El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, acusado de corrupción por el Congreso en mayoría opositor y amenazado de destitución, decretó este miércoles la “muerte cruzada”,
que conlleva la disolución del Legislativo e implica la celebración de elecciones generales anticipadas en tres meses.
El impopular mandatario de derecha, señalado por la mayoría legislativa de izquierda de presunta corrupción en contratos de transporte de petróleo, ordenó "disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna", según el documento difundido por la Presidencia.
En medio del alza de la violencia ligada al narcotráfico y del descontento por el costo de vida, la decisión puede implicar el fin del gobierno de derecha y dar una oportunidad a la izquierda para recuperar fuerzas. El líder de la oposición es el exmandatario Rafael Correa (2007-2017), prófugo en Europa y condenado a ocho años de cárcel por corrupción.
Con la “muerte cruzada”, la Constitución establece que, en un plazo máximo de siete días, tras la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años, que comenzó en mayo de 2021 y termina en 2025.
"Es una decisión democrática no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir", expresó Lasso en un mensaje por radio y televisión. La ley le permite postularse en los nuevos comicios.
Rafael Correa, cuyo movimiento era la principal fuerza congresal con 49 de los 137 curules, tildó de "ilegal" y de "golpe de Estado" la decisión de Lasso.
"Esto es ilegal. Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su Gobierno y sus legisladores de alquiler", expresó en Twitter.
"Esto es un golpe de Estado -no hay causales- pero es también el último clavo de su propio ataúd político", añadió Correa, exiliado en Bélgica pero muy influyente en Ecuador.
Derecha frágil
Lasso se presentó el martes ante la Asamblea para defenderse de acusaciones por supuesto peculado. Según las denuncias, decidió continuar con un contrato firmado antes de que llegara a la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.
El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares. El mandatario no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.
El politólogo Santiago Cahuasqui, de la universidad SEK, dijo que las elecciones anticipadas beneficiarán a la izquierda porque "los sectores de la derecha quedan fragilizados con la presencia de un gobierno que tiene menos del 15% de credibilidad".
"Los sectores de centro y de la izquierda podrían tener más posibilidades y más perspectivas", enfatizó a la AFP.
Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
"Sin bloqueos el gobierno expedirá una serie de decretos ley que cumplirá con el mandato soberanamente expresado por ustedes", señaló el presidente, quien tenía una minoría en el Legislativo.
De hecho, la nueva reforma tributaria fue el primer decreto ley firmado por el presidente de Ecuador.
Este documento amplía el techo de exoneraciones tributarias en función del número de miembros de cada familia.
La nueva reforma tributaria, que modifica parcialmente la reforma aplicada por Lasso al poco de llegar al poder, había sido presentada la pasada semana en el Palacio de Carondelet, la sede del poder Ejecutivo.
Bajo un principio de progresividad, el decreto contempla un aumento de los gastos deducibles anuales, que podrá ser de hasta 15.294 dólares (unos 14.102 euros) dependiendo del número de cargas familiares.
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