El Congreso, entretanto, se encuentra custodiado por la fuerza pública luego de que el presidente Martín Vizcarra lo disolviera.
El parlamento le respondió aprobando la suspensión del mandatario y designando en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.
Ante este limbo institucional, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo este martes que corresponde al Tribunal Constitucional de Perú pronunciarse sobre la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, dominado por la oposición, y convocar nuevas elecciones parlamentarias.
"La Secretaría General de la OEA considera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas", dijo la entidad en un comunicado.
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Invocando normas constitucionales, el popular mandatario peruano disolvió la noche del lunes el parlamento después de que este le negara un voto de confianza ligado a una reforma del mecanismo de designación de magistrados del Tribunal Constitucional.
El Congreso respondió horas después aprobando la suspensión temporal de Vizcarra.
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Vizcarra convocó elecciones parlamentarias para el 26 de enero, según un decreto publicado en la gaceta oficial. Por una reforma ratificada en referéndum en 2018, los parlamentarios no pueden ser reelegidos.
La secretaría de la OEA dijo que es "un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano".
Además, la entidad dijo que "es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas".
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