España
aprobó la ley trans y la ley del aborto que permiten a adolescentes, desde los 16 años, cambiar de sexo sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos e interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización paterna.
Ambas leyes salieron adelante tras superar discrepancias internas en el Gobierno de coalición de izquierda y frente al rechazo de la oposición de derechas, aunque con parte del movimiento feminista en contra en el caso del cambio de sexo.
Ley trans
Salió adelante tras superar discrepancias entre los socios de Gobierno, el partido socialista PSOE y la formación de izquierda Unidas Podemos.
La nueva ley trans reconoce la voluntad de la persona a partir de los 16 años como único requisito para cambiar de sexo en el registro civil, al eliminar la hormonación obligatoria y las evaluaciones psicológicas y médicas como requisitos.
El texto, aprobado este jueves 16 de febrero por 191 votos a favor, 60 en contra y 91 abstenciones, extiende el derecho a los jóvenes de entre 14 y 16 años, si son acompañados por sus tutores legales, y a los de entre 12 y 14, si obtienen autorización judicial.
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La parte socialista del Gobierno defendía que los menores de 16 contaran con autorización judicial, aunque finalmente salió adelante el texto impulsado por su socio.
Irene Montero, ministra de Igualdad, recalcó tras la aprobación de la ley que "las personas trans no son personas enfermas, son personas, punto. Son quienes son, punto. Las mujeres trans son mujeres, punto. Y el Estado a partir de hoy os lo reconoce, punto".
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No obstante, la diputada de Vox, María Ruiz, defendió el punto de vista de quienes se oponían a la ley trans.
"Que no queramos permitir que un niño se hormone y mutile su cuerpo sin saber lo que está haciendo no es odiar. Que creamos que un niño no debe tomar determinadas decisiones hasta que no sea adulto o decirle a un adulto que debe conocer las consecuencias de las decisiones que toma, no es odiar. Creer que es de locos fomentar la transexualidad y la homosexualidad como solución para evitar la discriminación como quieren hacer ustedes, no es odiar”, afirmó.
Los hombres que cambien su sexo no eludirán condenas por violencia machista, puesto que se mantendrán las obligaciones jurídicas que cualquier persona tuviese antes de cambiar su sexo.
Algunos casos de hombres que cambiaron de sexo y fueron ingresados inicialmente en cárceles de mujeres pese a haber sido condenados por violencia machista han generado polémica en países como el Reino Unido.
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La ley trans regula también los casos de modificación genital en menores para autorizarla solo cuando las indicaciones médicas lo exijan y si se considera maduro para tomar esa decisión, después de que países como Suecia se replanteen normas similares al aumentar considerablemente esta práctica en medio de críticas de su irreversibilidad por personas que de adultos se arrepintieron.
El activismo LGTBIQ+ celebró a las puertas del Parlamento la aprobación de la ley trans junto a su impulsora, la ministra Irene Montero, de Unidas Podemos, mientras un grupo de feministas se manifestaba pidiendo su dimisión al considerar que la autodeterminación de género "borra" a las mujeres si cualquiera puede serlo solo con acudir a un registro.
Novedades sobre ley de aborto
La nueva ley del aborto acaba con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, pues la mayoría de edad es a los 18 en el país ibérico, un requisito de había introducido en 2015 el Gobierno del conservador Partido Popular, ahora principal grupo de oposición.
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En España se puede abortar libremente durante las primeras 14 semanas de gestación, excepcionalmente hasta la 22 cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías para el feto y después solo por anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.
La nueva norma elimina también la obligación de informar a la mujer sobre ayudas a la maternidad y el plazo de reflexión de tres días antes de abortar.
Además, introduce novedades como las bajas laborales por menstruaciones incapacitantes y la ampliación de los derechos reproductivos a las "personas trans con capacidad de gestar", es decir, que han cambiado su sexo al masculino, pero mantienen su aparato reproductor femenino.
La esterilización y la anticoncepción forzosas, el aborto forzoso y la gestación por sustitución se recogen como violencia y para prevenir los vientres de alquiler, ilegales en España, se prohíbe la publicidad de las agencias de intermediación.
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La aprobación se produce poco después de que el Tribunal Constitucional español avalara la ley del aborto de 2010 aprobada por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que fue recurrida hace más de 12 años por los conservadores y que ahora sustituirá la nueva ley.
En 2021, último año con cifras oficiales, se realizaron en España 90.189 interrupciones voluntarias del embarazo, la gran mayoría en centros privados.
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