La Unión Europea
selló el martes un acuerdo pionero que prohibirá importar productos que hayan contribuido a la deforestación, como el cacao, el café o la soja en ciertas regiones, en vísperas de la COP15 de la Biodiversidad en Canadá.
El texto atañe a otros productos como el aceite de palma, la madera, la carne bovina y el caucho, además de varios derivados como el cuero, el chocolate, los muebles, el papel y el carbón vegetal, según el texto elaborado tras largas negociaciones entre el Parlamento Europeo y los 27 Estados miembros de la Unión Europea.
“Colombia deberá entrar a mostrarle a la Unión Europea que nuestros productos como el café, como el cacao, como el aceite de palma, no tienen nada que ver con la deforestación. Creo que esa diplomacia comercial tiene que entrar actuar de manera inmediata para mostrar que el caso de Colombia no cae dentro de las prohibiciones que ha establecido la UE”, reaccionó Javier Díaz, presidente de Analdex.
Con la COP15 de Biodiversidad a las puertas, que se celebrará en Montreal del 7 al 19 de diciembre, la decisión de la Unión Europea "no solo cambia las reglas del juego del consumo europeo, sino que incita enormemente a los otros países a cambiar sus prácticas", comentó Anke Schulmeister-Oldenhove, de la oenegé Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Otra oenegé, Global Witness, aludió a "un momento histórico".
La Unión Europea es responsable del 16% de la deforestación mundial a través de sus importaciones (sobre todo de soja y de aceite de palma, según cifras de 2017), y el segundo mayor destructor de bosques tropicales detrás de China, según WWF.
La importación de productos a la Unión Europea se prohibirá si estos proceden de tierras deforestadas después de diciembre de 2020. Las empresas importadoras, responsables de su cadena de suministro, deberán probar la trazabilidad mediante datos de geolocalización de los cultivos y fotos satelitales.
La presión judicial y social se hace sentir cada vez con más fuerza en Europa frente a los desafíos del cambio climático y la degradación ambiental.
En la mira de muchas acciones se hallan los productos procedentes de la selva amazónica, donde la deforestación, en la parte brasileña, tuvo un avance de 60% durante el mandato del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
Ampliar el ámbito de aplicación
El texto aprobado fue propuesto en noviembre de 2021 por la Comisión Europea (Ejecutivo de la Unión Europea) y asumido en términos generales por los Estados miembros, pero los eurodiputados votaron en septiembre para reforzarlo con la ampliación de productos afectados, al incluir el caucho.
El Parlamento Europeo también pidió ampliar el ámbito de aplicación de la normativa a otros ecosistemas amenazados, como la sabana del Cerrado (Brasil, Paraguay, Bolivia), de donde procede gran parte de las importaciones de soja de la UE.
Pero el acuerdo estipula que la ampliación del ámbito de aplicación tendrá que plantearse como muy tarde un año después de que el texto entre en vigor.
Asimismo, la Comisión deberá estudiar una posible extensión a otros productos al cabo de dos años, como el maíz; a otros ecosistemas ricos en almacenamiento de carbono y biodiversidad, como las turberas, y también al sector financiero, otro reclamo del legislativo comunitario.
La UE también podría obligar a las instituciones financieras a rechazar servicios o créditos si estos están asociados a actividades de deforestación.
Según un informe de Global Witness, los bancos radicados en la Unión Europea otorgaron, entre 2016 y 2020, unos 30.000 millones de euros (31.500 millones de dólares, al cambio actual) en financiación a veinte gigantes de la industria agroalimentaria responsables de deforestación.
No solo los bosques primarios
En cambio, se logró "una definición mucho más sólida" para cubrir el conjunto de bosques y no solo primarios, observó el negociador para el Parlamento Christophe Hansen, del Partido Popular Europeo (PPE, conservador).
El eurodiputado destacó que el texto final incluye "garantías para proteger los derechos de los pueblos autóctonos", por lo cual los importadores deberán "verificar la conformidad con la legislación del país de producción en materia de derechos humanos".
John Hyland, de Greenpeace, criticó sin embargo los "fallos" del texto, considerando que los pueblos autóctonos recibirán una protección "muy precaria" porque el acuerdo se apoya en el derecho nacional, cuyo amparo es muy desigual dependiendo del país.
Por otro lado, al menos el 9% de los volúmenes importados desde países con un alto riesgo de deforestación tendrán que ser controlados y las sanciones se calcularán según los daños medioambientales y podrán alcanzar hasta el 4% de la facturación anual en la UE.
Con todo, WWF afirmó que el texto es "imperfecto", y apuntó que si se hubieran incluido las sabanas inmediatamente, esto hubiera supuesto una "diferencia inmensa para los ecosistemas en peligro permanente", incidió Schulmeister-Oldenhove, quien lamentó que la definición de deforestación se limite a "la conversión" en tierras de cultivo.
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