Venezuela: los 15 funcionarios de Nicolás Maduro a quienes la Unión Europea impuso sanciones

En medio de la tensión que atraviesa Venezuela este viernes por cuenta de la cuestionada investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato, entre acusaciones de fraude y aislamiento internacional, el Consejo de la Unión Europea (UE) impuso nuevas sanciones a 15 funcionarios del chavismo ante la falta de avances hacia un diálogo entre actores políticos.

El decreto, con fecha del 9 de enero de 2025, amplía la lista de sanciones contra funcionarios y altos cargos de Venezuela e incluye a esos 15 nombres. El Consejo de la UE señaló que esta decisión responde a la persistente crisis de derechos humanos que enfrenta el país vecino.

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De manera paralela, la Unión Europea (UE) insistió este viernes en que las autoridades de Venezuela liberen a todos los presos políticos y cesen todas las detenciones arbitrarias, en el día en que tiene que tomar posesión el nuevo presidente del país.

“La UE hace un llamamiento a Venezuela para que ponga fin a todas las detenciones injustas y arbitrarias, incluidas las de ciudadanos con doble nacionalidad y extranjeros, y también para que garantice la liberación incondicional de todos los presos políticos”, indicó la portavoz comunitaria Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

La portavoz subrayó que, desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, las autoridades venezolanas “han endurecido la represión y el acoso contra la oposición y la sociedad civil y sus familias, encarcelando también a las voces disidentes y obligando a sus propios ciudadanos a vivir con miedo o a exiliarse”.

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“Hemos visto también recientes intimidaciones y detenciones de opositores. Esto es constante. Muchos de ellos, siguen enfrentándose a la represión. Así que condenamos esto”, recalcó.

Hipper recordó que la posición de la UE sobre Venezuela “ha quedado clara”, y recordó que la Unión “se solidariza con el pueblo de Venezuela, que votó pacíficamente el 28 de julio de 2024 para decidir el futuro de su país, y apoya una transición pacífica e inclusiva en Venezuela”.

Estos son los 15 funcionarios sancionados

Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Sala Electoral del TSJ: "por declarar incontestable la victoria presidencial de Nicolás Maduro en 2024 y de interferir en elecciones primarias opositoras".

Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta del TSJ y de la Sala Electoral: "por participar en la certificación de resultados electorales no transparentes".

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Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrado de la Sala Constitucional del TSJ: "por apoyar la certificación de resultados electorales irregulares".

Malaquías Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ: "por excluir a María Corina Machado como candidata presidencial".

Antonio José Meneses Rodríguez, secretario general del Consejo Nacional Electoral (CNE): "por causar retrasos en procesos electorales y bloquear denuncias de irregularidades".

Carlos Enrique Quintero Cuevas, vicepresidente del CNE: "por obstaculizar un proceso electoral transparente".

Conrado Ramón Pérez Briceño, rector principal del CNE: "por participar en decisiones que afectaron la transparencia electoral".

Rosalba Gil Pacheco, rectora principal del CNE y presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral: "por participar en decisiones que impidieron resultados electorales exactos".

Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal auxiliar del Ministerio Público: "por participar en la persecución judicial de Edmundo González, candidato opositor".

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Edward Miguel Briceño Cisneros, juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia: "por emitir una orden de detención contra Edmundo González Urrutia por motivos políticos".

Alexis José Rodríguez Cabello, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin): "por estar implicado en violaciones graves de derechos humanos y represión de opositores".

Miguel Antonio Muñoz Palacios, director adjunto del Sebin: "por supervisar las detenciones arbitrarias y torturas en el centro de detención El Helicoide".

Elio Ramón Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB): "por su presunta responsabilidad en violaciones de derechos humanos tras las elecciones de 2024".

Asdrúbal José Brito Hernández, director del Departamento de Investigaciones Penales (DEIPC) de la DGCIM: "por estar vinculado con torturas y represión contra opositores".

Domingo Antonio Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB): "por su responsabilidad en la represión de protestas pacíficas y violaciones de derechos humanos".