Rechazo del gobierno Petro a régimen de Daniel Ortega es "un giro en la política exterior": expertos

En un comunicado donde ofrece nacionalidad a los desterrados de Nicaragua, el Gobierno colombiano arremetió contra el régimen de Daniel Ortega por la violación de los derechos humanos, detenciones arbitrarias y el destierro de cerca de 300 nicaragüenses opositores al régimen, en un hecho que calificó de inhumano y tomado haciendo uso de vulgares medidas de Policía.

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El pronunciamiento califica de dictatoriales esas actuaciones del Gobierno de Nicaragua, que, según la Cancillería colombiana, trae a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza.

“Colombia, que en las últimas décadas ha luchado sin desmayo por alcanzar la paz, mucho más ahora que se propone ser potencia mundial de la vida, rechaza los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza que el sandinismo logró superar”, señala el comunicado de la Cancillería.

Pero, además, Colombia exalta la labor del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de prisión por no aceptar el destierro, calificando la decisión del jerarca católico como patriótica.

“El señor obispo de Matagalpa y Estelí, monseñor Rolando Álvarez, rehusó salir del país. Lección para el mundo y para el actual jefe de gobierno de Nicaragua. De contera, la patriótica decisión del señor obispo fue respondida con una condena de veintiséis años de prisión”, dice la Cancillería en el documento.

Mauricio Jaramillo, analista de la Universidad del Rosario, aseguró que “el comunicado de la Cancillería colombiana muestra un giro en la política exterior: el paso de la no injerencia en los temas nicaragüenses a una actividad mucho más intensa en materia de derechos humanos”.

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“Petro envía la señal de que así como es capaz de criticar la situación de derechos humanos en el Perú, también lo hace en un régimen abiertamente de izquierda”, explicó.

El Gobierno colombiano también hizo un llamado a la comunidad internacional para que reaccione frente a estos hechos y le pidió al fiscal de la Corte Penal Internacional tomar cartas en el asunto. Nicaragua no se ha pronunciado frente al comunicado de la Cancillería de Colombia.