Organizaciones pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, que ordene la despenalización del aborto en El Salvador para casos en los que corre peligro la salud y la vida de la madre, mientras que el Estado afirmó que ello sería un error del alto tribunal que abriría la puerta al aborto libre.
"Lo que estamos pidiendo es eliminar la criminalización absoluta del aborto para que las mujeres puedan resguardar sus vidas y su salud", dijo Gisela de León, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que es una de las organizaciones que lleva el caso de Beatriz, una mujer a la que se le negó el aborto a pesar de que su vida corría peligro y de que el feto no tenía probabilidades de vida.
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En el cierre de la audiencia de dos días ante la Corte IDH, las organizaciones representantes de Beatriz y su familia pidieron una sentencia que condene al Estado y que garantice el acceso a los servicios de salud para las mujeres que requieran un aborto cuando su salud y su vida corren peligro.
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Morena Herrera, otra de las representantes, afirmó que "la penalización absoluta del aborto obstaculiza la atención de las mujeres embarazadas cuya vida está en riesgo".
"Beatriz no recibió el tratamiento unánimemente recomendado por los médicos que la atendían porque El Salvador no permite el aborto en ninguna circunstancia. La prohibición sigue atentando contra la salud, la vida y la dignidad de las mujeres", expresó Herrera.
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Las organizaciones solicitaron a la Corte IDH que declare a El Salvador responsable por violaciones a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la vida privada, a la vida familiar, y que se establezca que la negación de la interrupción del embarazo constituyó una forma de tortura.
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Según la demanda contra el Estado, Beatriz fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea y un informe médico de 2013 consideró de alto riesgo el embarazo y posteriormente se diagnosticó que el feto era anencefálico, incompatible con la vida extrauterina.
El informe médico firmado por 15 jefaturas del hospital donde era tratada recomendaba la interrupción del embarazo, pero esto no ocurrió por temor de los médicos a ser denunciados judicialmente, según la argumentación de los peticionarios.
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El 3 de junio de 2013, Beatriz comenzó con trabajo de parto, fue sometida a una cesárea y el feto anencefálico falleció 5 horas después, detalla la demanda.
La joven salvadoreña falleció en octubre de 2017 a consecuencia de las complicaciones de su estado de salud, tras sufrir un accidente de motocicleta.
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El Estado dice que protege vidas
La agente del Estado salvadoreño, Juana Acosta, dijo que la despenalización del aborto sería "un error que generará más incertidumbre", pues la causal de riesgos de la salud de la madre "puede generar acceso libre al aborto en cualquier momento de la gestación".
"De ninguna manera la penalización es discriminatoria porque surge en la finalidad de proteger a seres humanos en gestación", expresó Acosta.
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Acosta agregó que los protocolos de salud del Estado indican "que se puede terminar el embarazo a través de la interrupción cuando la mujer está en estado crítico y lo consienta".
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La representación del Estado argumentó que este caso involucraba a dos seres humanos con los mismos derechos, en referencia a Beatriz y a su hija, que los médicos trabajaron para salvar ambas vidas.
El Estado también afirmó que la vida de Beatriz no estuvo en peligro inminente, que sus enfermedades estaban controladas, que la joven no estuvo en labor de parto y que la cesárea se le practicó para prevenir complicaciones.
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Tras concluir la audiencia, las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y en los siguientes meses la Corte IDH podrá emitir un fallo.
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