Guaidó desconoce la inhabilitación que le impuso la Contraloría venezolana

"No es contralor. No lo es. El Parlamento legítimo es el único que puede designar un contralor", afirmó tras ser sancionado por 15 años para ejercer cargos públicos.

Juan Guaidó fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años por presunta corrupción, anunció este jueves la Contraloría de Venezuela.

El organismo resolvió "inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano (Juan Guaidó) por el período máximo establecido en la ley", dijo el contralor oficialista Elvis Amoroso a través de la televisión gubernamental.

La legislación venezolana prevé una sanción tope de 15 años, recordó el funcionario.

Guaidó es reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países encabezados por Estados Unidos, que a su vez consideran ilegítimo el período iniciado por el mandatario socialista Nicolás Maduro el pasado 10 de enero.

Según Amoroso, en sus declaraciones patrimoniales el opositor no ha justificado gastos realizados en el país y en el extranjero, con fondos supuestamente provenientes del exterior.

"Ha realizado más de 91 viajes fuera del territorio con un costo que supera los 310 millones de bolívares (unos 94.000 dólares), sin justificar la fuente de ingreso", aseguró el contralor, indicando que desde que asumió como diputado, en 2016, Guaidó "ha permanecido más de 248 días" en el extranjero.

La Contraloría había anunciado el pasado 11 de febrero la apertura de una investigación contra el legislador por recibir financiamiento internacional, a la luz de una norma contra la corrupción.

La entidad pidió a la Fiscalía que "ejerza las acciones correspondientes" y a la autoridad tributaria fiscalizar a los hoteles donde se ha hospedado el opositor en Venezuela.

El contralor también consideró que Guaidó "ocultó o falseó datos contenidos en su declaración jurada de patrimonio".

La Contraloría es el ente que vigila la conducta de los servidores del Estado en Venezuela y tiene facultad para sancionarlos con multas o inhabilitarlos.

Dirigentes opositores como el excandidato presidencial Henrique Capriles han sido objeto de medidas similares, lo que les ha impedido postular a cargos de elección popular.