La campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio comenzó oficialmente este jueves en Venezuela en medio de una gran incertidumbre, con el actual presidente Nicolás Maduro acusado de persecución política.
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Maduro y el candidato opositor Edmundo González Urrutia convocaron manifestaciones en la capital, Caracas, un día después de que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos advirtiera sobre un "aumento de las amenazas, el acoso y las agresiones contra actores de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y otras voces consideradas críticas".
El grupo opositor ha informado de la detención de unos 40 activistas políticos y sociales en lo que va de año.
Y en abril, el grupo de derechos humanos Foro Penal advirtió sobre una "intensificación significativa de... la persecución" en Venezuela .
El gobierno acusa a la oposición de conspirar contra Maduro, cuya reelección en 2018 fue rechazada como ilegítima por la mayoría de los países occidentales y latinoamericanos.
Maduro, que ahora busca un tercer mandato consecutivo, prometió este jueves en un mitin en el estado de Zulia, antes de dirigirse a Caracas, que "el 28 de julio obtendremos una victoria aplastante".
Muchos venezolanos temen que el gobierno no reconozca una victoria del partido de oposición, que actualmente lidera las encuestas de opinión.
"Una cosa es ganar el proceso electoral y, por supuesto, otra cosa es el reconocimiento" del resultado, dijo Guillermo Tell Aveledo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Metropolitana.
"La posibilidad de algún tipo de repudio (de los resultados)... u ofuscación de la voluntad popular está muy sobre la mesa", añadió.
Represión en Venezuela
González Urrutia, en un video difundido este jueves, instó a los venezolanos a "convertir el deseo de cambio en votos".
Más tarde se le unirá en un mitin la popular líder de la oposición, María Corina Machado, a quien se le prohibió presentarse como candidata a pesar de haber ganado abrumadoramente una primaria el año pasado.
Su candidatura fue descartada por tribunales leales a Maduro por cargos de corrupción que fueron ampliamente descartados como espurios, y por apoyar las sanciones occidentales contra el régimen.
La oposición dice que las personas y empresas consideradas partidarias de Machado –incluidos los vendedores de comida que le vendieron el desayuno, un pescador que la ayudó a cruzar un río y los hoteles donde se había alojado– han sido clausurados o han visto sus medios de subsistencia confiscados por las autoridades.
Antes del inicio oficial de la temporada de campaña, Machado ha estado recorriendo el país en automóvil para instar a los venezolanos a votar por el poco conocido diplomático González Urrutia, quien la reemplazó como candidato de consenso de la oposición.
A Machado se le ha prohibido viajar en avión, pero ha recibido una acogida muy entusiasta.
Por su parte, Maduro ha visitado en las últimas semanas ciudades y pueblos con promesas de recuperación económica en el país golpeado por la crisis del que han huido más de siete millones de personas en los últimos años, aproximadamente una cuarta parte de la población.
También ha hecho apariciones regulares en la televisión estatal, tanto como él mismo y como su alter ego de dibujos animados antiimperialistas Super-Bigote.
El miércoles, Caracas anunció la reanudación de las conversaciones con Estados Unidos y un acuerdo para "mejorar las relaciones".
Estados Unidos había suspendido algunas sanciones a la industria petrolera de Venezuela después de que el gobierno de Maduro y la oposición acordaron en Barbados en octubre pasado celebrar una elección libre y justa en 2024 con la presencia de observadores internacionales.
Pero el deshielo terminó cuando a Machado y otros opositores se les prohibió presentarse como candidatos y los observadores de la UE no fueron invitados. Las sanciones volvieron a aplicarse en abril.
El domingo se llevó a cabo un ensayo electoral que fue supervisado por observadores del Centro Carter, con sede en Estados Unidos, y un panel de expertos de la ONU.
Los vecinos Brasil y Colombia han sumado sus voces al llamado para que la votación del 28 de julio sea libre, ante el temor de otra ola migratoria a sus territorios.
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