“Pretenden robarnos”: Maduro anuncia acciones legales tras sanciones de EE. UU. contra PDVSA

Aseguró que las medidas tomadas por el gobierno Trump son “ilegales, unilaterales, inmorales y criminales”
"Se pretende robarnos la empresa Citgo (filial de PDVSA en EE. UU.) a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta Venezuela, los Estados Unidos, hoy, ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela", señaló el gobernante al recibir en el palacio presidencial de Miraflores a jefes diplomáticos que estaban destacados en la nación norteamericana.
Estados Unidos sancionó el lunes a la estatal PDVSA dentro del proceso de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que no reconoce como mandatario legítimo, según anunció el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Estas sanciones afectan a 7.000 millones de dólares en activos de PDVSA en Estados Unidos, y de acuerdo con el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, provocarán otros 11.000 millones de dólares en pérdidas para la petrolera a lo largo del próximo año.
En ese sentido, Maduro dijo que la medida "demuestra" que Estados Unidos persigue arrebatar a Venezuela sus riquezas naturales, y que instruyó al presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, que inicie "acciones políticas (y) legales ante tribunales estadounidenses y del mundo" en defensa de la "propiedad y riqueza de Citgo".
El presidente venezolano también acusó al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, de haber impulsado estas sanciones, que significan un duro golpe al flujo de caja del país.
Estados Unidos toma estas medidas restrictivas en medio de la elevada tensión política que sacude a Venezuela luego de que Guaidó se adjudicara las competencias del Ejecutivo ante la "usurpación" que, considera, hace Maduro de la Presidencia.
El líder chavista se impuso con holgura en los comicios de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos.
Por ello, el antichavismo afirma que "usurpa" la Presidencia, al estimar que su segundo mandato de seis años es "ilegítimo" y, por tanto, el Poder Ejecutivo recae en el jefe del Parlamento hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de varios artículos de la Carta Magna. 
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