Este mes se cumple un año desde que el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, envió al ejército a la región de Tigré para derrocar a las autoridades del Frente de Liberación del Pueblo Tigré (TPLF), que gobiernan esa zona del norte del país. Según Ahmed, esta fue una respuesta al ataque de esta facción a bases militares cerca de Mekele, la capital regional.
Desde ese entonces no ha habido paz en el segundo país más poblado de África y en los últimos meses las tensiones han aumentado con la amenaza del TPLF de llegar a la capital, Adís Abeba. Los rebeldes firmaron un pacto con otros 8 grupos de combatientes para luchar contra el gobierno de Abiy Ahmed, entre ellos el Ejército de Liberación Oromo (Ola).
En medio de marchas progubernamentales en la capital y de numerosos llamados de la comunidad internacional para un cese el fuego, los rebeldes avanzan. Entre tanto, el país continúa en un estado de emergencia decretado por el gobierno por 6 meses.
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El conflicto civil se caracteriza por su extrema brutalidad con denuncias de violaciones de derechos humanos de lado y lado. La última fue la condena de Amnistía Internacional por denuncias de abusos sexuales a numerosas mujeres por parte de los rebeldes de Tigré en la región de Amhara durante el pasado mes de agosto. Según un informe de la ONG, 16 mujeres aseguran haber sido víctimas de tropas del TPLF acusándolos de violaciones masivas, violencia física y robos.
La expulsión hace poco más de un mes de 7 altos funcionarios de la ONU por presunta "injerencia" en asuntos internos y la detención en las últimas horas de colaboradores locales de esta organización enciende las alarmas.
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Al difícil coctel se suma el desplazamiento, la pobreza y el hambre que azotan a la población. El país enclavado en el estratégico y convulso Cuerno de África vive días oscuros.
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