EE. UU. impone sanciones a funcionarios venezolanos, entre ellos la presidenta del TSJ

Estados Unidos anunció que impondrá sanciones a funcionarios venezolanos, en su mayoría magistrados, entre los que se encuentra Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, quien dio lectura al fallo que ratificó la presunta reelección de Nicolás Maduro tras los comicios de julio 28 de 2024.

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En el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro de EE. UU., se indica que los sancionados están “alineados con Maduro y obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela, violando los derechos civiles y humanos del pueblo”.

“Hoy, Estados Unidos está tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes por su represión del pueblo venezolano y la negación de los derechos de sus ciudadanos a una elección libre y justa”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.

“El Departamento del Tesoro está apuntando a funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos piden un cambio. La Administración Biden-Harris seguirá utilizando nuestras herramientas para exigir cuentas a Maduro y sus compinches y apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”, agregó.

Según el Departamento del Tesoro, “Maduro y sus representantes han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición. Estos actos incluyen la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial ganador, Edmundo González Urrutia (González), que lo obligó a salir de Venezuela para buscar asilo en España”.

FERNANDO CALVO/AFP

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Estos son los funcionarios venezolanos sancionados

1. Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
2. Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrado del TSJ.
3. Malaquías Gil Rodríguez, magistrado y presidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ.
4. Juan Carlos Hidalgo Pandares, magistrado y vicepresidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ.
5. Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta del TSJ.
6. Edward Miguel Briceño Cisneros, juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia.
7. Luis Ernesto Duenez Reyes, fiscal del Ministerio Público.
8. Rosalba Gil Pacheco, rectora del CNE.
9. Antonio José Meneses Rodríguez, secretario general del CNE.
10. Dinorah Yoselin Bustamante Puerta, fiscal en el Juzgado Primero de Letras Especializado de Venezuela.
11. Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional
12. Domingo Antonio Hernández Larez, comandante operacional estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
13. Elio Ramon Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
14. Johan Alexander Hernández Larez, comandante de la REDI Capital de la GNB.
15. Asdrúbal José Brito Hernández, director de Investigaciones Criminales de la DGCIM.
16. Miguel Antonio Muñoz Palacios, subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

Por otro lado, el Departamento de Estado impuso nuevas restricciones de visas “a funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión”.

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¿Qué implicaciones tienen las sanciones de Estados Unidos?

• Restricciones de visas “a funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión”.
• Todos los bienes e intereses en bienes de los funcionarios venezolanos sancionados que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
• Todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas también están bloqueadas.
• Se prohíben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o en tránsito de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas de otra manera.