Dos hombres colombianos y otro sin identificar fueron asesinados a balazos en una vía pública en la localidad de Jacó, en el Pacífico de Costa Rica, mientras que otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital, informaron este lunes, 7 de noviembre de 2023, las autoridades.
El Organismo de Investigación Judicial, OIJ, precisó que los hechos ocurrieron la noche del domingo 5 de noviembre, cuando un grupo de personas armadas y encapuchadas bajó de un vehículo y comenzó a disparar en plena vía pública contras 5 personas.
El OIJ identificó a dos fallecidos como Santiago Andrés González Caicedo, de 41 años, y Rosemberg Rodríguez Caicedo, de 41 años, ambos de nacionalidad colombiana y quienes perecieron en el sitio. El tercer hombre muerto no ha sido identificado por las autoridades.
Trascendió que, al lado de los cadáveres, los pistoleros dejaron dos pancartas con mensajes: "Donde se escondan los vamos a sacar. Si debajo de las piedras toca sacarlos, si al infierno tenemos que ir por ustedes. Y para todos aquellos que están extorsionando a personas inocentes. Paren ya la matadera y las extorsiones al pueblo de Costa Rica".
Una mujer y otro hombre resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos. El caso se encuentra en investigación por parte del OIJ.
Costa Rica acumula este año su peor registro histórico de homicidios, una situación que las autoridades atribuyen, en su mayoría, a la lucha por territorios de bandas narcotraficantes.
Hasta el pasado 3 de noviembre, Costa Rica contabilizaba 761 homicidios, lo que representa un incremento del 42,5% en comparación con el mismo periodo de 2022.
Costa Rica cerró el 2022 con 654 homicidios, lo que para ese entonces era su récord anual y que en 2023 fue superado desde el 22 de septiembre.
Las proyecciones de las autoridades es que en 2023 habrá entre 800 y 900 homicidios.
El gobierno del presidente Rodrigo Chaves ha criticado en varias ocasiones la labor del Poder Judicial en el abordaje de la lucha contra la criminalidad y del Congreso por no aprobar leyes que ha presentado el Ejecutivo en materia de seguridad.
Los partidos de oposición del Congreso han exigido al Gobierno una ruta clara y una política de seguridad, mientras que el OIJ y la Fiscalía han pedido más presupuesto y recurso humano y tecnológico para fortalecer la lucha contra la criminalidad.
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