
El estado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro se agravó por una "elevación de la presión arterial", informaron los médicos que le atienden en un hospital de Brasilia en el que la semana pasada fue sometido a una operación intestinal. "Presentó un empeoramiento clínico, elevación de la presión arterial y empeoramiento de los exámenes hepáticos", dice un boletín difundido por el equipo médico.
Agrega que este mismo jueves "será sometido a nuevos exámenes de imagen" y que "continúa en ayuno oral y con nutrición parenteral exclusiva", así como con "fisioterapia motora y medidas de prevención de trombosis venosa". Bolsonaro fue sometido el pasado 13 de abril a una operación en el intestino que se prolongó durante doce horas y fue la sexta en esa misma región desde que, el 6 de septiembre de 2018, en plena campaña para las elecciones presidenciales de ese año, fue apuñalado en el abdomen.
El líder de ultraderecha sufrió una crisis intestinal dos días antes de ser operado, en medio de una gira política en la que buscaba apoyo a un proyecto de amnistía para los ultras condenados por el intento golpista del 8 de enero de 2023, cuando fueron asaltadas las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia. Por esos hechos, el expresidente será juzgado en el Supremo como presunto mentor de la fracasada asonada contra el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
- A mando de Alexandre de Moraes (vídeo - 11 min), oficial de justiça adentra UTI para notificar Jair Bolsonaro.
— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 23, 2025
- Peço divulgação / obrigado. pic.twitter.com/VtY0jptfKP
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Ayer, en la sala de cuidados intensivos en la que permanece desde la operación, fue notificado por una oficial de justicia sobre el proceso abierto en su contra. Por los tiempos judiciales, Bolsonaro debía haber sido notificado oficialmente la semana pasada, pero el trámite fue demorado debido a su estado de salud. Sin embargo, el tribunal explicó que, después que el pasado martes participó en un directo por sus redes sociales con dos de sus hijos y un empresario en el que promocionaba una nueva marca de cascos de moto, decidió cumplir el trámite.
El propio líder de la ultraderecha publicó un video en el que se ve como una oficial de justicia se presentó en la sala de cuidados intensivos (UCI) en donde permanece. "Increíble", dijo a través de sus portavoces el expresidente. En un momento determinado, una persona no identificada que estaba en la sala comunica a Bolsonaro que su presión arterial estaba subiendo. El capitán retirado del Ejército, al parecer contrariado por la interrupción, le respondió a gritos: "¡Se lo ruego por favor, se lo ruego por favor, se lo ruego por favor!". Pocos segundos después, se disculpó con la oficial, testigo de toda la escena. "Usted no tiene culpa de nada, discúlpeme", le dijo Bolsonaro.
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El proceso penal en contra de Bolsonaro
El proceso penal fue iniciado el pasado 26 de marzo, después de que la Corte Suprema aceptara acusaciones por intento de golpe de Estado y otros delitos formulados por la Fiscalía General. El tribunal también explicó que otros siete acusados por los mismos hechos fueron notificados entre los días 11 y 15 de abril, y que solo restaba cumplir el trámite con Bolsonaro.
La denuncia de la Fiscalía acusa al expresidente y a muchos de sus colaboradores de haber conspirado a fin deimpedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva , quien se impuso a Bolsonaro en las elecciones celebradas en octubre de 2022. Parte de ese plan habrían sido las manifestaciones realizadas frente a muchos cuarteles de todo el país, en las que miles de activistas de las alas más radicales del bolsonarismo exigían una intervención de las Fuerzas Armadas para anular el resultado de los comicios.
La conspiración habría llevado incluso al violento asalto a las sedes de los tres poderes del Estado ocurrido el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando también los manifestantes instaron a los militares a derrocar al nuevo Gobierno y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la propia Corte Suprema. Por esos hechos, unas 500 personas ya han sido condenadas a penas de hasta 17 años de cárcel, tras ser halladas culpables de delitos como golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho y destrucción del patrimonio público.
EFE/MATEO MEDINA ESCOBAR