John Ramírez, de 38 años, fue ejecutado por inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville, Texas, en Estados Unidos. Su condena había sido retrasada porque le habían negado que su pastor orara en voz alta y tuviera contacto físico con él mientras fallecía.
Fue declarado muerto a las 6:41 p.m. del miércoles 5 de octubre.
Las últimas palabras del condenado estuvieron dedicadas a la familia de su víctima, Pablo Castro, a la que le dijo que esperaba que su ejecución "les dé consuelo. Si esto los ayuda, me alegro".
También se dirigió a su esposa e hijo, a los que les manifestó: “Estoy listo para irme”.
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En julio de 2004, John Ramírez y dos mujeres robaron una tienda para conseguir dinero y comprar drogas. Según los documentos del juicio, cuando se encontraron con Castro, de 46 años de edad, padre de 9 y abuelo de 14, Ramírez le asestó al menos 29 puñaladas.
El preso y sus cómplices huyeron del sitio llevándose 1,25 dólares, que era todo lo que la víctima tenía consigo.
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Más tarde los tres delincuentes llevaron a cabo otro robo y estaban a punto de cometer un tercero cuando la Policía los localizó. Las mujeres fueron arrestadas, pero Ramírez escapó a México donde logró evadir a las autoridades por más de tres años hasta que lo capturaron cerca de la frontera en febrero de 2008.
Su ejecución se había programado inicialmente para septiembre de 2021, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una suspensión de ejecución de último minuto.
El abogado de Ramírez solicitó al tribunal superior que la detuviera porque el Departamento de Justicia Penal de Texas no permitió que el pastor bautista de Ramírez tuviera contacto físico con él mientras lo ejecutaban ni orar en voz alta en la cámara de ejecución.
Las autoridades penitenciarias de Texas permiten que un consejero espiritual esté en la habitación durante una ejecución, pero debe permanecer en silencio y no se le permite tocar a un prisionero por razones de seguridad.
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En marzo, la Corte Suprema falló 8-1 a favor de Ramírez.
El Tribunal Supremo rara vez interviene para detener las ejecuciones, pero lo ha hecho en casos recientes en los que los presos han argumentado que se les niega el acceso a consejeros espirituales.
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En 2018, rechazó la solicitud de suspensión de la ejecución de un preso musulmán que pidió que un imán estuviera a su lado mientras lo ejecutaban.
Unas semanas más tarde, luego de una protesta pública, se concedió una suspensión a un recluso que quería que un consejero espiritual budista lo acompañara a la cámara de ejecución.
Varios estados han prohibido a todos los asesores espirituales de la cámara de ejecución, pero el tribunal dictaminó el año pasado que no podían prohibirlos por completo.
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