Unas 50 mujeres protestaron en Ciudad de México por la muerte de Victoria Esperanza Salazar , una migrante de origen salvadoreño que murió el sábado tras ser sometida por la policía de Tulum, un balneario del Caribe mexicano.
"Eran cuatro policías los que arremetieron contra una sola mujer y la asesinaron. Eso causa gran indignación entre las mujeres, entre el pueblo organizado", dijo a AFP Karen Campos, miembro de un grupo activista llamado Liga de Mujeres Revolucionarias.
"Era una mujer trabajadora, una mujer migrante, que tenía una visa humanitaria. Ella sale huyendo de la violencia de su país en El Salvador para venir a ser asesinada a México. Eso es completamente indignante", agregó.
Campos y otras personas se manifestaron en la representación del gobierno de Quintana Roo en Ciudad de México para exigir justicia por el asesinato de la mujer.
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Algunas manifestantes escribieron con tinta blanca el nombre de la víctima en la valla que protegía al edificio y otras colocaron flores en su honor, mientras gritaban "Ni una más".
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Salazar murió el sábado pasado tras ser sometida por policías en Tulum, un balneario del Caribe mexicano frecuentado por turistas internacionales, en donde se registró también este lunes otra manifestación para exigir justicia.
En un video que circula en redes sociales se escucha a la mujer quejarse al ser sometida por los policías y en otro video se la ve ya inmóvil ante la mirada de los uniformados.
El fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, explicó que la salvadoreña, madre de dos niñas, se encontraba en un comercio de víveres cuando tuvo un altercado con el encargado del mismo, quien llamó a la policía.
Los uniformados interceptaron a la mujer cuando salía del establecimiento.
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Más temprano, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la muerte de la mujer fue un "brutal" asesinato". "Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza", dijo durante su habitual conferencia de prensa matutina.
Los uniformados ya se encuentran detenidos y serán presentados ante un juez para ser imputados por el delito de feminicidio, que se castiga con hasta 50 años de prisión.