El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que reducirá en diez centavos de dólar los precios de los combustibles que ya se encuentran congelados, una medida que pretende atender así una de las principales demandas de las protestas contra su Gobierno por la carestía de la vida.
En un mensaje a la nación emitido por televisión y redes sociales, Lasso detalló que el precio de la gasolinas Extra y Eco País, de 85 octanos, bajará de 2,55 a 2,45 dólares por galón (3,7 litros), mientras que el diésel se reducirá de 1,90 a 1,80 dólares por galón.
Esta reducción es inferior a la demanda del movimiento indígena, principal promotor de las protestas que comenzaron hace dos semanas, que exigen que el precio del galón de las gasolinas mencionadas se fijase en 2,10 dólares y el del diésel en 1,50 dólares.
El gobernante no hizo mención al precio de la gasolina Súper de 92 octanos, la única que tiene el precio liberalizado y que actualmente cuesta alrededor de 4,50 dólares por galón.
PUNTO SENSIBLE
El precio de los combustibles de mayor uso popular es el primero de los diez puntos del pliego de demandas exigidas por las Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y de otras organizaciones campesinas que convocaron esta movilización.
"Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto y, aunque como Gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina el problema de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana", manifestó Lasso en su mensaje.
La semana anterior, Lasso también atendió otros puntos del pliego de demandas como la condonación a familias campesinas de deudas vencidas de hasta 3.000 dólares y la reducción de las tasas de interés para los créditos aún vigentes, así como el aumento de 50 a 55 dólares de un bono para familias vulnerables.
No obstante, hay otros puntos de la agenda indígena aún pendientes como el control de precios de productos de primera necesidad, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, la no privatización de empresas públicas y la no proliferación de la actividad minera y petrolera en la Amazonía
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