Nicaragua presentó este lunes, 5 de diciembre de 2022, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sus argumentos en la disputa con Colombia por la delimitación de su plataforma continental en el mar Caribe
más allá de las 200 millas náuticas.
Se trata de la apertura de la fase oral de la controversia, que por determinación de la CIJ se concentra en discutir apenas dos puntos.
Primero, las partes deben presentar sus argumentos sobre si el derecho de un país costero a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas puede extenderse dentro de las 200 millas de otro Estado.
En segundo lugar, las partes deben discutir los criterios del derecho consuetudinario para delimitar esa plataforma a la luz de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.
"Ha sido una discusión bastante técnica, que abordó temas jurídicos, específicamente", dijo Carlos Argüello, el agente (principal representante) de Nicaragua en el proceso, al fin de la primera jornada de alegatos.
"En esta audiencia no estamos discutiendo el fondo del caso. La corte limitó la argumentación a dos preguntas técnicas específicas, sobre la aplicación de un artículo de la Convención sobre el Derecho del mar y la costumbre internacional", añadió.
Cuando se dirigió a la CIJ, Argüello puntualizó que "la posición de Nicaragua es que la plataforma continental, como las áreas marítimas que se superponen entre Estados, deben ser delimitadas de acuerdo con el derecho internacional".
Para el abogado británico Vaughan Lowe, "se mire por donde se mire, la delimitación de los derechos superpuestos es una cuestión que debe determinar el tribunal".
Discusión técnica
Los letrados nicaragüenses alegaron que los párrafos que conforman el artículo 76 de la Convención de la ONU sobre Derechos del Mar, que se concentra en las plataformas continentales, ofrecen cobertura legal a la demanda.
En la parte escrita de este proceso, Colombia ya alegó que la demanda nicaragüense no tiene fundamento e insistió en que posee plena titularidad sobre el área marítima demandada por Nicaragua.
El caso se arrastra, con idas y venidas, desde hace aproximadamente una década, y coloca en lados opuestos de la mesa de negociación a un país centroamericano y uno sudamericano en disputa por un área marítima con importante potencial pesquero.
En noviembre de 2012, la CIJ otorgó a Nicaragua un área de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de Providencia, San Andrés y Santa Catalina.
De esa forma, en la práctica, el fallo dejó a esas islas de soberanía colombiana rodeadas de aguas territoriales nicaragüenses, una situación que derivó en otra agria disputa por la presencia de navíos colombianos en la región.
A raíz del fallo de 2012, el Gobierno de Colombia se retiró del Pacto de Bogotá, un instrumento que precisamente reconoce la jurisdicción de la CIJ para este tipo de controversias.
En 2013, Nicaragua presentó otra demanda ante la CIJ para que se exija a Colombia que se abstenga de violar los espacios marítimos.
Finalmente, en abril de 2022, la Corte de La Haya dictaminó que Colombia violó "los derechos soberanos y jurisdiccionales" de Nicaragua y añadió que esa conducta "debe cesar de inmediato".
En ese caso, Colombia alegó que su presencia en esas aguas era consecuencia del cumplimiento de sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico.
La CIJ fue creada en 1946 para resolver disputas entre Estados. Los países están obligados a aceptar e implementar las sentencias, que son definitivas y no pueden ser objeto de apelaciones.
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