La violencia, los saqueos y las manifestaciones para forzar la dimisión del primer ministro de Haití , Ariel Henry, marcaron el pasado jueves, 15 de septiembre de 2022, la vida en un país en el que, ante el agravamiento de la situación, varias embajadas cerraron sus puertas.
Delegaciones como las de España, Francia, República Dominicana o Canadá, entre otras, permanecieron cerradas, tal como anunciaron en las redes sociales y a través de comunicados, aunque mantienen operativos los teléfonos de emergencias consulares.
Incluso la vecina República Dominicana, cuya frontera con Haití afirma que "está asegurada", ha evacuado al personal civil de su embajada y consulados para proteger "la integridad física del personal", según un comunicado del Gobierno.
En Haití, la situación se deteriora por momentos y amenaza con sumir al país más pobre de América en un verdadero caos, en especial desde que, a principios de semana, Henry anunciara la subida de los precios de los carburantes.
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Las protestas antigubernamentales se multiplican y son cada vez más numerosas y violentas en Puerto Príncipe y otras grandes localidades, con saqueos, lanzamiento de piedras, incendios y quema de barricadas, lo que ha llevado a la paralización total de las actividades, con organismos públicos, comercios y bancos cerrados y sin transporte.
Una de las marchas en la capital estuvo encabezada por Jimmy Cherizier, alias ‘Barbecue’, jefe de la banda G-9 y uno de los criminales más temidos de Haití, siempre en el objetivo de la Policía.
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En las distintas manifestaciones en Puerto Príncipe, en las que este jueves participaron miles de personas, se escucharon gritos como "vamos al supermercado, Ariel Henry pagará", a modo de anuncio de los saqueos que iban a producirse.
El principal botín es la comida, en un país donde más del 40 % de la población sufre inseguridad alimentaria.
A estos actos de pillaje se sumaron los incendios de instituciones, organismos y oficinas públicas en Puerto Príncipe y algunas ciudades como Gonaïves.
Así, en la capital, las dependencias de la televisión pública de Haití fueron saqueadas, los manifestantes se llevaron equipos y prendieron fuego al menos a tres vehículos.
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A pesar de la intervención de la Policía Nacional, que lanzó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, la situación sigue siendo muy complicada.
También establecimientos en la carretera de la zona capitalina de Delmas fueron objeto del vandalismo de unos manifestantes furiosos, que amenazan con poner al país bajo fuego y sangre para obligar al Gobierno a dar marcha atrás en su decisión de aumentar el precio de los derivados del petróleo.
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Y es que la anunciada subida agravará aún más la situación económica de una población que ya vive en extrema precariedad, lejos de servicios básicos como el agua, la electricidad y la sanidad.
Este jueves también se registraron graves disturbios en Gonaïves: las oficinas de la ONG Cáritas fueron saqueadas y los manifestantes, tras un primer intento fallido la víspera, consiguieron llevarse todo lo que encontraron a su paso en las instalaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Además, las dependencias del PMA fueron incendiadas por los manifestantes, frente a quienes la Policía se mostró impotente.
Ante el aumento de la tensión en el área metropolitana y sus alrededores, la Dirección de la Policía Nacional anunció la suspensión, hasta nuevo aviso, de los permisos para portar armas.
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En las protestas, los manifestantes prometen que conseguirán sacar del poder a Ariel Henry, cuyo gobierno ya ha aumentado dos veces en menos de un año el precio del combustible, un producto que escasea desde hace al menos tres meses.
Las acciones en contra de la subida de los carburantes se suman a las que se llevan a cabo desde hace más un mes en el país para exigir la adopción de medidas que pongan fin al alto costo de la vida y la escasez de combustible.
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Haití atraviesa desde hace años una crisis sociopolítica y económica sin precedentes, marcada por el aumento de las guerras entre bandas, los ataques armados, los asesinatos, los robos, las violaciones y los secuestros.
La situación se agravó tras el magnicidio el año pasado del presidente Jovenel Moïse.
Todo ello ha incrementado aún más la miseria entre los habitantes de Haití, donde 4,9 millones de personas, que representan el 43 % de la población, necesitan ayuda humanitaria para poder vivir.
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