Presidente de Cataluña pidió diálogo al gobierno español, pero fue rechazado

En el sexto día de protestas desde la condena contra líderes separatistas, los fuertes disturbios disminuyeron.

Tras unos fuertes motines que dejaron más de 180 heridos, la tensión se rebajó notablemente este sábado en Cataluña en la sexta jornada de protestas desde la condena a cárcel contra nueve líderes separatistas por la tentativa de secesión de 2017.

Después de cinco noches de disturbios, que provocaron más de 600 heridos y 300 detenidos en esta región del noreste de España, una cadena humana de independentistas consiguió calmar los ánimos en una manifestación convocada en Barcelona.

En este contexto, el presidente regional, el separatista Quim Torra, reclamó el inicio de una "negociación sin condiciones" para resolver el conflicto, pero recibió la negativa del gobierno socialista de Pedro Sánchez, bajo presión de la derecha a tres semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre.

En la plaza Urquinaona, epicentro de la violencia la noche del viernes, unas 6.000 personas según la policía municipal se reunieron por la tarde en una convocatoria de la izquierda radical independentista para protestar contra la "represión" policial.

Entre ellos y el cordón policial se sentaron un grupo de decenas de independentistas que abuchearon y a veces se encararon con quienes lanzaban objetos a la policía.

"He venido porque no quiero que peguen a mi sobrino que está más atrás", dijo a la AFP Joan Badell, un ingeniero técnico de 47 años. "Rechazo todas las formas de violencia, he venido aquí para que haya paz", señaló Carmen Fernández, de 65 años.

Pese a sus esfuerzos, pequeños grupos de vándalos formaron barricadas en llamas, una de ellas en las populares Ramblas de Barcelona, que llevaron a los agentes a cargar contra ellos y disparar proyectiles de espuma.

Durante el día, militantes independentistas realizaron numerosos cortes de calles y carreteras, una constante en la última semana.

Caos la víspera

El viernes en la noche, tras una marcha pacífica que reunió a 525.000 personas, el centro de Barcelona presenció duros enfrentamientos entre policías antidisturbios y jóvenes enmascarados que causaron 152 heridos.

Protegidos por barricadas, los violentos lanzaron todo tipo de objetos a los agentes, que respondieron con balas de goma y espuma, botes de gases lacrimógenos y un camión lanza agua.

En toda Cataluña, 182 personas precisaron atención sanitaria el viernes, la mayor cifra desde el inicio de las protestas el lunes con la condena a entre 9 y 13 años de cárcel a nueve dirigentes separatistas por el intento de secesión de 2017.

Los incidentes comenzaron el lunes en el aeropuerto de El Prat, parcialmente bloqueado por 10.000 separatistas, y siguieron desde el martes en el centro de Barcelona y otras ciudades catalanas.

Este sábado, además, hubo protestas contra la condena de los líderes catalanes en San Sebastián (País Vasco, norte) y Madrid, donde se registraron 26 heridos en incidentes entre manifestantes y policías, según los servicios de emergencia de la capital.

Presión electoral para Sánchez

Ante las elecciones legislativas del 10 de noviembre, el encendimiento de Cataluña pone bajo presión al gobierno socialista de Pedro Sánchez, que envió a Barcelona a su ministro del Interior.

El presidente separatista catalán, Quim Torra, exigió a Sánchez la apertura de una "negociación sin condiciones", es decir, sin excluir sacar de la mesa un referéndum de autodeterminación.

El gobierno restringió el diálogo al marco legal, que excluye esta votación, y le exigió al líder regional "condenar rotundamente la violencia" ante la ambigüedad de sus recientes declaraciones.

En plena campaña electoral, los partidos de derecha instaron al jefe de gobierno en funciones a tomar medidas drásticas para restablecer el orden en Cataluña.

El conservador Pablo Casado prometió que su Partido Popular "será el dique de contención frente al desafío separatista" y Ciudadanos (centroderecha), que ha convocado una manifestación para el domingo en Barcelona, reclamó la destitución de Torra a quien califican de "peligro público".

"El Estado no está desbordado", afirmó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Nacida de la frustración de parte de la base independentista, dos años después de la tentativa de secesión de Cataluña de 2017, la violencia marca un punto de inflexión para el movimiento separatista que se jactaba de su naturaleza pacífica.

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