El rapero Pablo Hasél, símbolo para algunos de la libertad de expresión en España, fue detenido y encarcelado para cumplir una pena por unos trinos atacando la monarquía y las fuerzas de seguridad.
"¡No nos van a parar nunca, no nos van a doblegar!", gritaba con el puño alto mientras la Policía lo escoltaba fuera de la universidad de Lérida, en la región nororiental de Cataluña, donde se había atrincherado la víspera con decenas de jóvenes.
"Muerte al Estado fascista", vociferó instantes antes de que los agentes lo introdujeran en el vehículo policial, entre abucheos de activistas que protestaban en esta ciudad a 150 km de Barcelona.
De allí fue llevado directamente al centro penitenciario de esa localidad, donde ingresó de inmediato, informó la Policía.
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Condenado a nueve meses de cárcel por unos tuits publicados entre 2014 y 2016, Hasél tenía plazo hasta el viernes para entregarse voluntariamente y empezar a cumplir sentencia por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y las fuerzas de seguridad.
En los mensajes, el rapero arremetía contra la monarquía y llamaba, por ejemplo, "mercenarios de mierda" a las fuerzas policiales y las acusaba de torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes.
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En 2014, el cantante ya había sido condenado a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, por unas canciones donde pedía la muerte de la familia real o ensalzaba a grupos extremos responsables de acciones violentas.
En esa ocasión, el encarcelamiento no se ejecutó porque el rapero no tenía antecedentes y la pena no superaba los dos años.
"Una falsa democracia"
En una entrevista telefónica, Hasél había dicho el viernes que no se entregaría.
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"Tendrán que venir ellos a secuestrarme y también servirá para que el Estado quede retratado como lo que es: una falsa democracia", dijo, desafiante.
El lunes, ante los rumores de una detención inminente, se atrincheró en el edificio del rectorado de la universidad de su ciudad natal junto a decenas de jóvenes que querían dificultar su arresto.
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Los agentes policiales llegaron sobre las 6:30 de la mañana y, pese a encontrarse algunas barricadas y contenedores para impedir su acceso, pudieron desalojar a los activistas sin "incidentes graves", comentó un portavoz.
En Madrid y en Barcelona se han celebrado manifestaciones de apoyo a Hasél, que se podrían repetir en la tarde del martes.
Unos 200 artistas, entre ellos el director de cine Pedro Almodóvar, el actor Javier Bardem y el cantautor Joan Manuel Serrat firmaron un manifiesto en su defensa.
Incomodidad del gobierno
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El escándalo incomoda al gobierno de izquierdas del socialista Pedro Sánchez, cuya portavoz María Jesús Montero reconoció la semana anterior que no había "proporcionalidad" en la condena al rapero.
Su vicepresidenta Carmen Calvo evitó pronunciarse sobre la decisión judicial, pero reiteró la voluntad del gobierno de revisar este tipo de delitos para que no sean sancionados con penas de cárcel.
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"En el ámbito de la libertad de expresión debe haber una horquilla de comprensión y tolerancia propia de una democracia madura como la nuestra", dijo tras la reunión del Consejo de Ministros.
Su socio minoritario en la coalición, la izquierda radical Podemos, salió en tromba contra el arresto.
"Todos aquellos que presumen de esta 'plena normalidad democrática' y se consideran progresistas deberían sentir vergüenza", tuiteó la formación.
El mensaje evoca unas recientes declaraciones de su líder y vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, quien aseguró que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España".
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Sus comentarios, que generaron discordia dentro del gobierno, se referían a la situación de los nueve dirigentes catalanes que cumplen entre 9 y 13 años de cárcel por el fallido intento de secesión de 2017.
El caso de Hasél recuerda al del rapero español Valtonyc, quien en 2018 se marchó a Bélgica horas antes de entrar en prisión para cumplir una condena por injurias al rey, enaltecimiento del terrorismo y amenazas en sus canciones.
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Bélgica ha rechazado la extradición solicitada por España hasta el momento, alegando que sus acciones no constituyen delito bajo la ley belga. El caso está pendiente de un proceso de apelación.
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