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Entre gritos de “Temer caerá”, Ejército sale a calles de Brasilia para controlar violentos desmanes

Entre gritos de “Temer caerá”, Ejército sale a calles de Brasilia para controlar violentos desmanes

Manifestantes causaron destrozos en edificios públicos y provocaron incendios en medio de manifestaciones que exigen renuncia del presidente brasileño.
Crisis política se agudiza en Brasil: Michel Temer, acorralado por acusaciones de corrupción, ordenó este miércoles el despliegue del ejército en la capital ante una protesta masiva en su contra que acabó con violentas protestas frente a ministerios.
"En este momento ya hay tropas federales aquí, en el palacio de Itamaraty [sede de la cancillería], y ya están llegando tropas para asegurar la protección de los edificios ministeriales", anunció por la tarde el ministro de Defensa, Raul Jungmann.
Gobierno dijo que algunos manifestantes pusieron en riesgo la vida de empleados públicos al atacar con piedras y palos varios ministerios. Y remarcó que la orden -vigente hasta el próximo día 31 y que implica el despliegue de 1.500 militares- había sido tomada por el presidente, que lucha por su supervivencia política desde hace una semana.
Esta decisión suele tomarse para apoyar a la policía en momentos de seguridad crítica o en grandes eventos como los Juegos Olímpicos, pero es sensible en un país que vivió bajo la dictadura militar entre 1964 y 1985.
"Es una medida extrema del gobierno Temer y la señal clara de que se perdió el control, con consecuencias muy malas para nuestra democracia", dijo André Cesar, analista de la consultora Hold, en Brasilia.
En la misma línea, pero en un tono más moderado, se posicionó el senador Tasso Jereissati, del PSDB (centro-derecha), principal fuerza aliada a Temer.

"Para quienes vivimos la dictadura, la presencia militar es siempre una cosa que nos asusta", dijo el legislador, uno de los nombres citados para una eventual sucesión.

"Fora Temer”
Bajo el grito unánime de "Fora Temer", la manifestación convocada por la izquierda y sindicatos congregó entre 35.000 y 100.000 personas -según autoridades y organizadores- y fue eminentemente pacífica.
Pero, hacia al final, grupos de jóvenes encapuchados atacaron varios ministerios a lo largo de la avenida que conduce al Congreso y consiguieron invadir una sala del Ministerio de Agricultura, donde prendieron fuego.
De su lado, la Policía lanzaba gases lacrimógenos y bombas de ruido contra la multitud.
Hay reportes de varios lesionados y la policía confirmó que, al menos uno de ellos, presentaba heridas de bala.
"Me estoy yendo porque eso ya era una escena de guerra", dijo a la AFP Fabio Ferreira, un funcionario del Ministerio de Planificación, reportando destrozos en el edificio donde trabaja.
Tensión en Congreso
Entretanto, en el Congreso se vivía también un ambiente de efervescencia.
Una sesión de la Cámara de Diputados fue suspendida temporalmente después de que legisladores de la izquierda tomaron el podio del orador.

"Temer caerá. Todo el mundo dice que es un gobierno muerto", dijo la senadora del Partido de los Trabajadores (PT) Gleisi Hoffmann.

Participantes en la marcha pedían elecciones "directas ya" y también el retiro de los proyectos de reforma de las jubilaciones y de flexibilización de la legislación laboral.
Muchos apuestan a una salida institucional a través del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que del 6 al 8 de junio examinará una denuncia que podría llevar a la anulación de las elecciones de 2014, en las cuales resultó reelecta la fórmula Rousseff-Temer, por presunta financiación ilegal.
"Brasil se volvió imponderable (...) aquí todo el mundo está conspirando. Nadie más cree en la continuidad del gobierno", dijo Paulo Pereira da Silva, 'Paulinho da Força', líder de la central Força Sindical (FS), que fue aliado de Temer en los primeros meses de su gobierno.
La Constitución determina que, en caso de vacío en la Presidencia durante la segunda mitad de un mandato, el Congreso debe elegir un nombre para completarlo.
Elecciones directas sólo podrían celebrarse en caso de que se hiciera una enmienda constitucional por parte de un Congreso desprestigiado, donde decenas de legisladores están investigados por su posible participación en una red de sobornos en Petrobras.

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