Protestas en Perú: nuevas denuncias de abuso policial tras liberación de 192 manifestantes detenidos

Un total de 192 de las 193 personas detenidas el sábado en la Universidad de San Marcos, en Lima, Perú, donde se alojaban para poder participar en las manifestaciones contrala presidenta, Dina Boluarte, fueron liberadas durante la noche del domingo, según la Fiscalía.

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Tras "las audiencias de cada uno de ellos" y "después de haber recibido los informes policiales (...) el fiscal provincial dejó en libertad a 192 personas, quedando una persona detenida" solamente, según el comunicado de prensa de la Fiscalía publicada en la noche

Miles de personas de las empobrecidas regiones andinas convergieron en Lima la semana pasada para participar en la movilización contra la presidenta. Cientos de ellos se alojaron en hostales, locales de fiestas y dos de las universidades capitalinas, incluida la de San Marcos, en el centro.

El sábado, las fuerzas policiales irrumpieron en el campus de la universidad de San Marcos y embistieron la puerta con un vehículo blindado. Tras hacer tumbar al suelo a decenas de manifestantes y realizar allanamientos, la Policía salió con 193 personas en un polémico operativo criticado por varios medios locales.

El domingo, familiares se congregaron frente a la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) en Lima, donde fueron encarcelados los manifestantes. Tras las detenciones, llegaron nuevas denuncias de represión policial.

"Los policías han ingresado así con fuerza, han sacado a todos los manifestantes que se encontraban dentro de la universidad, han ingresado con bombas lacrimógenas, incluso han agredido a algunos, he visto manifestantes llorando", expresó la estudiante Rosmely Torres.

Mi hermano "vino a participar en la manifestación pacífica", subrayó entonces Domitila Quispe, de 47 años, cuyo hermano estaba entre los detenidos.

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Los manifestantes exigen la renuncia de Dina Boluarte, la disolución del Parlamento y la formación de una Asamblea Constituyente.

Quien también expresó su rechazo fue el presidente Gustavo Petro, quien a través de un trino, pidió que el consejo permanente de la OEA sea citado para examinar la situación en Perú.

El pronunciamiento no cayó bien con el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola: "la OEA también podría examinar masacres ocurridas durante su gobierno, la última en el Putumayo," fue su respuesta al mandatario colombiano.

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Los disturbios comenzaron el 7 de diciembre tras la destitución y detención del presidente de izquierda Pedro Castillo, acusado de haber intentado un golpe de Estado al querer disolver el Parlamento que estaba a punto de sacarlo del poder.

La crisis también es un reflejo de la enorme brecha entre la capital y las empobrecidas provincias que apoyaron al presidente Castillo, de ascendencia indígena, y vieron su elección como una venganza, por lo que consideran el desprecio del poder centralizado de Lima.