Usarán bases militares para albergar a los más de 20 mil indocumentados detenidos en EE. UU.

El presidente Donald Trump comenzó a desmantelar su política fronteriza de "tolerancia cero" para que más de 2.300 niños se reencuentren con sus padres.

Ordenó a las agencias gubernamentales que implementen el decreto que firmó para frenar la separación de familias de inmigrantes indocumentados, pero que obliga a los menores a ser encerrados en centros de detención para poder seguir al lado de sus padres.

"Estoy ordenando al Departamento de Salud y Servicios Humanos, al de Seguridad Nacional y al de Justicia que trabajen para mantener juntas a las familias de inmigrantes ilegales y reunir a esos grupos que antes estaban separados", dijo Trump en declaraciones a los periodistas durante una reunión con su gabinete.

No dio más detalles sobre sus instrucciones a las agencias del Gobierno, pero un portavoz del Pentágono informó que el Departamento de Salud y Servicios Sociales, encargado de la custodia de los menores, ha pedido asistencia para alojar a 20.000 inmigrantes de manera temporal.

Según ese portavoz del Pentágono, cuatro bases militares (tres en Texas y una en Arkansas) ya han sido evaluadas como posibles alojamientos para los menores por funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Sociales.

La orden ejecutiva que firmó Trump ya abría la puerta a que se detuviera a los inmigrantes en bases castrenses debido a que los centros habilitados para acoger a familias están cerca de su capacidad máxima, dijo una portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esos centros para familias, regentados por el ICE, tienen capacidad para 3.326 inmigrantes indocumentados y actualmente albergan a 2.623, que están repartidos en tres instalaciones: una en Berks (Pensilvania) y dos en Texas, una en la localidad de Dilley y otra en Karnes City.

Por otro lado, para evitar la saturación de los centros de detención, el Gobierno instruyó el miércoles por la noche a la Patrulla Fronteriza que deje de transportar a los padres inmigrantes a las cortes federales donde hasta ahora se les estaban imputando cargos criminales, reveló The Washington Post.

Al no enviar automáticamente a los progenitores a los tribunales federales, los jueces no pueden presentar formalmente cargos criminales contra ellos, lo que significa que permanecerán junto a sus hijos y que podrán ser liberados mientras continúa el proceso judicial.

De esa forma, en la práctica, la decisión debilita la política de "tolerancia cero", que obligaba a presentar cargos criminales contra todos los inmigrantes indocumentados que cruzaran la frontera con México.

A partir de ahora los padres no enfrentarán más cargos criminales, pero el resto de inmigrantes que viajen sin niños serán enjuiciados por la vía penal.

En última instancia, para poder implementar el decreto de Trump, el Gobierno necesita que se anule un acuerdo judicial conocido como Flores, que determina que los menores inmigrantes deben ser detenidos en las condiciones "menos restrictivas" posibles y durante un periodo máximo de 20 días.

Si Trump logra que se anule temporalmente ese pacto, podrá presumir que está manteniendo unidas a las familias, mientras los menores son encerrados por un periodo ilimitado de tiempo.

Con el objetivo de acabar con el acuerdo Flores, el Departamento de Justicia interpuso una petición ante la corte del distrito central de California, con sede en Los Ángeles.

A pesar de las acciones tomadas, el Ejecutivo aún no ha detallado cuál es su plan para reunificar a los padres con sus hijos ni cuándo comenzará ese proceso.

Después de ser separados de sus progenitores, los niños inmigrantes han sido realojados en albergues por diferentes puntos del país y algunos han pasado al cuidado de familias de acogida.

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