La Iglesia católica ha dado entre diez y quince días de plazo para que una decena de monjas en España se retracte o ratifique su decisión de renegar de la Santa Sede para seguir a un falso obispo, lo que conllevaría su excomunión.
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Fuentes del Arzobispado de Burgos, la provincia española donde se encuentra el convento de clausura de esta comunidad de clarisas, explicaron este lunes a la agencia de noticias EFE que diez de las quince monjas deben responder de una acusación de delito de cisma ante un tribunal eclesiástico.
Las otras cinco son las más mayores y que no se han expuesto públicamente, pero el resto deberán aclarar una a una si ratifican su salida de la Iglesia católica, tal como anunciaron el pasado 13 de mayo con un manifiesto de setenta páginas, o si se retractan, pues no se puede excomulgar a un grupo, sino que la excomunión es individual.
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El plazo es de quince días naturales desde el pasado viernes menos para tres de ellas que es de diez.
Estas tres religiosas, entre ellas la que ejercía de abadesa, firmaron una denuncia contra el arzobispo, Mario Iceta, acusándolo de abuso de poder, usurpación de representación legal y vulneración del derecho de libre asociación.
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La Santa Sede nombró al arzobispo comisario pontificio, con plenos poderes sobre los monasterios de estas monjas, que reclamaron la tutela de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, que considera último papa legítimo a Pío XII, fallecido en 1958, lo que para muchos es una secta fundada por el español Pablo de Rojas, el falso obispo excomulgado.
De Rojas y el falso cura José Ceacero se encuentran con las religiosas en el monasterio de Belorado, en el norte de España, aunque el Arzobispado ha pedido que lo abandonen.
El Arzobispado dio además un plazo de dos días, que concluye este lunes, para que las clarisas entreguen una copia de las llaves del monasterio, pero sin exigir que ellas abandonen el convento.
Tras el anuncio del cisma afloró un conflicto por la venta de un convento de estas monjas, famosas por sus chocolates, que la Iglesia rechazó por el temor de que detrás estuviera un comprador como De Rojas y el caso acabó en los tribunales, al reclamar las religiosas cerca de 1,6 millones de euros por supuestas obras realizadas
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