El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala aseguró este lunes, 16 de enero de 2023, que emprenderá acciones legales contra Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia, por su desempeño frente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).
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El señalamiento contra el ministro de Defensa de Colombia lo hizo el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche dentro del caso de corrupción que vincula a la constructora brasileña Odebrecht, por el cual este lunes fueron solicitadas tres nuevas órdenes de captura contra exfuncionarios de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig.
“La Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos, el excomisionado de Cicig Iván Velásquez”, aseguró Curruchiche durante un mensaje oficial.
#CasoAcuerdosFraudulentosCorrupciónEImpunidad
— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 16, 2023
La Fiscalía Especial contra la Impunidad informa: pic.twitter.com/mO7gEJqlqC
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Además, Curruchiche lanzó la misma advertencia para la abogada colombiana Luz Camargo Garzón, quien fungió como investigadora de estructuras de corrupción en Guatemala.
El ministro de Defensa de Colombia es acusado de permitir la aprobación de acuerdos de cooperación, según Curruchiche, anómalos, con dos directivos brasileños de la constructora Odebrecht en 2017.
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Iván Velásquez, de 67 años, fue jefe de la Cicig en Guatemala entre 2013 y 2017, período durante el cual fueron desmanteladas decenas de estructuras de corrupción que operaban dentro de instituciones gubernamentales.
En 2022, Curruchiche anuló los testimonios que los empresarios brasileños habían brindado en 2017, donde acusaban al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al excandidato presidencial Manuel Baldizón de recibir sobornos de Odebrecht equivalentes a 18 millones de dólares a cambio de otorgar proyectos a la constructora.
El pasado 12 de enero, la organización estadounidense Human Rights Watch lanzó un informe que señala al Gobierno presidido por Alejandro Giammattei de “profundizar el deterioro de la democracia e impedir la rendición de cuentas por la corrupción generalizada".
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