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Han transcurrido menos de 48 horas desde que Donald Trump se posesionó nuevamente como el presidente de los Estados Unidos. En tan solo un día tomó diversas medidas en contra de los migrantes, tanto así que la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, se pronunció y recordó que "todos los Estados tienen derecho a ejercer jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero necesitan hacerlo en línea con sus obligaciones de derechos humanos”.
En este sentido, Shamdasani le comentó a la agencia de noticias EFE que todos los Estados "deben garantizar una gestión de la frontera humana y basada en derechos humanos, lo que incluye el derecho de los migrantes a una evaluación individualizada de sus circunstancias particulares". Agregó que también deben evitarse las expulsiones colectivas y las detenciones arbitrarias.
Este pronunciamiento se dio después de que Donald Trump declaró una “emergencia nacional” en la frontera con México, por lo que empezó a emitir una serie de órdenes ejecutivas con el fin de militarizar la frontera con ese país norteamericano, prohibir la entrada de migrantes y solicitantes de asilo, y deportar a los más de 11 millones de personas que viven en los Estados Unidos de manera ilegal.
(Lea además: Donald Trump no puso fin a guerra de Ucrania en 24 horas como prometió en campaña: amenazó a Rusia )
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Estas son las cinco decisiones que ha tomado Donald Trump sobre los migrantes
Trump dio vía libre este 21 de enero a las redadas de migración en lugares previamente considerados "protegidos" como escuelas, iglesias y hospitales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) revocó una directriz de la Administración de Joe Biden que instruía a las autoridades migratorias a evitar redadas en estos lugares o cerca a ellos.
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El Gobierno Trump alega que la decisión de este martes "empodera" a los agentes de migración a "seguir las leyes" y capturar a los que llaman "criminales extranjeros", según indicó un portavoz del DHS en un comunicado.
El texto asegura además, sin citar pruebas o ejemplos, que hay "criminales" que se "esconden en las escuelas y las iglesias" de Estados Unidos para evadir ser arrestados.
La directriz que fue revocada fue emitida por el Gobierno de Biden en 2021 y prohibía a los agentes de migración llevar a cabo arrestos o redadas en algunos lugares sin aprobación de un superior.
Entre los "sitios protegidos" se incluía tanto los centros educativos, como de salud, lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones o centros de ayuda tras un desastre natural.
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La idea de la medida, según el memorando de 2021, era evitar que las personas extranjeras se mostraran reacias a asistir a lugares donde se ofrezcan servicios esenciales.
"Podemos cumplir con nuestra misión sin negar o limitar el acceso de los individuos a la comida, el albergue o la fe", señala ese documento.
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La orden pretende modificar la interpretación actual de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La medida solo se aplicaría a nacimientos futuros, según adelantó un miembro del equipo de Trump. En la práctica, la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a los niños nacidos de padres indocumentados y que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.
Quitar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una demanda recurrente de grupos conservadores. Trump ya había amenazado con revocar este derecho mediante una orden ejecutiva durante su primer mandato (2017-2021), aunque nunca llegó a hacerlo.
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El fin de la aplicación CBP One, con la que los migrantes que llegaban a la frontera sur de Estados Unidos pedían una cita para solicitar el ingreso al país, ha dejado a unas 270.000 personas varadas, de acuerdo a un estimado de la cadena estadounidense CBS.
La orden de poner fin a CBP One fue una de las primeras que dio el nuevo Gobierno de Donald Trump al momento de tomar el poder este lunes en Estados Unidos.
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"A partir del 20 de enero de 2025 a las 12:00, las funciones de CBP One, que anteriormente permitían a personas indocumentadas presentar información por adelantado y programar citas en ocho puertos de entrada de la frontera sur ya no están disponibles", anunció la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). "Todas las citas han sido canceladas", añadió.
La cancelación de la aplicación ha provocado que decenas de miles personas que esperaban del lado mexicano de la frontera a obtener una cita se hayan quedado varadas sin opciones para ingresar legalmente a EE.UU.
Donald Trump, declaró este lunes una "emergencia nacional" en la frontera con México y allanó el camino para su promesa de deportaciones masivas de migrantes.
Por medio de varios decretos, que firmó en el Despacho Oval rodeado de cámaras y periodistas, el republicano emitió una serie de órdenes ejecutivas que moldearán su promesa de militarizar la frontera, prohibir la entrada de migrantes y solicitantes de asilo y deportar a los más de 11 millones de personas que viven en EE.UU. sin un estatus legal.
"No tengo una mayor responsabilidad que la de defender a nuestro país de amenazas e invasiones y eso es exactamente lo que voy a hacer", señaló durante su primer discurso como líder del país.
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Citando una "emergencia nacional", autorizó en una extensa orden ejecutiva el uso de las fuerzas militares en la frontera con México para "asegurar" esa linde y repeler "formas de invasión", incluyendo la migración hacia EE.UU. y el tráfico de drogas.
El documento ordena a las autoridades "deportar inmediatamente" a todos los migrantes que entren de manera irregular en EE.UU., indicando que se restaurarán las deportaciones en caliente.
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A su vez, restaura el programa conocido como 'Permanece en México', vigente durante su primer mandato (2017-2021) y que obligaba a los migrantes a esperar en el país vecino a que sus casos fueran procesados por las autoridades.
Donald Trump restableció en todo su alcance la "expulsión inmediata" de inmigrantes, una política que permite la deportación rápida de indocumentados sin que medie una audiencia y que había sido eliminada durante el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025).
La medida, creada en 1996, ya había sido aplicada en toda su extensión durante el primer Gobierno de Trump (2017-2021), y se aplicaba a nivel nacional a los indocumentados que habían estado en territorio estadounidense de forma irregular por menos de dos años, que es como se volverá a implementar en su segundo mandato.
Desde el mandato del expresidente George W. Bush (2001-2009) la expulsión inmediata se aplicaba solo a los indocumentados que habían ingresado a EE.UU. en los últimos 14 días y se hallaban en un radio de 100 millas (161 km.) de la frontera.
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En los casos de expulsión inmediata o acelerada, el debido proceso es mínimo y no interviene un juez de inmigración, e incluso los jueces federales no tienen potestad para atender alguna apelación.
En la mayoría de los casos, la persona sujeta a una orden de expulsión inmediata no puede retornar al país durante un plazo de cinco años.
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La aplicación de la expulsión inmediata registró un pico durante el año fiscal 2013, cuando 193.000 personas fueron deportadas bajo esta política, una cifra que equivalió al 43 % del total de expulsiones en ese periodo, de acuerdo al Consejo Estadounidense de Inmigración (AILA, en inglés).
(Lea además: Los estados de EE. UU. que demandaron orden de Trump que elimina derecho a ciudadanía por nacimiento )
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