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El anunció de la captura de los doce delincuentes lo hizo la Policía española y afirmó que habrían introducido en el país "más de seis toneladas de hachís durante los meses de noviembre y diciembre (...) con un beneficio económico de unos cinco millones de euros".
Investigadores lograron acercarse a la organización, sin que los delincuentes se percataran, e identificaron su complejo modus operandi: usaban sofisticados recursos tecnológicos y personal bien capacitado para vigilar toda la operación.
Una vez agentes entendieron cómo funcionaba la banda y quiénes eran los cabecillas, allanaron sus viviendas.
Diez hombres y dos mujeres, de nacionalidad española, fueron trasladados ante un juez de La Línea de la Concepción, municipio en el extremo sur del país y epicentro de la lucha contra la introducción de hachís marroquí.
De ellos, ocho fueron encarcelados provisionalmente en una fecha no precisada por la policía.
"Uno de los detenidos había recibido formación altamente especializada en el manejo de drones de última generación", explicó el cuerpo de seguridad en su comunicado.
Este aparato junto a un radar y un inhibidor de frecuencias les permitía inspeccionar "la posible presencia policial, asegurándose de tal manera la ejecución del alijo con las mayores garantías de seguridad posible".
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