Cristina Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci, envió una carta a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, solicitándoles una reunión virtual, pues considera que si viaja hasta Colombia existe un riesgo inminente para su familia y los abogados que la representan. La mujer expone en el documento la gravedad del asesinato de Francisco Luis Correa Galeano, pieza clave del caso, en la cárcel La Picota de Bogotá."Consideramos de extrema gravedad el asesinato de Francisco Luis Correa Galeano, condenado y privado de su libertad bajo la custodia del Estado colombiano, teniendo en cuenta que el mismo aún tenía datos que aportar, según había manifestado, y que dichos elementos podrían ser relevantes para lo que resta de la investigación", se lee en la misiva enviada por Cristina Aguilera. La viuda de Pecci afirmó que ya se había advertido del riesgo que corría el testigo clave de la investigación y, por ende, se había solicitado otorgarle medidas de seguridad para que se lograra concluir la investigación del crimen del fiscal paraguayo ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Colombia.Así lo aseguró la mujer: "La noticia de su deceso nos ha afectado considerablemente, ya que se había advertido que ello podía suceder, considerando todo el aporte que él realizó durante el proceso, y que contribuyó a la condena de los demás partícipes, resultando evidente que las medidas tomadas no fueron suficientes para proteger su vida, y a la fecha logran obstaculizar la investigación en curso, en relación a determinar quién o quiénes dieron la orden de ejecutar a mi esposo y padre de mi hijo". Solicitud de reunión tras el asesinato del testigo clave del crimen de Marcelo PecciEl asesinato del cerebro del crimen alertó a la familia de Pecci, razón por la que han solicitado una reunión con la Fiscalía General de la Nación y la ministra de Justicia, a fin de evitar que este patrón continúe sucediendo con los demás implicados del caso. "Ante la falta de avances en la investigación, así como este último grave episodio del asesinato de quien era considerado testigo clave, solicitamos una reunión virtual con la señora fiscal general del Estado, ya que se ha comprometido a seguir avanzando en el proceso, y que hemos tomado su palabra, en cuanto a la voluntad de seguir buscando a los autores intelectuales", dice la carta enviada a la fiscal Luz Camargo. Mientras que en la misiva dirigida a la ministra de Justicia, se menciona que la reunión virtual se solicita "ante la imposibilidad de trasladarnos hasta Colombia, dado el riesgo al cual nos vemos expuestos, tanto los abogados como miembros de la familia, teniendo en cuenta este último hecho (el asesinato de Correa) y las amenazas y hechos denunciados por nuestro abogado en Colombia, el Dr. Francisco Bernate, por lo tanto, requerimos la participación de la Abog. Cecilia Pérez Rivas, acompañada de Francisco Pecci (h), hermano de Marcelo, sobre la investigación del asesinato de Francisco Luis Correa Galeano". Familia de Marcelo Pecci criticó el actuar de la justicia en Paraguay Del mismo modo, la familia del fiscal antimafia emitió una declaración pública el pasado 6 de enero de 2024, tras el asesinato de Francisco Luis Correa Galeano, pieza clave en el crimen. El hombre fue asesinado el pasado viernes en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde estaba recluido; un hecho que ha suscitado temor y preocupación en el seno de la familia. En su declaración, la familia expresó su dolor por la pérdida de cualquier vida humana, condenando la violencia. Sin embargo, remarcó su frustración y temor a la impunidad que rodea el caso.Asimismo, denunció la falta de avances significativos por parte del Ministerio Público de Paraguay en la investigación, independientemente de los cambios en su liderazgo."El temor de que deliberadamente se esté dejando pasar el tiempo es cada vez más grande", afirmaron en un comunicado leído por Francisco Pecci, hermano del fiscal asesinado.Además, exigieron que las autoridades paraguayas abandonen el "secretismo inconstitucional" y cumplan con su deber de esclarecer el crimen, individualizando y castigando a los culpables."Es inconcebible que el derecho a la verdad de nuestra familia sea ignorado con resoluciones evasivas y vergonzosas", enfatizó.Los parientes de Pecci, uno de los fiscales más respetados de Paraguay, señalaron que las respuestas recibidas han sido absurdas y ofensivas, indicando que "la indiferencia de las instituciones equivale a complicidad".En ese sentido, la familia instó a los instituciones del sistema de Justicia a tomar una postura contundente en este caso. Y reiteró su compromiso de seguir exigiendo justicia, no solo por Marcelo Pecci, sino también por el futuro de Paraguay."Si el Paraguay no castiga a los culpables, ¿qué futuro podemos esperar para nuestro país?", concluyó el mensaje.Por su parte, el abogado de la familia de Pecci, Enrique Kronawetter, criticó con dureza lo que consideró falta de acción y transparencia por parte de las autoridades paraguayas y colombianas en la investigación del asesinato del fiscal.Acusó a las instituciones de negligencia y de utilizar pretextos legales para justificar su inacción.Además, mencionó que la demora en el manejo de las evidencias fomenta la impunidad y envía un mensaje de peligro a quienes intentan investigar casos relacionados con el crimen organizado.El jurista enfatizó que la familia busca justicia y transparencia, y exigió que las autoridades cumplan con su deber de manera formal y no a través de favores informales.Asimismo, denunció que la información proporcionada por las fiscalías es escasa, contradictoria y llega tarde, y agregó que en lugar de avances significativos, las autoridades presentan explicaciones evasivas, lo que refuerza la percepción de que no existe un verdadero interés en investigar a fondo el caso.Finalmente, Kronawetter afirmó que el asesinato del testigo clave reafirma el mensaje de intimidación y peligro que emana del crimen organizado.
Uniformados de la cárcel La Picota informaron que en la tarde de este domingo, 5 de enero, fue hallado sin vida el cuerpo de Iván José De la Rosa, señalado asesino de la joven Steffany Barranco, el pasado 29 de mayo en el centro comercial Santafé, en el norte de Bogotá.El hallazgo fue a las 3:40 de la tarde, en el pabellón 27, celda 9. El cuerpo, al parecer, tenía asfixia mecánica. Lea también: Señalado asesino de Steffany Barranco "le pegaba con palos” y la veía como “objeto personal”Los uniformados no evidenciaron el consumo de bebidas alcohólicas ni señales de una posible riña, por lo que la primera hipótesis señala un suicidio. No obstante, las autoridades aún se encuentran investigando los hechos. Iván José De la Rosa no había aceptado cargosEn la audiencia de imputación por el asesinato de Steffany Barranco, que se llevó a cabo el pasado 7 de junio de 2024, Iván José De la Rosa no había aceptado los cargos que le había impuesto la Fiscalía General de la Nación por el delito de feminicidio agravado. “Yo ya la tengo clara, no acepto cargos, en el momento no”, fueron las palabras del procesado.Durante la audiencia, la fiscal del caso habló de las diferentes amenazas que recibió la víctima por parte de De la Rosa, tras haber tomado la decisión de terminar su relación.Dentro de las pruebas encontradas por la Fiscalía, se reveló que De la Rosa tenía comportamientos posesivos y violentos con su pareja. Encerraba a sus dos pequeños hijos de 5 y 9 años para vigilar a Steffany Barranco, “le pegaba con palos”, no la dejaba tener redes sociales y, cuando ella manifestó su deseo de alejarse de él, la amenazó de muerte.“Luego de decirle algunas palabras en voz baja que no alcanzaron a escuchar los asistentes a ese establecimiento comercial, empezó a lastimar a esta mujer. Hace que ella se caiga al suelo y sigue agrediéndola en más de 18 oportunidades, como lo indica el informe pericial de necropsia”, puntualizó el ente acusador.Lea también: En Cauca, joven modelo perdió la vida al defender a su mamá de su papá durante pelea familiarCronología del feminicidioDe acuerdo con las autoridades, el feminicida llegó al centro comercial Santafé a las 5:00 p. m. del miércoles 29 de mayo en una motocicleta, ingresó por una de las entradas principales del primer piso y se dirigió hacia el almacén donde Steffany Barranco trabajaba.Pasadas las 5 de la tarde, Iván José de la Rosa ingresó al almacén de venta de utensilios de cocina y sostuvo una discusión con Steffany, quien fue su pareja sentimental por más de 10 años.Según las autoridades, el sujeto procedió a atacarla con un arma cortopunzante que tenía en uno de los morrales que cargaba. Después del brutal ataque, De la Rosa se autolesionó en el pecho y estómago.El comandante de la Policía de Bogotá, el general José Daniel Gualdrón, explicó que Iván José de la Rosa “le ocasiona las lesiones" a Steffany y "allí, prácticamente en el lugar, fallece la mujer.
En la madrugada de este viernes, 3 de enero, Francisco Correa Galeano, considerado el cerebro del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022 en Cartagena, fue asesinado en la cárcel La Picota con una arma cortopunzante. Según el reporte de las autoridades, se encontraba sin signos vitales, tendido en el piso de la celda, "con la presencia de lago hemático alrededor de su cuerpo". Correa Galeano tenía una condena de seis años y medio de prisión por porte ilegal de armas y amenazas a servidor público.(Lea también: Cerebro del asesinato del fiscal Pecci contó detalles del millonario pago que les hicieron)."Se escucha llamado radial del pabellón 32 por un dragoneante, quien solicita la presencia de un cuadro de mando en forma inmediata ya que en la celda 25 hay un aparente deceso", indicó el primer reporte de las autoridades.Aún los hechos son materia de investigación por parte del Inpec, y se espera que el presunto agresor sea judicializado en próximas horas.Hablan condenados por el caso PecciEl 10 de mayo de 2022, en una playa de Barú, Cartagena, fue asesinado el fiscal antimafia de Paraguay, Marcelo Pecci , mientras disfrutaba de la luna de miel con su esposa, Claudia Aguilera, quien estaba embarazada.Según la Fiscalía General de la Nación, Andrés Felipe Pérez Hoyos, junto a su hermano Ramón y Francisco Correa Galeano planearon, diseñaron y ejecutaron el crimen contra Pecci. Este último, asesinado en la mañana de hoy, aceptó mediante preacuerdo los delitos que se le imputaron. Un juez de conocimiento avaló la negociación.Por este caso también están en prisión Cristian Monsalve y Margareth Chacón, a quienes el ente investigador señala de la planeación del asesinato.La barranquillera de 41 años mantenía una relación con Andrés Felipe Pérez. "Margareth es totalmente inocente, ella es la mamá de mis hijos, es el amor de mi vida", aseguró Pérez a Los Informantes a mediados del 2024. El hombre contó que por este crimen pagaron 1.500 millones de pesos. “Conocí personas que de pronto no debí conocer y pues uno por hacer un favor de ganarse un dinero, sin medir las consecuencias, sin medir los actos, entonces caí en esto”, contó.Antes de los hechos, ellos regresaron a Cartagena, después de unas vacaciones en Cancún, México. Pérez reveló que pensó en cancelar el crimen, pero no lo hizo. Mientras que Margareth mencionó no haber estado enterada de la ejecución del asesinato.“Siempre estuve enamorada de Andrés, siempre, yo no voy a negar eso, que, aunque me sienta dolida en este momento, él ha sido el amor de mi vida”, dijo Chacón para el programa.Aseguró que viajó a Cancún, supuestamente, para casarse con quien fue acusado de ser el autor del crimen. Sin embargo, según el fiscal, aquel viaje fue para planear el asesinato del fiscal paraguayo. Luego ambos regresaron a la ciudad de Cartagena. “Él nunca cambió conmigo cuando vino de Cancún, nunca se le notó un misterio, nunca lo vi nervioso, nunca lo vi ansioso o preocupado”, agregó.Para la Fiscalía no fue evidente que ese encuentro en La Heróica era solo para consumar su amor, sino que se cree que fue para perpetrar el delito. Todos los involucrados estaban en la misma ciudad, eso era un hecho más que suficiente para que las autoridades dieran con sus capturas. Pérez tiene una condena de 25 años y 6 meses de prisión, mientras que Chacón deberá pagar 35 años de cárcel.(Lea también: Viuda de Marcelo Pecci destacó trabajo de Mario Burgos en caso por crimen de su esposo).
La libertad, el mejor regalo de Navidad que recibió un policía y padre de familia que duró preso casi dos años tras haber capturado a un narcotraficante en el Cauca. Ante un juez, el narco se acordó seis meses después de haber sido detenido de que el policía le había robado una droga. El reencuentro del hombre con su esposa se reflejó en un abrazo de felicidad luego de casi dos años, tiempo en el que el policía duró tras las rejas en la cárcel La Picota de Bogotá.¿Cómo fue la captura del narcochofer en Cauca?El infierno de esta pareja comenzó en 2022, luego de que el entonces patrullero de la Policía, Ómar Hernández, detuviera a las dos de la mañana frente a la estación de Policía en Totoró, Cauca, donde trabaja, a un carro de la Unidad de Protección, cuyo conductor, que se negaba a descender del vehículo, llamó a un supuesto coronel de la Policía para pedirle ayuda.La llamada intimidante generó una reacción del entonces patrullero Hernández.“Usted llama a un coronel, eso se llama tráfico de influencias, caballero”, le aseguró en su momento el patrullero al conductor del vehículo.El sospechoso le insistió en varias oportunidades al patrullero Hernández para que atendiera la llamada telefónica del supuesto coronel.“Le dije: ‘mi coronel, lo que pasa es que tenemos un vehículo’. Me dijo ‘sí, es que es un comerciante y viene de lejos, colabóreme. Viene monitoreado por DITRA’. Nunca me dijo por qué venía monitoreado y yo le dije: ‘mi coronel me queda muy imposible colaborarle”, contó Ómar Hernández, en diálogo con Noticias Caracol en vivo.Después de la insistencia del agente, el sospechoso se identificó como el expolicía Manuel Castañeda y siguió encerrado en su camioneta blindada.“Cuando él trató de abrir la puerta, rápidamente mi compañero se le lanzó y le cogió la puerta para no dejarla cerrar y llegamos ahí, pedimos apoyo de mis dos compañeros para abrirle la puerta. Él dijo: ‘tranquilo, cuadremos, hay 300 millones’. Entonces yo le dije: ‘bájese del vehículo’. Se bajó y lo requisé para ver si tenía armamento. Abrimos el carro, cuando encontramos varios paquetes con el número 727, cuando nosotros vimos el tapete lleno con esos paquetes”, recordó el uniformado.Según el policía, el carro estaba lleno de droga. Él procedió a sacarla del vehículo y colocarla sobre una mesa para conocer qué cantidad había y hacer el debido proceso frente a uno de sus superiores.“El subintendente Medina es subcomandante de la estación de Totoró, el segundo al mando. Él estaba ahí sentado y nosotros íbamos dejando la droga ahí, para que él se diera cuenta qué droga íbamos bajando. Asimismo, contamos los 168 paquetes”, afirmó el hombre.Dichos paquetes de cocaína fueron grabados y mostrados por el subintendente Fabio Medina, en ese entonces subcomandante de la estación de Totoró.Por seguridad, trasladaron la droga y al narco capturado a la estación de Policía en Piendamó, Cauca.“Allá estaba un señor mayor de la Sijín, un señor oficial capitán de la Cipol”, señaló Hernández.En la estación de Piendamó, Cauca, de nuevo, bajo extremas medidas de seguridad, bajaron la droga incautada.“El de la Sijín contó la droga y verificó que había 168 (paquetes)”, acotó el patrullero.Mientras hacían el procedimiento, a la estación de Piendamó llegó el coronel Montañez, supuesto oficial de la Policía que intercedió por el llamado narcochofer durante la detención. Explicó el patrullero Hernández que el oficial que se identificó en ese momento como comandante de la Policía de Tránsito del Cauca pidió revisar la camioneta inmovilizada.“Yo le dije: ‘mi coronel, con todo respeto, pero es que este carro, ¿por qué lo va a requisar DITRA si esto lo cogió fue la vigilancia? Él dijo: ‘es que para verificar si hay armamento o hay droga’”, puntualizó el policía.De acuerdo con la versión de Hernández, el coronel Montañez no encontró nada en el vehículo, razón por la que se fue de la estación de Policía. Ese mismo día, los uniformados entregaron la cocaína incautada al CTI.Así lo confirmó el patrullero: “Le contamos 168 al señor investigador del CTI”. Mientras que al narcochofer lo trasladaron a Popayán, donde le realizaron la audiencia y un juez lo envió a la cárcel.El narcochofer denunció a los policías Pero, seis meses después, desde la misma prisión, el llamado narcochofer Manuel Castañeda hizo una grave denuncia ante la Fiscalía contra los tres policías que lo habían capturado.“Castañeda dice que le faltaba droga. Pero él nunca dijo ni a nosotros, ni al comandante, ni a la Fiscalía. A los meses salieron con el cuento de que le faltaba droga”, aseguró el uniformado.Por esos señalamientos de Castañeda, tres policías terminaron presos, entre ellos, el patrullero Omar Hernández.“Comenzó la audiencia y me dijeron que yo había quitado 44 kilos y que era una banda”, dijo el patrullero. A la acusación del señalado narcochofer se sumó la versión del subintendente Medina, el mismo uniformado, aseguró Hernández, que grabó el video diciendo cuánta droga habían incautado ese diciembre del 2022 sin reportar ninguna novedad; pero casi tres meses después del procedimiento, la versión del subintendente Medina a la Fiscalía cambió.“Al final de descargar conté 168 panelas, precisando que antes de yo iniciar el conteo los patrulleros ya habían bajado una parte de lo que iba en el carro. Acto seguido, yo le pregunté a mi sargento que ¿cuántas había contado al final de la descarga del carro? Mi sargento me dijo que 168. Entonces yo le dije que ¿por qué si antes se habían bajado algunas más? Mi sargento me preguntaba que si será que estos manes desviaron eso”, dice el apartado de la declaración del subintendente Medina.Casi cinco meses después de esta declaración ante la Fiscalía, el subintendente Fabio Medina fue citado por la Inspección General de la Policía. Allí entregó una nueva versión: “Tampoco vi a ninguno de los funcionarios haciendo algo con ella. No sabíamos cuánta cantidad de droga había, entonces, como me quedó la duda, me dirigí precisamente a donde estaba el capturado y le pregunté si él tenía conocimiento de cuánta droga estaba llevando atrás y él me manifestó que no sabía, que a él solamente le había dado ese carro y que él solamente lo estaba movilizando”.Tres patrulleros fueron condenados a prisiónEl señalado narcochofer ya está libre, luego de que las autoridades le aceptaran un principio de oportunidad. El señalado coronel Montañez fue escuchado por la Fiscalía, que no halló responsabilidad del uniformado en el caso. Él se retiró de la Policía; mientras tanto, los tres patrulleros, entre ellos, Hernández, sí permanecieron los casi dos años presos.El abogado defensor del uniformado calificó la captura como una injusticia. “Nos causa inquietud, escozor y vergüenza por parte de la rama Judicial. Por realizar un procedimiento conforme a la ley, conforme a la Constitución y conforme a sus funciones, resulta injustamente privado de la libertad”, indicó Hollman Devia, abogado del patrullero.“Me da tristeza que sagradamente me hubieran metido a la cárcel por esto, eso me da tristeza. Si lo hubiera cometido, hágale; pero no me hagan esto, soy inocente, eso es lo único que digo”, concluyó el hombre.Casi 20 días después de esta declaración a Noticias Caracol desde la cárcel La Picota, Omar Hernández recuperó su libertad. Afuera de prisión lo esperaba su esposa y, con un emotivo abrazo, esperan continuar sus vidas en libertad.
En la madrugada de este martes, 3 de diciembre de 2024, se dio inicio a un gran operativo liderado por el director General de Policía, William Salamanca Ramírez, y coordinado también por agencias de los Estados Unidos en 11 cárceles del país, con el fin de desarticular bandas dedicadas a la extorsión en estos centros penitenciarios. Más de 2.000 uniformados de grupos especializados de la Policía en todo el país y más de 600 en Bogotá fueron desplegados durante las tomas a las cárceles.Estas diligencias buscaron recopilar las pruebas suficientes para ver si algunos de los cabecillas que han seguido delinquiendo desde las cárceles con extorsiones y temas relacionados con drogas pueden ser extraditados en los próximos días.¿Cuáles fueron las cárceles intervenidas en el país?Las 11 cárceles en las que se llevaron a cabo los operativos fueron: Cómbita - BoyacáLa Modelo - BogotáPicota - BogotáPedregal - MedellínPicaleña - IbaguéDoña Juana - DoradaTramacua - ValleduparLa Modelo - Cúcuta 30El Buen Pastor- BogotáJamundí - VallePalo Gordo – SantanderTambién puede leer: Confirman inhabilidad de exdirector de cárcel La Picota por pedir dinero a extraditable¿Cómo se adelantaron los operativos en cárceles de Bogotá?En Bogotá, sobre las 2:30 a.m. empezó la formación de más de 600 policías incluidos comandos, Gaula, inteligencia, investigación criminal, tecnología y componentes caninos, entre otras especialidades, en la sede de la Dirección Nacional de la Policía. A las 3:00 a.m., el mismo general Salamanca llegó hasta el lugar y comenzó a dirigir a los uniformados, que no sabían para dónde iban, los distribuyó en grupos y en buses acompañados por tanquetas. También se dispuso de una flotilla de helicópteros que tenía como objetivo respaldar desde el aire a los uniformados en tierra o extraer a los comandos en caso de presentarse alguna alteración al orden público. "Estamos también con las capacidades aéreas a bordo de un Black Hawk para supervisar la operación de toma de las cárceles en Colombia, para golpear a delincuentes que están convirtiendo estos lugares, algunos, en sitios de inseguridad y que desde allá están afectando la convivencia de los colombianos", explicó el general Salamanca.Llegadas las 3:30 a.m. arribaron los uniformados a la cárcel Picota, a La Modelo y al Buen Pastor y comenzaron las pesquisas. En medio de las inspecciones, las autoridades hallaron decenas de celulares y aparatos electrónicos con los que los delincuentes venían extorsionando a comerciantes. En cuadernos se encontraron también múltiples listados de víctimas a las cuales los extorsionistas llamaban a diario pidiéndoles dinero a cambio de poder seguir trabajando y de respetar su vida. En la cárcel La Modelo, 270 policías ingresaron al centro penitenciario que queda ubicado en la localidad de Puente Aranda. Cada una de las celdas fueron requisadas minuciosamente, al igual que los diferentes patios. Luego de más de 5 horas de toma a La Modelo, la Policía detuvo a varias personas, entre ellas algunos servidores públicos. Cabe recordar que hace menos de un mes se desarticuló en ese centro penitenciario un call center dedicado a la extorsión. Balance de incautaciones y detenidos en el país durante los operativos en las 11 cárcelesEl general José Luis Ramírez, jefe Nacional del Servicio de la Policía, dijo que "hasta el momento han sido capturadas ocho personas, de las cuales seis son guardianes del Inpec. Asimismo, se han incautado 408 armas blancas, 322 celulares y 6.641 gramos de estupefacientes".La Policía señala que el 25% de las extorsiones en Colombia salen de las cárceles que este martes fueron objetivo de la Policía en los allanamientos y que el 46% se presentan en las calles de las diferentes ciudades del país. También puede leer: Caso Juan Felipe Rincón: los argumentos con los que el juez dejó en libertad a Andrés Camilo Sotelo
La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad general de 17 años a Luis Francisco Perdomo Claros, exdirector de cárcel La Picota (2018), quien, según el Ministerio Público, le pidió $30 millones al extraditable José Bayron Piedrahita Ceballos “para autorizar el ingreso extraordinario de familiares y amigos” al penal.(Lea también: José Bayron Piedrahita se declara culpable por sobornar a un agente de Estados Unidos)La entidad disciplinaria reiteró el fallo de segunda instancia contra el exfuncionario “por solicitar dinero a una persona privada de la libertad (ppl) a cambio de obtener beneficios irregularmente.”¿Qué ofrecía exdirector de La Picota para exigir el dinero?“La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento ratificó que el disciplinado solicitó el pago de $30 millones a José Bayron Piedrahita Ceballos para autorizar el ingreso extraordinario de familiares y amigos al lugar en el que se encontraba recluido y despedirse antes de ser extraditado a los Estados Unidos”, se lee en un comunicado.“El Ministerio Público encontró probado que los montos referidos fueron entregados en un establecimiento ubicado en la plazoleta de comidas de un hotel en Bogotá”, donde el exdirector de La Picota “fue capturado en flagrancia por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación”.La Procuraduría dijo “que el entonces funcionario quebrantó el principio de moralidad y que en todo caso ‘se trata de un delito de peligro, de mera conducta y consumación instantánea, por tanto, se perfecciona con la realización simple de cualquiera de las acciones que el tipo consagra en forma alternativa, independiente del resultado obtenido’”.Subrayó que contra la “falta disciplinaria gravísima, sancionada a título de dolo al haber sido cometida con ocasión de la función o abuso del cargo que ostentaba en el momento”, no procede recurso de apelación.¿Cuáles son los antecedentes de José Bayron Piedrahita Ceballos?El colombiano, extraditado a Estados Unidos en abril de 2019, aceptó haber sobornado a un antiguo agente fronterizo con 20 mil dólares en efectivo y un bacanal que incluía servicios sexuales.El narcotraficante, además, enlodó a los dos lobistas de Odebrecht en presuntos negocios para ocultar el origen ilícito de miles de millones de pesos. El primer caso es el de Federico Gaviria, un empresario que ha estado en los estrados por los escándalos del carrusel de las ambulancias, el carrusel de la contratación y los sobornos que la multinacional Odebrecht. El extraditable también salpicó a uno de sus socios más antiguos: el exsenador Otto Bula.(Lea también: Así enlodó un temido narco a los dos lobistas de Odebrecht: impactantes revelaciones)
En las últimas, horas el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció el homicidio del dragoneante Jeisson Cardona, un trabajador de la institución que fue asesinado en el barrio La Argentina (Ciudad Bolívar) de Bogotá. Este guardia laboraba en la cárcel La Picota dese hace aproximadamente 12 años.El crimen se presentó en la noche de este viernes 15 de octubre, hacia las 9:50 de la noche, en la transversal 48C #69H-12 Sur.>>>Puede interesarle: Capturan a dos policías activos en Bogotá, señalados de extorsión: ¿quién los detuvo?Según conoció Noticias Caracol en vivo, el hombre se encontraba en un billar de este barrio, ubicado en el sur de la capital, cuando fue atacado por un sicario, quien huyó en una bicicleta roja luego de cometer el crimen y fue perseguido por la comunidad.🕊️ #Condolencias | Queremos extender nuestro sentido pésame a los seres queridos y compañeros del Dragoneante Jeisson Cardona quien trabajaba en la Cárcel Picota de Bogotá.Nos unimos en solidaridad como #FamiliaINPEC... pic.twitter.com/yoZgEfGjuN— INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) November 16, 2024 Las cámaras de seguridad del establecimiento lograron captar el momento exacto en el que se presentó este incidente, grabación que ya se encuentra en poder de las autoridades que investigan las circunstancias del hecho. Incluso, en las últimas horas se divulgó una fotografía con un supuesto panfleto que habría recibido el fallecido.>>>Más noticias: Asesinato de Dr. Velásquez: confeso asesino del productor musical llegó a acuerdo con la Fiscalía“Queremos extender nuestro pésame a los seres queridos y compañeros del dragoneante Jeisson Cardona, quien trabajaba en la Cárcel Picota de Bogotá. Nos unimos en solidaridad como #FamiliaINPEC”, dijo el Inpec a través de sus redes sociales oficiales.¿Cómo escapó el sicario que asesinó a dragoniante del Inpec en el sur de Bogotá?Acorde con información suministrada por las autoridades, el sicario implicado se movilizaba en una bicicleta y, tras asesinar al guardia, emprendió la huida. Durante el escape, el responsable fue perseguido por los ciudadanos que departían al interior del billar en el que se cometió el crimen, por lo que el sicario se bajó de su bicicleta, accionó su arma de fuego en reiteradas ocasiones contra estas personas y huyó.Los familiares del asesinado aseguran que este habría sido víctima de extorsión, pues era propietario de un almacén de plásticos en el municipio de Soacha. Por ahora, las autoridades inician las labores correspondientes para dar con el paradero del responsable.
En la mañana de este martes, 23 de julio, se dio a conocer que la Procuraduría General de la Nación investiga al dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) Johan Camilo Sánchez Navarro, por presunta falsedad en testimonio respecto a la fuga de Juan Lárrison Estupiñán, más conocido como alias Matamba.>>> Le puede interesar: Con captura del ‘Pájaro’ descubrieron que narcos hicieron ‘vaca’ para la fuga de ‘Matamba’Matamba, quien era un capo de la banda La Cordillera, escapó de la cárcel La Picota el 18 de marzo de 2022.Al parecer, el servidor público favoreció la huida de alias Matamba de la cárcel La Picota.¿Qué está analizando la Procuraduría?El Ministerio Público informó que investiga si el funcionario favoreció la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán para que este pudiera salir de La Picota sin ser visto.La Procuraduría Segunda Distrital busca esclarecer si Johan Camilo Sánchez Navarro “manifestó hechos contrarios a la realidad bajo la gravedad de juramento”.Para esclarecer este hecho, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas pertinentes que actualmente son objeto de investigación.>>> Le recomendamos leer: Así se produjo la captura de alias 'Pájaro', implicado en fuga de 'Matamba'
Este miércoles, 10 de julio de 2024, Salvatore Mancuso recobró su libertad, después de que el Inpec completó un trámite para que el exjefe paramilitar dejara la cárcel La Picota de Bogotá.“Luego de decisiones judiciales del pasado viernes frente a la libertad de Salvatore Mancuso, la dirección del Inpec dispone de un equipo jurídico con el fin de acatar la decisión judicial, pero de revisar otros procesos pendientes. Con ayuda y apoyo de la ministra de Justicia, hemos tenido comunicación con autoridades judiciales con el fin de que nos dieran una respuesta pronta frente a requerimientos pendientes. El día de hoy, La Picota nos confirma que no hay requerimientos pendientes”, aseveró el teniente coronel Rolando Ramírez Sanabria, director encargado del Inpec.>>> Le puede interesar: Salvatore Mancuso: ¿qué le falta al condenado asesino para recobrar su libertad?JEP le había negado la libertad a MancusoCabe recordar que el 4 de julio de 2024, la JEP confirmó que negaba la libertad transitoria, condicionada y anticipada solicitada por la defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, así como su libertad en calidad de gestor de paz.Según la Jurisdicción Especial para la Paz, su determinación tiene que ver con “que la comparecencia de Mancuso ante la JEP se encuentra en estudio por parte de la Corte Constitucional debido a una ‘colisión positiva de competencia de jurisdicciones’”, por lo que “la competencia de la JEP, por el factor personal, se encuentra cuestionada”.¿Mancuso gestor de paz?El domingo 23 de julio de 2023, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer la decisión sobre el nombramiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz, alegando que este sería un paso para "terminar el proceso y lograr la completa paz".Mientras la decisión ha generado opiniones divididas, Mancuso se dirigió a las autodefensas y excomandantes paramilitares resaltando que, "más allá del nombramiento, la noticia más relevante" para ellos "es la reanudación de las negociaciones de Ralito", lo cual, desde su visión, los "pone de nuevo en el centro del escenario político y de manera directa en la agenda de la paz total”.¿Qué dicen las víctimas?Luego de por lo menos 20 años, algunas de las víctimas de este exjefe paramilitar consideran que la designación como gestor de paz es una excusa, por no decir un atajo, con el fin de buscar beneficios personales para Salvatore Macuso, pues aseguran que en este tiempo no ha dicho la verdad completa y ha entregado información a cuentagotas.Además, critican que un gestor de paz no pueda ir a muchas zonas, por lo menos ocho departamentos del país donde hoy están sus víctimas, porque lo consideran una afrenta y esto no es lógico, aseguran, en el marco de una designación.“Ese proceso y esa designación, esas funciones, solo las vemos si van en la dirección correcta de que por primera vez se entregue la verdad. Nosotros, las organizaciones de derechos humanos y las víctimas del conflicto armado, lo que es verdad plena, no una verdad a cuentagotas, una verdad con intereses”, indicó Wilfredo Cañizales, presidente de la Fundación Progresar.“La única gestión que puede hacer Salvatore Mancuso, si le quitan esa motivación, es dedicarse a manosear su fortuna, a disfrutar la tierra de sus desplazados y a la zalamería de aquellos aduladores insensibles que los rodean y que lo ven como un semidios”, indicó Juan David Díaz, hijo de Eudaldo Díaz, alcalde de El Roble (Sucre) asesinado en 2003.Vea, además: JEP confirma que niega la libertad condicional a Salvatore Mancuso
Esperanza Bustamante, representante de la Fundación Corazón Humano, que trabaja para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, habló sobre las malas condiciones en las que viven los presos en Colombia.Le puede interesar: Director de cárcel de Palogordo sin seguridad: "Todo el tiempo nos están amenazando”La fundación ha enviado una carta al presidente Gustavo Petro y a Néstor Osuna, ministro de Justicia, solicitando de manera urgente enfrentar la crisis carcelaria que afronta el país.La representante asegura que no todos los presos son responsables de los actos de violencia que han ocurrido en las cárceles de Colombia, por lo que es fundamental el respeto de su dignidad y que se les ofrezca la oportunidad de reintegrarse a la sociedad cuando finalice su condena."Están cometiendo en este momento errores y, fuera de eso, están esperando. Es una oportunidad ante la sociedad. No hay que olvidar que estas personas, a pesar de estar privadas de la libertad, van a volver en algún momento dado a reintegrarse a ella”, expresó Bustamante para Blu Radio.Además, la representante habló sobre la difícil situación de las cárceles: "La emergencia carcelaria lleva más de 20 años decretada, es resultado de una política criminal fallida, totalmente fallida. Nosotros esperábamos que mejoraran las condiciones de los privados de la libertad en este Gobierno, pero todo sigue exactamente igual. No podemos continuar abriendo más cárceles cuando ni siquiera podemos sostener las que tenemos".Denuncia la Fundación que sufren una alimentación inadecuada, problemas de salud y no reciben la atención médica especializada para tratar estas dificultades. Incluso, la organización también denuncia corrupción en contratación de estructuras y alimentos para los reos, pero hasta el momento no se han tomado medidas al respecto."Es una corrupción total en esas contrataciones. Nunca llegan los dineros que son entregados directamente a las cárceles. Hay personas que reciben el desayuno a las 6 de la tarde. En muchas ciudades, los niños que están guardados dentro de estas prisiones con sus madres ni siquiera tienen un ventilador. Esto se está saliendo de control, nosotros lo advertimos, inclusive", manifestó Bustamante.Por último, la Fundación Corazón Humano pide una mesa de diálogo con el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia para discutir las problemáticas y buscar soluciones. La representante dice que la situación en las cárceles es grave y evidencia una crisis humanitaria, la cual no puede ser ignorada.Vea más: Pedro Pluma se encuentra en la cárcel La Picota, confirma el Inpec
