Por lo menos 160 personas, en su mayoría jóvenes, han fallecido en El Salvador “al interior de los centros penales” durante la polémica medida de régimen de excepción implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para 'combatir' a las pandillas.
Así lo registra la organización humanitaria Cristosal en un informe presentado en un hotel en San Salvador.
La abogada Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, explicó durante la presentación que es la primera vez, a través de una investigación, que "se verifica y se documentan las muertes ocurridas al interior de los centros penales, es decir bajo custodia del Estado".
Detalló que desde el 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo de 2023, Cristosal ha documentado 139 personas que han muerto bajo custodia estatal. "Aclaro que esto no significa que solo ellos han muerto, porque hay testimonios y evidencias (que señalan) que muchos (fallecidos) han sido enterrados en fosas comunes", apuntó.
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De las 139 muertes, de acuerdo con el informe, cuatro son mujeres y el 46,3% de las personas fallecidas tenían edades entre 18 y 38 años.
Navas también señaló que, hasta abril, el número de casos de personas fallecidas aumentó, ya que Cristosal documentó 153 casos y que, hasta el viernes pasado, día 26 de mayo, "se había verificado 160 personas muertas bajo custodia estatal".
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El documento apunta que se identificaron patrones de muertes por tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes. Se identificaron cadáveres con laceraciones, hematomas que evidencian golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación, ahorcamiento y otros signos de tortura.
Indica que algunos reportes del Instituto de Medicina Legal (IML) consignan como causa de muerte la asfixia mecánica o por inmersión y en algunos casos la correlación de la causa de la muerte consignada y la condición que presenta el cadáver "no son congruentes", agrega.
En el informe se explica que para obtener la información, Cristosal llevó a cabo investigaciones de campo, incluidas en fosas comunes, recolección de una amplia documentación fotográfica de los cuerpos y de esquelas del IML, así como entrevistas a familiares, vecinos, conocidos de las personas fallecidas y a personas que estuvieron detenidas.
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó el 16 de mayo la decimocuarta prórroga de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022, tras una escalada de los homicidios y que ha dejado más de 69.000 detenidos.
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Organizaciones humanitarias registraron hasta mediados de marzo al menos 5.082 "víctimas directas" de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.
Condena contra expresidente Funes
A la par de esta denuncia, una corte penal de El Salvador condenó a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes (2009-2014), que actualmente vive en Nicaragua, por los delitos cometidos en el marco de una tregua entre las pandillas durante su Gobierno.
Además, "David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, ha recibido una pena de 18 años en prisión", informó la Fiscalía General de la República (FGR) en Twitter.
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Funes, que fue juzgado en ausencia tras una reforma legal que lo permite, se convierte así en el segundo presidente de la etapa democrática de El Salvador en recibir una condena de cárcel.
La Fiscalía detalló que Funes recibió 8 años por el cargo de agrupaciones ilícitas y 6 años por incumplimiento de deberes.
Estas penas y cargos fueron iguales para el general retirado Munguía Payés, quien además recibió 4 años de cárcel por actos arbitrarios.
Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un armisticio para reducir las cifras de homicidios respaldado por el Gobierno de Funes.
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Según el Ministerio Público, esta tregua estipulaba favores para estas bandas, como beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad en los barrios dominados por dichas estructuras.
Funes negó, tras declarar en la Fiscalía en 2016, que su Gobierno hubiera dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios.
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No obstante, en el juicio contra los llamados operadores de la tregua, el general retirado Munguía Payés declaró como testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una política de "pacificación".
En junio de 2019, una corte antimafia condenó a penas de entre dos y tres años de prisión a siete operadores de la polémica tregua entre las pandillas.
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