La ONU pidió a República Dominicana que evite las deportaciones de haitianos que buscan llegar al vecino país en medio de la crisis política y la ola de violencia desatada por las pandillas.
Lejos de la violencia que asola a Haití, el mercado binacional en el límite con República Dominicana ha mantenido cierta normalidad, pese a los momentos de tensión que han afectado la frontera por donde pasan a diario cientos de haitianos.
Una marea humana se aglomera en el portón del control fronterizo de Dajabón: son ciudadanos haitianos intentando pasar a empujones para realizar compras en el mercado que funciona dos veces por semana, unos 200 kilómetros al noreste de la capital, Puerto Príncipe.
Allí, donde se comercian desde alimentos, ropa, juguetes y hasta electrodomésticos usados, el gobierno dominicano ordenó reforzar la habitual presencia de militares armados y afirmó estar "alerta".
Aunque el mercado binacional sigue funcionando, autoridades y comerciantes temen por la caída de la demanda tras el agravamiento de la crisis en Haití por ataques de pandilleros, que controlan amplias áreas del país, incluida la capital.
"El mercado ha tenido una merma" en el último mes, porque los clientes "tienen miedo de comprar un gran volumen de mercancías" y perderlas en la carretera, dice a la AFP Noel Fernández, presidente de la asociación de comerciantes.
"Las bandas de allá (Haití) se las quitan", explica Fernández. "Pero gracias a Dios, aunque no sea un 100%, el mercado está abierto y está fluyendo", añade el hombre de 36 años que ha dedicado su vida al comercio en la zona.
Los grupos pandilleros de Haití han mantenido un pulso violento contra el gobierno del primer ministro Ariel Henry, a quien exigían su salida.
Esta finalmente se produjo el lunes, cuando Henry presentó su dimisión después de una cumbre de emergencia de la Comunidad del Caribe dedicada a Haití.
El país más pobre de América Latina, no celebra elecciones desde 2016. Henry quedó al mando tras el asesinato del presidente Jovenel Möise en julio de 2021.
Los disturbios para exigir su salida habían incrementado este mes y las autoridades extendieron el estado de emergencia declarado el 4 de marzo tras la fuga de miles de presos en un ataque de las pandillas.
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