¿Qué hacer si Estados Unidos deporta a su familiar y lo envía a El Salvador? HRW responde

Inmigrantes venezolanos en Estados Unidos siguen aterrados e indignados con la deportación masiva de sus compatriotas a una cárcel de alta seguridad en El Salvador y el trato que se les da como delincuentes peligrosos, y alegan que muchos eran simplemente indocumentados que estaban buscando una vida mejor en Estados Unidos.La Casa Blanca los describe como "monstruos atroces" y "terroristas", mientras activistas, abogados y familiares de algunos de los deportados los defienden.(Lea también: "Autodeportarse": la sugerencia de Donald Trump a migrantes indocumentados para no ser arrestados)Además, denuncian que menos de la mitad de los 238 venezolanos deportados a El Salvador tienen supuestos vínculos con la banda transnacional de crimen organizado Tren de Aragua, la excusa dada para las deportaciones expeditas y sin el debido proceso legal.Familias de venezolanos viven un terror similar desde que el Gobierno de Trump anunció que no renovaría el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos. Este 7 de abril, 348.000 venezolanos que llegaron al país en 2023 quedan a merced de las autoridades migratorias. En septiembre pierden la protección otros 300.000.Hay que decir que familiares de los migrantes expulsados los han comenzado a reconocer en un video publicado por el presidente salvadoreño, Nayib Bkele, celebrando la llegada de los migrantes a sus cárceles. La cuenta en X de la Casa Blanca publicó un video enfocado en dos jóvenes muy tatuados destacando las deportaciones.Algunas familias dijeron en redes sociales haberlos reconocido. Otras familias aseguran que sus hijos o esposos están entre los migrantes, porque han desaparecido de las listas públicas de la población en los centros de detención de migrantes.(Lea también: La polémica por Ley de Enemigos Extranjeros invocada por Trump para deportaciones, ¿abuso de poder? )¿Qué se puede hacer?Ante ese panorama, la directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, explicó qué puede hacer una familia si identifica que un familiar fue deportado de los Estados Unidos y enviado a una cárcel de El Salvador."Acercarse a varias de las organizaciones, como Human Rights Watch, y escribirnos. Nosotros estamos documentando estos casos y tenemos contacto con las distintas organizaciones no gubernamentales que están litigando los casos en Estados Unidos", afirmó en entrevista con CNN Goebertus, quien insistió que la aplicación de la ley de Enemigos Extranjeros -con la que Trump justifica las deportaciones- "se salta los procedimientos ordinarios bajo los cuales un juez en Estados Unidos habría tenido que evaluar primero" cada caso.La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, subrayó que los vuelos de deportación de presuntos integrantes de la banda Tren de Aragua "desde luego" van a continuar, pese a la orden judicial que los ha bloqueado temporalmente."Son terroristas extranjeros, que el presidente ha identificado y designado como tales, y continuaremos cumpliendo con la Ley de Enemigos Extranjeros", dijo el lunes por la noche en el programa Jesse Watters Primetime de la cadena Fox News.(Lea también: ¿Trump contra la prensa? Despidos masivos en Voz de América y otros medios financiados por EE. UU. )Se trata del último intento de la Administración Trump por ampliar los poderes del Ejecutivo, desafiando la separación de poderes en Estados Unidos y enfrentándose abiertamente a la Justicia, que hasta ahora ha sido su principal obstáculo.Trump firmó en secreto el viernes por la noche la proclamación con la que invocó la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, argumentando que Estados Unidos estaba sufriendo una "invasión" de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, aunque no presentó pruebas y expertos legales han puesto en duda la validez de esta justificación.En una audiencia en la corte federal del Distrito de Columbia, abogados del Gobierno insistieron en que la Administración actuó conforme a las leyes de Estados Unidos, pese a que los aviones con los migrantes aterrizaron en El Salvador el sábado, después de que el juez federal James Boasberg les ordenara no hacerlo.Los abogados se escudaron en razones de seguridad nacional para no proporcionar al magistrado datos sobre cuántos migrantes iban a bordo de los aviones, enviados a El Salvador en virtud la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha utilizado tres veces en la historia: durante la guerra de 1812 y las dos guerras mundiales.Ante la falta de información, el juez Boasberg ordenó al Gobierno que este martes le entregue datos completos, incluido el número exacto de deportados, que se cifra en 261.(Lea también: Donald Trump promete rápida desclasificación de nuevos archivos del caso Epstein y Kennedy )WILLIAM MORENO HERNÁNDEZNOTICIAS CARACOL DIGITAL*Con información de EFE