octubre de 2025, y los resultados serán publicados el 9 de diciembre de 2025.Posteriormente, se llevará a cabo el análisis de antecedentes, etapa en la que se verificará la experiencia laboral y académica de cada postulante. Este proceso se desarrollará entre el 7 de enero y el 3 de marzo de 2026, con la publicación de resultados prevista para el 24 de marzo de 2026.Aquí puede consultar toda la información correspondiente a la convocatoria.Experiencia laboral y nivel de estudios que exige el concursoLa formación académica se acreditará con alguno de los siguientes documentos:Acta de grado.Diploma del título obtenido.Certificación expedida por la autoridad competente.Registro del diploma.Para profesiones que lo requieran, será obligatorio presentar la tarjeta profesional. En caso de títulos obtenidos en el exterior, será necesaria la convalidación del Ministerio de Educación. Los documentos deben incluir:Nombre de la institución educativa.Aprobación del Icfes.Datos personales del titular.Nivel de estudios y título obtenido.Fecha y ciudad de expedición.Firma de la autoridad competente.Datos que exigen para validar la experiencia laboralSe acreditará con certificaciones que incluyan:Nombre y datos de contacto del empleador.Fecha de ingreso y retiro.Cargo desempeñado y funciones realizadas.Firma de la autoridad expedidora.La experiencia previa a la obtención del título requerirá constancia de terminación de materias. En el caso de ejercicio independiente, se aceptarán certificaciones firmadas por clientes o entidades con las que se haya trabajado. Para contratos laborales, la certificación debe especificar la fecha de inicio y terminación, además del objeto del contrato y funciones ejecutadas. No se aceptarán resoluciones de nombramiento, actas de posesión u otros documentos distintos a certificaciones laborales.
Luego de que un trabajador de la Contraloría General de la República, a quien diagnosticaron con meningitis bacteriana Neisseria Meningitidis, la entidad pública decidió adoptar medidas en pro del bienestar de sus colaboradores. Entre lo establecido, se autorizó a un grupo de ellos trabajar en casa. Además, serán monitoreados durante 20 días.(Lea también: A 50 IPS de Bogotá las certificaron como amigas de la mujer y la infancia: ¿de qué se trata?)¿Cómo se supo sobre el caso de meningitis en la Contraloría General?Fue la Subred Norte E.S.E. la que, a través de un correo, notificó a la entidad reguladora sobre el caso, el pasado 27 de enero de 2025.Tras el reporte, “el equipo de respuesta inmediata de la Subred Norte procedió a realizar investigación epidemiológica de campo en la entidad, al ser su entorno laboral, para lo cual realizó una visita que arrojó resultados que conllevaron a tomar medidas de control inmediato”, informó la Contraloría General.Estas fueron las medidas adoptadas por la Contraloría GeneralSe autorizó trabajo en casa para los funcionarios del piso 12.Seguimiento diario por 20 días a los contactos estrechos.Entrega de profilaxis a contactos estrechos.Jornada de desinfección de la totalidad de los pisos del edificio del nivel central.Jornada de limpieza con solución preparada de hipoclorito de sodio en toda la entidad.Para los funcionarios de la Contraloría General del nivel central se recomienda:Lavado de manos con agua y jabón.Evitar compartir menaje y demás elementos entre compañeros.Evitar aglomeraciones.Uso de tapabocas preventivo.(Lea también: "No he recibido ningún medicamento": el calvario que viven los pacientes de alto costo en Colombia)¿Cómo se contagia la meningitis bacteriana?Según información médica, la Neisseria Meningitidis se transmite de persona a persona a través del contacto directo con secreciones respiratorias o saliva de una persona infectada. Esto puede ocurrir a través de besos, tos, estornudos o compartir utensilios para comer y beber.Bebés menores de un año, adolescentes y adultos jóvenes y personas con comorbilidades como enfermedades autoinmunes tienen mayor riesgo de contraerla.Síntomas de la meningitis bacterianaFiebreDolor de cabeza intensoRigidez en el cuelloNáuseas y vómitosConfusión o dificultad para concentrarseSomnolencia o dificultad para despertarseSensibilidad a la luzErupción cutánea en algunos casos¿Quiénes deben vacunarse contra la meningitis?En Colombia, la primera dosis se aplica a los bebés de dos meses. Los refuerzos se aplican a los cuatro y doce meses. La vacuna tetravalente protege contra enfermedades provocadas por 4 grupos (A, C, Y, W 135) del meningococo, para este caso se aplica una sola dosis a partir de los 2 años hasta los 55, señala el Distrito.La meningitis meningocócica es una enfermedad que puede ser mortal si no se trata rápidamente con antibióticos.
La Contraloría General de la República llevó a cabo una auditoría de cumplimiento en la que detectó hallazgos fiscales por $47.261 millones, derivados de irregularidades detectadas en el manejo de los recursos del Sena - Fondo Emprender y la contratación derivada de la ampliación de la urgencia manifiesta declarada para dar continuidad a los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).Según el ente de control, el hallazgo de mayor cuantía se consolidó luego de que se revocó el proceso de licitación para prestar los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Sena, que ya contaba con oferta habilitada para adjudicar y suscribir contrato.Lea también: El drama de pacientes con trasplante de órganos o que necesitan citas con especialistas en Colombia"La entidad y Colombia Telecomunicaciones suscribieron un contrato interadministrativo con el objeto de prestar los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – TICS para su correcto funcionamiento de manera continua y permanente en todas las sedes del Sena y aquellos servicios y bienes conexos y complementarios necesarios para la operación del servicio por Urgencia Manifiesta, por $210.228 millones, y plazo de 5 meses contados a partir del 01/08/2023 hasta el 31/12/2023", se lee en el comunicado.Para la Contraloría, el Sena, al tomar la decisión de revocar el proceso licitatorio, y prolongar la contratación suscrita en virtud de la declaratoria de urgencia manifiesta por valores superiores a los previstos para dicha prestación de los servicios, "incurrió en una gestión fiscal antieconómica, generadora de detrimento patrimonial, por $43.660 millones, diferencia en valores pagados en mayo de 2024, en el contrato con Colombia Telecomunicaciones versus lo valores que hubiese pagado por los servicios de TIC del proceso licitatorio".Este valor, agrega el ente de control, se suma a los $45.733 millones configurados como detrimento patrimonial, producto de la verificación de la contratación derivada de la primera urgencia manifiesta.La Contraloría General explica que el contrato interadministrativo suscrito entre el Fondo Emprender del Sena y el operador tiene por objeto "contratar los servicios de gestión, operación, administración de los recursos e implementación de la ruta completa de creación, puesta en marcha, sostenibilidad de los proyectos del Fondo y recuperación de cartera, entre otros". Lea también: Alerta amarilla en volcán Puracé tras aumento de actividad sísmica: caída de ceniza y olor a azufreDel contrato interadministrativo se derivaban los Contratos de Cooperación Empresarial, suscrito entre el operador, el Sena - Fondo Emprender y los emprendedores beneficiados.El recurso adjudicado a cada contrato de cooperación empresarial puede ser condonado, siempre y cuando el emprendedor cumpla con las exigencias establecidas en las cláusulas contractuales, de lo contrario, dicho recurso debe ser reembolsado por los beneficiarios al Sena - Fondo Emprender de acuerdo con las cláusulas contenidas en el contrato y cuyo respaldo es un pagaré."En la auditoría que adelantó la Contraloría se encontraron, en los casos de no condonación de los planes de negocio, serias deficiencias y falta de diligencia por parte del Sena - Fondo Emprender en lo que respecta a la efectiva gestión y recuperación de cartera, generando una pérdida de recursos públicos por $3.601.352.360, debido al mal manejo y la no gestión oportuna a la hora de recuperar los recursos que eran reembolsables", agrega el comunicado del ente de control.Adicionalmente, señala, se evidenciaron deficiencias en la gestión del Sena – Fondo Emprender, que "ponen en riesgo la efectividad y continuidad del fondo en la promoción y creación de nuevas empresas y generación de empleo en el país, como: incumplimiento de requisitos técnicos y jurídicos en la etapa de formulación de los proyectos, que puede derivar en cambios en el objeto de los planes de negocios o su cierre y el consecuente riesgo de la inversión pública; prescripción de pagarés, gestión y seguimiento de cartera y demora en la expedición de resoluciones de planes condonados; demora en la suscripción de contratos de Encargo de Fiducia para la administración de los recursos del capital semilla y debilidades en el seguimiento por parte de Fondo Emprender Sena a los planes de negocio ya condonados".Lea también: Escasez, dolor y miedo en Tibú: así vive el pueblo la crisis por oleada violenta en el CatatumboPor estos y otros hallazgos, la Contraloría constituyó hallazgos administrativos de los cuales 16 tienen presunta incidencia disciplinaria y dos tienen incidencia fiscal por $47.261.757.461.
La Unión Temporal Centros Poblados deberá pagarle al Estado 87.027 millones de pesos por incurrir en irregularidades en la ejecución de contrato y no cumplir con la instalación de 7.277 centros digitales en zonas apartadas de Colombia. Así lo estipuló un fallo de la Contraloría General.>>> Vea más: Caso Centros Poblados: procuradora anuncia tutela para recuperar $70.000 millones perdidosLa Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría sostuvo que hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, lo que hizo que varios sitios apartados del país se quedaran sin acceso a internet.La entidad ordenó el pago por $87.027 millones por parte de Centros Poblados por irregularidades en el contrato 1043 de 2020, el cual se celebró entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones del gobierno de Iván Duque y Centros Poblados. “Se materializó en el incumplimiento de la entrega total de equipos para la culminación del proyecto, situación que impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado asociados con el propósito de llevar conectividad gratuita a las zonas más apartadas de Colombia”, dijo la Contraloría.El ente de control señaló que “hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, dado que no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales, cuyo objeto era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país”.Por tal motivo, la Contraloría determinó “fallar con responsabilidad en contra de las firmas que conformaron la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, en tanto que en calidad de contratistas no ejecutaron el contrato en los términos pactados”.¿Qué pasó con los 70.000 millones de Centros Poblados?La Contraloría especificó que “esta situación conllevó a la terminación anticipada del contrato que implicaba el retorno de los recursos públicos en virtud de la obligación adquirida, sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa por parte el consorcio, sin la cual no se hubiera dado inicio al contrato y, por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo ($70.000 millones)”.Además de la responsabilidad de Centros Poblados, el ente de control manifestó que hubo omisión en la entrega de los equipos por parte de la respectiva empresa proveedora y por eso declaró responsable fiscal al representante legal de la empresa distribuidora.La Contraloría “falló responsabilidad fiscal en contra de los miembros del consorcio interventor toda vez que dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que las soportaban, es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos, esto es, la totalidad de los equipos necesarios para en cumplimiento del proyecto”.¿Y los funcionarios del Mintic en el caso Centros Poblados?La Contraloría falló sin responsabilidad fiscal en contra de los funcionarios del Fondo Único de Mintic (Funtic) luego de la valoración integral de las pruebas y los argumentos de la defensa.En el caso de Adriana Meza, quien fue representante legal delegada del Funtic, “quedó acreditado que solo hasta el 20 de mayo de 2021 se le puso en su conocimiento de la situación de incumplimiento del contratista, de ahí que no contaba con fundamentos de hecho que le permitieran adelantar las acciones estipuladas en el contrato de aporte para conminar a la Unión Temporal al cumplimiento de sus obligaciones o solicitar la suspensión del giro de los recursos o la devolución del dinero por concepto de anticipo”, explicó la entidad.Sobre Sandra Orjuela, que fue subdirectora de gestión contractual de Mintic, dijo el órgano de control, “se probó que adelantó todos los procedimientos que le eran exigibles funcional y legalmente para la aprobación de las garantías bancarias sumado a que, tal y como quedó acreditado ante la Jurisdicción Penal, la misma fue inducida en error por parte de los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020”.Por último, Camilo Alberto Jiménez Santofimio, que fue supervisor del contrato, según la entidad, “quedó probado que no intervenía ni directa, ni indirectamente en la aprobación de las órdenes de pago, puesto que dicha obligación recaía única y exclusivamente sobre la interventoría”.¿Qué sucedió con Karen Abudinen en el caso Centros Poblados?El pasado 24 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación determinó archivar la investigación contra Karen Abudinen, quien fue ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el gobierno del expresidente Iván Duque y que llegó a ser mencionada en el caso de corrupción de Centros Poblados.Según el órgano de control, no se comprobó ninguna conducta irregular, es decir, durante la investigación disciplinaria no se hallaron pruebas suficientes que demostraran que Karen Abudinen cometió una falta disciplinaria en relación con las irregularidades en la adjudicación del contrato 1043 de 2020, correspondiente a la Unión Temporal Centros Poblados.El segundo aspecto que determinó la Procuraduría fue el de inexistencia de responsabilidad directa por parte de la exfuncionaria. Los análisis, dijo la entidad, “no constituyeron una violación a las normas de contratación pública que pudieran generar responsabilidades disciplinarias”.Por último, la entidad explicó que “el proceso se puede archivar cuando se comprueba que el hecho atribuido no existió o no hay elementos que demuestren la responsabilidad del investigado” y que la conducta atribuida a Karen Abudinen “no encajaba en los supuestos que justificarían una sanción disciplinaria”.>>> Le puede interesar: ¿Cuál es la situación de implicados en caso Centros Poblados? Karen Abudinen, absuelta
Durante la VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, que se celebra en Cartagena, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, hizo una dura advertencia: si se marchita el sector de petróleo y gas, Colombia necesitaría reformas tributarias mucho más agresivas.>>> Vea más: Ecopetrol importará gas: recomienda “dejar de usarlo en los momentos críticos”El funcionario manifestó que se necesita sí o sí importar gas en Colombia ante la situación del faltante que va a tener el país desde diciembre de este año.Rodríguez se refirió a las regalías que dejan en Colombia los recursos naturales: "Las regalías, que provienen de la explotación de recursos naturales en nuestros territorios, tienen el potencial de transformar profundamente nuestras comunidades a través de la inversión de recursos en aras de un mejor futuro. Sin embargo, a menudo vemos que estos dineros no se invierten de manera eficiente ni eficaz, lo que limita su capacidad para fomentar un desarrollo verdadero y sostenible".El contralor agregó que, “a medida que se agoten los recursos que generan regalías, tendrá que presentarse reformas tributarias más agresivas y esto es lo que en un futuro inmediato el país debe evitarse. Por eso, cuando me entero de casos de cese de exploración, pues, realmente, lo que observo es una fuente menos de recursos y que se reducen los tiempos disponibles”.Contralor, preocupado por el presupuesto 2025El contralor Rodríguez indicó que le preocupa el desfinanciamiento del presupuesto de la nación para el 2025 y dijo que, de no ser aprobada la ley, el Gobierno del presidente Gustavo Petro debe adoptar el presupuesto por decreto 511 billones.El contralor también señaló que, por dejar de exportar a Israel, Colombia dejaría de recibir más de 650 mil millones de pesos en regalías e impuestos."Debido a esta medida se dejan de percibir más de $650 mil millones en regalías, impuestos y contribuciones anuales, de los cuales, $100 mil millones van directamente a los departamentos de La Guajira y Cesar, esto sin contar lo que implica en términos de seguridad jurídica y confianza inversionista que repercute en el desarrollo del país y el obtener recursos importantes incluso para la inversión social", puntualizó el contralor.>>> Le puede interesar: ¿Peligra suministro de gas en Colombia? Ecopetrol pide que se genere energía con diésel
La Contraloría General de la República advirtió que hay riesgo de que más de 10 millones de colombianos se queden sin servicio de luz y puede haber “un inminente riesgo de racionamiento”.¿Por qué hay riesgo de racionamiento?“Se ha establecido que existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta situación puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada)”, indicó el ente de control.Según la Contraloría, “la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que a la fecha se conozca algún tipo de actuación desplegada por las autoridades mencionadas, a pesar de ser una situación de especial gravedad”.Así mismo, señaló que “contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de ‘la opción tarifaria’, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos. Otro factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas de la Costa Caribe.Otros servicios se verían afectados, según ContraloríaLa entidad recalcó que el “no pago de los subsidios por parte del Gobierno nacional, ingresos no recaudados por la opción tarifaria y el incumplimiento de los operadores de red con el mercado mayorista configuran un grave riesgo para la continuidad en la prestación del servicio, lo cual implica que ante una interrupción o suspensión del servicio de energía se vean afectados otros servicios como la salud, educación, comercio, e incluso acueductos; es decir, es una problemática que padecería la comunidad en general, dado que son múltiples las actividades que dependen de este servicio”.“Se realizarán los traslados respectivos a la Procuraduría General de la Nación a efectos de establecer las responsabilidades disciplinarias que correspondan", agrega.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a un informe conjunto presentado por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, en el que se señala que “los recursos destinados a la Política Pública de Víctimas continúan siendo insuficientes para la asistencia, atención y reparación integral de las 9.737.008 de víctimas registradas”.“Los cálculos realizados estiman que se requieren $303,9 billones constantes de 2024 para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación integral contempladas en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) entre 2024 y 2031. Dentro de los recursos requeridos para la asistencia, atención y reparación integral de la población víctima, se destacan: vivienda con $118 billones, indemnización individual y colectiva con $83,6 billones, generación de ingresos con $36,8 billones, subsistencia mínima con $12,9 billones y educación superior con $7,1 billones”, precisa el texto.“Tienen razón”: PetroEl presidente Petro reaccionó a este informe en el que, señaló, “dicen que la reparación de las víctimas costaría 334 billones de pesos y que el programa está retrasado. Tienen razón”.“Con 2 billones de pesos anuales invertidos en reparar víctimas nos demoraríamos 150 años en repararlas. Esta es una de las grandes hipocresías nacionales”, añadió.“La reparación de las víctimas en Colombia no se puede realizar si no se utilizan otros instrumentos del Estado, que es el responsable de la indemnización, diferentes al presupuesto nacional. Para reparar las víctimas en el corto plazo, en el plazo de sus vidas, es necesario emitir dinero por parte del Banco de la República”, propuesta que, según el mandatario, había hecho “alguna vez”.“El cupo de emisión anual que realiza el Banco de la República debería, en efectivo o bonos, dirigirse en primera instancia al largo listado de las víctimas de la violencia en Colombia. Esto significa que por un tiempo, de 10 a 15 años, el señoriaje de la Emisión pasaría del sector financiero a las víctimas de la violencia, un hecho que tiene ejemplos en otros lugares del mundo y que es el propio en un país que ha vivido 75 años bajo la violencia”, explicó el mandatario.
La Contraloría y el Gobierno colombiano han entregado investigaciones sobre la pérdida de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) con notables diferencias. Se ha lanzado un llamado de atención frente a un posible caso de corrupción que podría dejar millonarios detrimentos.>>> Le recomendamos: Pérdidas millonarias por cuenta de bloqueos fue tema clave en Congreso de Analdex¿Cuánto dinero del Sistema General de Regalías se ha perdido?Planeación Nacional visitó obras inconclusas en todo el país, determinando que más de 12,1 billones de pesos del Sistema General de Regalías estarían comprometidos. Esto correspondería a 2.094 proyectos que hay en construcción, de los cuales el 71,5% de las obras tienen el plazo de ejecución.Alexander López, director de Planeación Nacional, especificó que estos 12 billones de pesos debían transformar los territorios en Colombia, resolviendo las problemáticas de agua potable, saneamiento básico, construcción de escuelas, puestos de salud y conexión de territorios.Las denuncias de Planeación también muestran que hay 277 proyectos por un valor de un billón de pesos que figuran como terminados, pero que siguen en ejecución. Además, otros 2.133 proyectos por valor de 3,5 billones que no figuran con acta de terminación.En días pasados, el presidente Gustavo Petro había denunciado el robo de 9.1 billones de pesos en proyectos aprobados por el sistema de regalías y los OCAD Paz, pero la Contraloría dice que se tienen procesos de responsabilidad fiscal por 2.4 billones, una cifra mucho menor a la expuesta por el mandatario.Otros de los hallazgos del DNP tienen que ver con que la mayoría de los recursos se invirtieron en 20 municipios y que más de 6,6 billones de pesos están concentrados en solo 11 contratistas.>>> Puede interesarle: Rifirrafe entre el presidente Petro y el alcalde Galán por el Hospital San Juan de Dios
La Contaduría General de la Nación reveló que en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) aparecen deudas por aproximadamente 152 billones de pesos.>>> También puede leer: ¿Qué se está haciendo para evitar el desabastecimiento de petróleo y gas en Colombia?En esta entrega de Signo Pesos, el contador general de la Nación, Mauricio Gómez Villegas, explicó las implicaciones que tiene aparecer en el Boletín de Deudores Morosos y cómo afecta al funcionamiento del Estado.Mauricio Villegas expuso que “el Boletín de Deudores Morosos es un registro de información de personas naturales y jurídicas que mantienen deudas con las entidades estatales. Deudas con un valor superior a cinco SMMLV y que han estado en mora por más de seis meses”.“En este boletín hay aproximadamente 1.168.000 personas. Adeudan en total al Estado en el corte a mayo de este año cerca de 152 billones de pesos”, afirmó Gómez Villegas.>>> También puede leer: Nuevos beneficios para que venezolanos en Colombia puedan acceder a productos financieros
Después de que la Contraloría encendiera las alertas por el bajo nivel de ejecución presupuestal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la entidad afirmó que en lo corrido del 2024 ha girado pagos por $605 mil millones de pesos.>>> Le recomendamos: Procuraduría le formuló pliego de cargos al viceministro de Cultura por viaje a VenezuelaEjecución del presupuesto de la UNGRD durante el 2024Por medio de un comunicado, la UNGRD aclaró sus movimientos financieros en concepto de pagos girados en el periodo entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024.Según la unidad, la mayoría de estos pagos se ha dado para aspectos como la gestión del riesgo, al cumplimiento de compromisos pendientes de años anteriores y a gastos de funcionamiento de la entidad."Es importante aclarar que la UNGRD no se rige bajo el principio de anualidad y su ejecución no puede medirse con la misma metodología que a las demás entidades del Estado. Cabe mencionar que la mayoría de los pagos que hace la UNGRD se aplican a la reserva presupuestal y pago con valor líquido cero, lo que hace que no se reflejen directamente en la vigencia del 2024", detalló.Así mismo, aseveró que la actual dirección de la UNGRD, encabezada por Carlos Carrillo, está adelantando diálogos con el Ministerio de Hacienda para modificar el esquema de pagos para que la ejecución pueda ser contabilizada dentro de la anualidad y no se cargue a la reserva presupuestal.Para el año 2024, la UNGRD recibió un total de $780.279.241.893.>>> Puede interesarle: Corrupción en la UNGRD: Procuraduría investiga a más funcionarios¿Qué dijo la Contraloría sobre la ejecución presupuestal de la UNGRD?El 5 de agosto de 2024, la Contraloría advirtió la baja ejecución presupuestal por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para prevenir posibles estragos causados por riesgos naturales, entre ellos, el fenómeno de La Niña.El contralor general Carlos Hernán Rodríguez Becerra aseguró que “entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024, la UNGRD solo ha ejecutado el 0,96% del presupuesto destinado para la atención de riesgo y desastres”.Además, destacó que en 2023, el 0,02% de lo contratado por la entidad no fue ejecutado, por lo cual unos $2,13 billones de pesos pasaron como rezago presupuestal al año 2024.