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“Sé que no se suicidó”: esposa de concejal Fernando Albán rompe el silencio

“Sé que no se suicidó”: esposa de concejal Fernando Albán rompe el silencio

Desde Nueva York, la mujer señaló que tiene pruebas que llevará ante la CIDH en incluso a la Corte Penal Internacional.

En Nueva York, sede de la asamblea de las Naciones Unidas, se celebró una misa para recordar a las víctimas del régimen de Nicolás Maduro. La viuda del concejal opositor Fernando Albán rompió el silencio.

“Había amenazas...tengo la certeza de que Fernando no se suicidó”, señaló Meudy Osío, viuda del concejal Fernando Albán.

Recordó la conversación que tuvo con su esposo horas después de haber sido detenido, el 5 de octubre de 2018 en el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas, tras regresar de su viaje a Nueva York, donde participó en reuniones políticas junto a Julio Borges en el marco de la asamblea de la ONU.

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“Me dijo que el comisario que lo tenía allí le dijo que si él quería salir que le echara la culpa o inculpara a Julio Borges, que así salía”, señala Meudy.

En ese momento, el gobierno había acusado a Borges de planificar el frustrado magnicidio con un dron. La viuda del concejal afirma que tiene en sus manos elementos para demostrar que es falsa la versión del fiscal venezolano Tarek William Saab, quien tres días después de la detención del concejal anunció se había suicidado lanzándose del piso 10 de la sede del Servicio de Inteligencia venezolano.

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“Ese mismo domingo, el 7 de octubre, sus hermanas se acercaron al Sebín y le permitieron entrar y llevarle comida y ropa, lo vieron. Fernando estaba bien. Tenemos pruebas, tenemos unos videos, que hemos conseguido por otras vías, necesitamos que nos apoyen”, dijo la opositora.

Pidió ayuda a organismos y a expertos internacionales para que estas pruebas sean admitidas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el caso pueda llegar incluso hasta la Corte Penal Internacional.

Este jueves, en Caracas, fiscales, jueces y trabajadores de tribunales realizaron la marcha de las togas. Allí denunciaron que las decisiones judiciales en Venezuela obedecen al poder político y a pagos en divisas.

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