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En medio de la tensión que atraviesa Venezuela este viernes por cuenta de la cuestionada investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato, entre acusaciones de fraude y aislamiento internacional, el Consejo de la Unión Europea (UE) impuso nuevas sanciones a 15 funcionarios del chavismo ante la falta de avances hacia un diálogo entre actores políticos.
El decreto, con fecha del 9 de enero de 2025, amplía la lista de sanciones contra funcionarios y altos cargos de Venezuela e incluye a esos 15 nombres. El Consejo de la UE señaló que esta decisión responde a la persistente crisis de derechos humanos que enfrenta el país vecino.
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De manera paralela, la Unión Europea (UE) insistió este viernes en que las autoridades de Venezuela liberen a todos los presos políticos y cesen todas las detenciones arbitrarias, en el día en que tiene que tomar posesión el nuevo presidente del país.
“La UE hace un llamamiento a Venezuela para que ponga fin a todas las detenciones injustas y arbitrarias, incluidas las de ciudadanos con doble nacionalidad y extranjeros, y también para que garantice la liberación incondicional de todos los presos políticos”, indicó la portavoz comunitaria Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.
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La portavoz subrayó que, desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, las autoridades venezolanas “han endurecido la represión y el acoso contra la oposición y la sociedad civil y sus familias, encarcelando también a las voces disidentes y obligando a sus propios ciudadanos a vivir con miedo o a exiliarse”.
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“Hemos visto también recientes intimidaciones y detenciones de opositores. Esto es constante. Muchos de ellos, siguen enfrentándose a la represión. Así que condenamos esto”, recalcó.
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Hipper recordó que la posición de la UE sobre Venezuela “ha quedado clara”, y recordó que la Unión “se solidariza con el pueblo de Venezuela, que votó pacíficamente el 28 de julio de 2024 para decidir el futuro de su país, y apoya una transición pacífica e inclusiva en Venezuela”.
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Sala Electoral del TSJ: "por declarar incontestable la victoria presidencial de Nicolás Maduro en 2024 y de interferir en elecciones primarias opositoras".
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Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta del TSJ y de la Sala Electoral: "por participar en la certificación de resultados electorales no transparentes".
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Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrado de la Sala Constitucional del TSJ: "por apoyar la certificación de resultados electorales irregulares".
Malaquías Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ: "por excluir a María Corina Machado como candidata presidencial".
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Antonio José Meneses Rodríguez, secretario general del Consejo Nacional Electoral (CNE): "por causar retrasos en procesos electorales y bloquear denuncias de irregularidades".
Carlos Enrique Quintero Cuevas, vicepresidente del CNE: "por obstaculizar un proceso electoral transparente".
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Conrado Ramón Pérez Briceño, rector principal del CNE: "por participar en decisiones que afectaron la transparencia electoral".
Rosalba Gil Pacheco, rectora principal del CNE y presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral: "por participar en decisiones que impidieron resultados electorales exactos".
Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal auxiliar del Ministerio Público: "por participar en la persecución judicial de Edmundo González, candidato opositor".
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Edward Miguel Briceño Cisneros, juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia: "por emitir una orden de detención contra Edmundo González Urrutia por motivos políticos".
Alexis José Rodríguez Cabello, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin): "por estar implicado en violaciones graves de derechos humanos y represión de opositores".
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Miguel Antonio Muñoz Palacios, director adjunto del Sebin: "por supervisar las detenciones arbitrarias y torturas en el centro de detención El Helicoide".
Elio Ramón Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB): "por su presunta responsabilidad en violaciones de derechos humanos tras las elecciones de 2024".
Asdrúbal José Brito Hernández, director del Departamento de Investigaciones Penales (DEIPC) de la DGCIM: "por estar vinculado con torturas y represión contra opositores".
Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB): "por su responsabilidad en la represión de protestas pacíficas y violaciones de derechos humanos".
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