Diputados de las bancadas opositoras acordaron presentar una acusación constitucional (juicio político) contra el presidente chileno, Sebastián Piñera, la próxima semana, luego de conocerse un presunto conflicto de interés por la venta de una minera publicado en los Pandora Papers
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Según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), encabezada en Chile por los medios LaBot y CIPER, la familia Piñera estuvo involucrada en la venta del polémico proyecto Minera Dominga a uno de los mejores amigos del mandatario, todo en una operación que se habría concretado en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.
Piñera y su familia habrían sellado la compraventa de su participación en el proyecto, que amenaza gravemente un importante santuario natural en la zona norte del país, con un pago de tres cuotas, la última de las cuales estaba sujeta a que no avanzara la protección ambiental del lugar donde se instalarían las faenas mineras y portuarias.
"Por infringir el principio de probidad (artículo 8 de Constitución) y comprometer el honor de la Nación la acusación constitucional contra Sebastián Piñera va", señaló en sus redes sociales la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas.
"Nuestro ánimo y espíritu es que este libelo acusatorio sea presentado la próxima semana, y haremos todos los esfuerzos para que eso ocurra efectivamente", declaró el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, desde el Congreso.
Por su parte, el parlamentario de la Democracia Cristiana Gabriel Ascencio afirmó que su partido también está disponible para apoyar el documento acusatorio, pese a que en horas previas el diputado Matías Walker deslizara una línea "escalonada" que iniciara con una comisión investigadora.
"Mi apuesta es que vamos a tener todos los votos de la bancada de los diputados de la Democracia Cristiana (...) La mayoría de los diputados optó por si tenemos una acusación constitucional, nosotros estamos disponibles", aseguró Ascencio.
La acusación constitucional puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado y para que prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
De aprobarse, sería el segundo intento de juzgar políticamente al gobernante, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por violaciones de derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad, que fueron denunciadas por diversas organizaciones internacionales, las más graves desde el fin de la dictadura militar.
Una vez conocidos los antecedentes publicados en los Pandora Papers, el Ejecutivo salió a negar en reiteradas oportunidades cualquier conflicto de interés, argumentando que Piñera desconocía las operaciones de sus empresas producto de un fideicomiso ciego.
"Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017 y además fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia", señaló además el jefe de Estado.
Por otro lado, el Fiscal Nacional, Jorge Abott, instruyó a la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público indagar la existencia de posibles delitos tributarios, vinculados al tráfico de influencias o negociación incompatible.
Piñera es, junto al ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader, uno de los tres presidentes latinoamericanos en activo salpicados por esta investigación, que ha vuelto a remecer al mundo después de los Papeles de Panamá de 2016.
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