En Venezuela, políticos, analistas, activistas y ciudadanos miden las consecuencias de la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación formal al Estado por crímenes de lesa humanidad.
Personalmente, el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan le notificó a Nicolás Maduro que su despacho encontró elementos para abrir una investigación formal al Gobierno venezolano por crímenes cometidos desde 2017 durante las protestas.
“Les pediré a todos ahora que, a medida que avanzamos a esta nueva fase, que dé a mi despacho, a mi oficina, el espacio necesario para llevar a cabo su trabajo”, indicó Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional.
Aunque Maduro se mostró en desacuerdo con el inicio de la fase de investigación, dijo que colaborará para llegar a la verdad. Ambos firmaron un memorándum de entendimiento, mientras que el fiscal venezolano dijo que buscarán la justicia en Venezuela para cerrar el caso en la CPI.
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Abogados de derechos humanos explicaron que en esta etapa de investigación la Fiscalía señalará a los responsables directos de los delitos de lesa humanidad.
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“Implica la posibilidad de colectar evidencias, de reunirse o entrevistar personas”, expresó Alfredo Romero, director del foro penal.
“Para determinar la incriminación de esos altos responsables dentro de los crímenes que se están evaluando”, agrega Tamara Suju, directora del instituto Casla.
Es la primera vez que un país latinoamericano es investigado formalmente por la Corte Penal Internacional.
Familiares de las víctimas se mostraron esperanzadas en que lograrán justicia en la instancia internacional.
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