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A los gritos, exigiéndole que saliera de un carro con las manos en alto, un grupo de agentes estadounidenses le dieron captura una mujer identificada como Yeimi Andrea Moreno Cuellar, de 35 años de edad, quien pertenecería a una banda de apartamenteros colombianos que se dedicaba a robar en viviendas de dueños de negocios.
Miguel Escobar Guerrero, de 43 años, colombiano e integrante de la banda delincuencial, también fue capturado por las autoridades norteamericanas. Este hombre usaba una peluca al momento de su detención, pero los agentes consiguieron darle captura.
(Lea también: Realidad de los colombianos deportados de Estados Unidos: la pesadilla del sueño americano)
El operativo de las autoridades fue liderado en conjunto por agentes de los condados de Osceola y Orange, en el centro de Florida.
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La Policía estadounidense cree que estas personas podrían ser las responsables de decenas de robos cometidos en todo el país.
Imágenes aéreas captadas por las autoridades corresponden a un operativo criminal en el que la banda fue sorprendida mientras ingresaba a un complejo de apartamentos.
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En los videos se ve cuando los delincuentes abren la puerta de un inmueble a patadas e ingresan a robar.
Según las investigaciones, estas personas ya sabían que el apartamento estaba desocupado porque estudiaban los horarios de sus víctimas.
Angie Hernández Baquero, de 32 años; Giovanni Marín Bernal, de 27; y Camilo Casallas Gómez, de 29 años, todos colombianos, también fueron detenidos y señalados de pertenecer a esta banda de apartamenteros.
Estos cinco señalados apartamenteros colombianos enfrentan cargos por daños a la propiedad, hurto mayor en tercer grado y robo de viviendas.
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La pena a la que se enfrentan estas personas es que podrían ser condenados a 15 años de prisión y una deportación expedita.
La deportación expedita, también conocida como "expedited removal" en inglés, es un proceso rápido de deportación que permite a las autoridades migratorias de ciertos países, como los Estados Unidos, expulsar rápidamente a personas que han ingresado al país de manera ilegal o que han violado las condiciones de su visa. Este proceso se utiliza principalmente en las fronteras y puntos de entrada, pero también puede aplicarse en el interior del país en ciertas circunstancias.
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En una deportación expedita, el individuo generalmente no tiene derecho a una audiencia ante un juez de inmigración, lo que significa que las decisiones se toman rápidamente por los oficiales de inmigración. Sin embargo, existen algunas excepciones, como el caso de personas que solicitan asilo o que tienen miedo creíble de persecución si son deportadas a su país de origen.
Dos de los ciudadanos connacionales capturados en Estados Unidos por este tipo de delitos ya tenían ordenes de deportación vigentes.
Recientemente, el gobernador de Florida, Ron DeSandis, firmó acuerdos con los alguaciles de Policía de los 17 condados del Estado para reforzar la regulación migratoria, por lo que las fuerzas del orden local están obligadas a colaborar.
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