Elcomité parlamentario que investiga elasalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 publicó en la noche del pasado jueves, 22 de diciembre de 2022, su informe final, la misma semana en que recomendó al Departamento de Justicia investigar al expresidente Donald Trump por su papel en el ataque.
En el informe, de más de 850 páginas, se detalla la exhaustiva investigación que el panel ha llevado a cabo durante los últimos 18 meses para tratar de dilucidar los eventos que llevaron a que cientos de seguidores de Donald Trump atacaran la sede del Congreso estadounidense para tratar de detener la confirmación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden.
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Como parte de esta investigación, los legisladores realizaron entrevistas a más de 1.000 personas, algunas emitidas en televisión en horario de máxima audiencia.
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Una de las más mediáticas fue la realizada a Cassidy Hutchinson, quien fuera ayudante del exjefe de gabinete de Donald Trump Mark Meadows, y que declaró que el expresidente sabía que muchos manifestantes llevaban armas y que trató incluso de agarrar el volante de la limusina presidencial para acudir al Capitolio.
Este jueves, horas antes de la publicación del informe final, el comité publicó también nuevas transcripciones de sus entrevistas con Hutchinson en las que la joven asegura que su primer abogado, del entorno de Trump, trató de convencerla de ocultar información a los investigadores.
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También declaró que varias personas cercanas al expresidente le prometieron "un gran trabajo en el mundo Trump".
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Ya el lunes el comité anunció su decisión de recomendar al Departamento de Justicia estadounidense que investigue a Donald Trump por su papel durante el 6 de enero de 2021, ya que, en su opinión, nada de lo que sucedió aquel día hubiera tenido lugar sin su participación.
Los legisladores de este órgano consideran que el expresidente es culpable de cuatro delitos: incitación a la insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, intento de fraude a Estados Unidos y conspiración para presentar falsos testimonios electorales al Congreso y los Archivos Nacionales.
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Sus recomendaciones no son vinculantes. El comité no tiene potestad para imputar y el Departamento de Justicia ya lleva a cabo su propia investigación, pero su acusación tiene una importante carga simbólica: es la primera vez que un comité parlamentario sugiere hacer responsable penalmente a un expresidente.
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