La polémica por Ley de Enemigos Extranjeros invocada por Trump para deportaciones, ¿abuso de poder?
La ley permite las deportaciones sin una audiencia y solo se ha invocado en tres ocasiones en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, expertos alertan que su aplicación puede resultar peligrosa.
La decisión del Gobierno de Donald Trump
de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones masivas de integrantes de la banda transnacional Tren de Aragua en Estados Unidos ha desatado una nueva discusión sobre los métodos del líder republicano en su estrategia antiinmigración.
Como se había anticipado desde el jueves, el sábado Trump invocó la ley, subrayando en su orden ejecutiva que el Tren de Aragua "está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio" y que todos los venezolanos mayores de 14 años que pertenezcan al mismo, se encuentren en Estados Unidos y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.
La sorpresa en Estados Unidos no es para menos. La Ley de Enemigos Extranjeros no había sido invocada desde la II Guerra Mundial (1939-1945), cuando se usó para detener a estadounidenses de origen japonés, en uno de los episodios más oscuros de racismo contemporáneo.
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Esta foto tomada por la oficina de prensa de la Presidencia de El Salvador muestra a un presunto miembro de la organización criminal venezolana Tren de Aragua a su llegada al Centro de Reclusión contra el Terrorismo (CECOT) en la ciudad de Tecoluca, El Salvador.
HANDOUT/AFP
Pero el líder republicano consideró que el Tren de Aragua "está llevando a cabo acciones hostiles y una guerra contra el territorio de Estados Unidos tanto directamente como bajo la dirección clandestina o de otro tipo del régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela".
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La orden ejecutiva subrayó que a esos integrantes no se les permitirá la residencia en Estados Unidos y solicitó a todos los departamentos y agencias ejecutivas que colaboren con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para utilizar todos los medios legales para llevarla a cabo.
Esa directiva añadió que toda propiedad perteneciente a "enemigos extranjeros" que se use o se pretenda usar para perpetrar "la actividad hostil" del Tren de Aragua estará sujeta a incautación y decomiso.
La gran pregunta, sin embargo, es hasta qué punto la aplicación de esta ley constituye un abuso de poder.
En términos prácticos, esa ley permite las deportaciones sin una audiencia y se ha invocado solo en tres ocasiones en la historia de Estados Unidos, todas ellas en tiempos bélicos: la guerra de 1812 y la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial se utilizó para justificar las detenciones y expulsiones de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses, y durante la Segunda jugó un papel en la política estadounidense de internamiento de japoneses.
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El centro de pensamiento Brennan -instituto no partidista de derecho y política- estipula que la ley en mención es un recurso de autoridad que, en tiempos de guerra, permite al presidente detener o deportar a los nativos y ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa y basándose únicamente en su ciudadanía o país de procedencia.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP
Aunque la Ley de Enemigos Extranjeros fue promulgada para prevenir el espionaje y el sabotaje extranjero en tiempos de guerra, en el caso de hoy y para el que fue invocada podría utilizarse contra inmigrantes que no han cometido ningún delito, no han mostrado signos de deslealtad y se encuentran legalmente en Estados Unidos.
Según el Centro Brennan, se trata de un recurso de autoridad muy amplio que puede violar derechos constitucionales en tiempos de guerra y de abuso en tiempos de paz.
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Esa normativa está pensada puntualmente en caso de que Estados Unidos esté en guerra con otro país o si una nación extranjera invade Estados Unidos o amenaza con hacerlo.
Aunque la Constitución otorga al Congreso, y no al presidente, la facultad de declarar la guerra y este último debe esperar a una votación parlamentaria para invocar dicha ley con base en un conflicto bélico formalmente declarado, no necesita dicho trámite ante "una amenaza o una invasión en curso".
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El instituto no partidista Center for American Progress (CAP) denunció también el sábado que la invocación de este recurso constituye "un peligroso abuso de poder que busca privar a las personas de sus derechos legales".
"Todo estadounidense, independientemente de su ideología política, debería estar preocupado por el hecho de que el presidente esté recurriendo a poderes que se invocaron por última vez para detener a miles de estadounidenses de origen japonés en campos de reclusión, uno de los momentos más vergonzosos de la historia de Estados Unidos", afirmó el CAP en un comunicado.
El Gobierno de Trump dará la pelea
En medio de la controversia, un juez federal bloqueó el sábado temporalmente el uso de la Ley de Enemigos extranjeros. De hecho, antes de su invocación, el mismo magistrado, James Boasberg, había prohibido preventivamente su aplicación contra la deportación de cinco venezolanos, y después de la misma amplió su veto para cubrir a todos los no ciudadanos bajo custodia de Estados Unidos que estarían sujetos a esa normativa.
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La orden judicial estará en vigor durante 14 días o hasta nuevo aviso. "Un breve retraso en su expulsión no le causa ningún daño al gobierno", indicó Boasberg en declaraciones recogidas por la cadena CNN, añadiendo que "cualquier avión que contenga a estas personas, que vaya a despegar o esté en el aire debe ser devuelto a Estados Unidos".
Pero el Gobierno de Trump, como ya es costumbre respecto a sus decisiones, parece que no dará su brazo a torcer. Según publicó este domingo el medio Axios, la Casa Blanca está dispuesta a llevar al Tribunal Supremo de Estados Unidos -de mayoría conservadora- el bloqueo de la ley.
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"Esto llegará a la Corte Suprema. Y vamos a ganar", le dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a Axios. En tanto, los asesores de Trump sostienen que el juez Boasberg se extralimitó en su autoridad al emitir esta orden.
Trump ha militarizado la frontera de Estados Unidos con México.
AFP
De acuerdo con Axios, el Gobierno de Trump afirmó haber ignorado la orden judicial emitida para enviar dos aviones cargados de "presuntos pandilleros" venezolanos porque los vuelos sobrevolaban aguas internacionales y, por lo tanto, la sentencia no aplicaba.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó este domingo que habían sido trasladados a El Salvador unos 250 supuestos integrantes del Tren de Aragua, que el presidente de ese país, Nayib Bukele, ha ofrecido encarcelar a cambio de un precio "justo".
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"Uy... Demasiado tarde", dijo Bukele este domingo en X acompañando su frase del emoticono de una cara riéndose a carcajadas y una copia de la noticia del bloqueo judicial difundida por el diario New York Post.
En todo caso, las alerta siguen encendidas. La ONG venezolana Provea rechazó las deportaciones a El Salvador de estas personas "sin garantizar el debido proceso" y denunció que, con esa operación, se intensifican los "ataques contra los venezolanos" por parte del Gobierno Trump, en momentos en los que la migración venezolana "es consecuencia de las políticas excluyentes y erráticas" de Nicolás Maduro -autoproclamado en enero para un tercer mandato-, que "han cerrado cualquier salida democrática".
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WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ COORDINADOR DE NOTICIAS CARACOL DIGITAL wamoreno@caracoltv.com.co