Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia, ha sido objeto de diversas acusaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos. La Corte Penal Internacional (CPI) abrió investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela a partir de febrero de 2018, cuando se realizó un examen preliminar sobre posibles delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. En septiembre del mismo año, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú refirieron la situación a la Fiscalía de la CPI y solicitaron la apertura de una investigación formal.
En noviembre de 2021, el fiscal de la CPI, Karim Khan, inició una investigación formal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A pesar de los intentos del régimen de Maduro para detener la investigación, argumentando que la justicia interna estaba abordando los casos, la CPI decidió continuar con el proceso. Esta decisión fue respaldada por la participación activa de las víctimas y la falta de investigaciones genuinas por parte del sistema judicial venezolano.
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Investigaciones de la Corte Penal Internacional
La CPI también anunció la apertura de una oficina en Venezuela, aunque hasta el momento no se ha logrado establecer. Las familias de las víctimas han denunciado la inacción del fiscal Karim Khan, mientras que él ha señalado la falta de cooperación del gobierno de Venezuela para permitir el regreso de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este proceso sigue activo y se encuentra en una fase crítica, ya que la vía de la complementariedad está agotándose.
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Acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos
Otro frente judicial importante para Maduro es el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en marzo de 2020 lo acusó formalmente de narcoterrorismo. Según las autoridades estadounidenses, Maduro y otros altos funcionarios venezolanos han estado involucrados en una conspiración para inundar Estados Unidos con cocaína, utilizando el narcotráfico como una herramienta para financiar su régimen y mantener el control del poder.
Entre el llamado Cartel de los Soles, formado supuestamente por autoridades venezolanas y liderado por Maduro, y las FARC desde 1999 y hasta ahora, se han tejido redes de narcotráfico que han generado millones de dólares.
Recompensa por Maduro
Entre otros cargos, se le acusa de haber recibido 5 millones de dólares por parte de las FARC en 2006 cuando era canciller en el gobierno de Hugo Chávez. Para hoy, 10 de enero de 2025, el gobierno de Estados Unidos aumentó a 25 millones de dólares su recompensa para la captura por Maduro.
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La justicia argentina para Maduro en 2024
En septiembre de 2024, el presidente argentino Javier Milei abrió una orden de captura por secuestros, torturas y asesinatos contra la sociedad civil, dirigida a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y una treintena de altos cargos del chavismo. Esta causa fue promovida por el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, apelando al principio de justicia universal.
Repercusiones políticas y sociales
Las acusaciones y procesos judiciales contra Nicolás Maduro han tenido un impacto significativo en la percepción internacional de su gobierno. Varios países y organizaciones internacionales han condenado las acciones del régimen y han llamado a la comunidad internacional a tomar medidas para proteger los derechos humanos en Venezuela.
Las sanciones económicas y diplomáticas impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han aislado aún más al gobierno de Maduro, limitando su capacidad para acceder a recursos financieros y apoyo internacional.
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Polarización interna
Dentro de Venezuela, las acusaciones judiciales contra Maduro han exacerbado la polarización política y social. Mientras que sus seguidores defienden su liderazgo y denuncian las investigaciones como parte de una campaña de desestabilización, los opositores ven en estos procesos una esperanza para lograr justicia y un cambio político en el país.
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Las protestas y manifestaciones en contra del gobierno han sido una constante durante su mandato, reflejando el descontento de una parte significativa de la población.