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Con la aprobación de la ley antibloqueo, la Asamblea Constituyente de Venezuela le entregó poderes a Nicolás Maduro que le permiten privatizar empresas del Estado sin control de la Asamblea Nacional. El hecho fue rechazado hasta por los mismos parlamentarios del chavismo.
Para Juan Raffalli, abogado constitucionalista, la ley antibloqueo es un “cheque en blanco” para el régimen de Maduro.
“Lo que hicieron fue entregar todo tipo de facultades para realizar endeudamientos y contratos como a él le dé la gana. Todo esto bajo un ambiente de confidencialidad, de opacidad, sin límites ni controles establecidos por la ley”, dijo el legista.
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Esta ley le permitirá a Maduro desaplicar normas legales, tales como la ley de contrataciones públicas, la del presupuesto. Además, podrá mantener en secreto los negocios que realice.
“Por ejemplo, el régimen podrá entregar las refinerías de petróleo a una empresa de Irán o Bielorrusia. El ingreso que estas produzcan se gastarán fuera del presupuesto”, puntualizó Raffalli.
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Un grupo de parlamentarios chavistas también rechazaron esta ley. Ellos alegaron que no hubo debate sobre su contenido y que lejos de proteger al país de las sanciones, entrega soberanía a los capitales extranjeros.
“Esto representa una realidad, una derogación parcial de la Constitución de Venezuela”, aseveró Óscar Figueroa, constituyente del Partido Comunista.
Quienes divulguen información contractual que la ley Antibloqueo clasificó como secreta, serán objeto de sanciones penales.
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