Ecuador despenalizó la eutanasia, convirtiéndose en el segundo país latinoamericano en permitir el procedimiento, en respuesta a una demanda interpuesta por un paciente terminal, Paola Roldán,
que a sus 43 años padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una condición neurológica progresiva también conocida como enfermedad de Lou Gehrig.
Con siete de sus nueve jueces votando a favor, la Corte Constitucional del país abrió la puerta para que los médicos ayuden a morir a una persona con una enfermedad intratable sin tener que ir a la cárcel.
La pena por homicidio "no puede aplicarse a un médico que realice un procedimiento activo de eutanasia con el fin de preservar el derecho a una vida digna", señala el fallo judicial.
La demanda fue interpuesta en agosto por Paola Roldán, quien impugnó un artículo del Código Penal ecuatoriano, que considera el procedimiento un homicidio que conlleva una pena de entre 10 y 13 años de prisión.
"Quiero descansar en paz. Lo que estoy viviendo es doloroso, solitario y cruel", dijo Roldán, postrada en cama, en una audiencia judicial en noviembre a través de un enlace de video.
Tras el fallo, la paciente afirmó en conferencia de prensa que, en adelante, Ecuador será un país "un poco más acogedor, más libre y más digno (...) La lucha por los derechos humanos nunca es un camino pavimentado".
'Decisiones libres e informadas'
Ecuador sigue los pasos de Colombia, que despenalizó la eutanasia en 1997. Los legisladores de Uruguay y Chile están debatiendo actualmente el tema, mientras que México tiene una ley llamada "buena muerte", que permite al paciente o su familia optar por no recibir soporte vital.
Tras estudiar los argumentos de Roldán, el tribunal de esta nación tradicionalmente conservadora y de mayoría católica dictaminó que "no sería razonable imponer la obligación de seguir con vida a alguien que está pasando por esta situación".
"Todo ser humano puede tomar decisiones libres e informadas cuando su desarrollo personal se ve afectado, lo que incluye la opción de poner fin al intenso sufrimiento causado por una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable", afirmó.
El tribunal ecuatoriano encargó al Ministerio de Sanidad para reglamentar el procedimiento en un plazo de dos meses. Por su parte, la Defensoría del Pueblo tendría que redactar un proyecto de ley sobre eutanasia en un plazo de seis meses para ser aprobado por el Congreso en máximo un año.
Pero el abogado de Roldán, Farith Simón, insistió el miércoles en una publicación en X que "la sentencia es inmediatamente ejecutable".
El padre de Roldán expresó a los periodistas que tenía sentimientos encontrados sobre el resultado del caso. Está la “satisfacción de que Paola haya podido lograr un hecho histórico, es un legado para la sociedad ecuatoriana”, dijo, pero tiene "el corazón medio roto porque podría haber un resultado... que es la muerte de mi hija". "Estamos apoyando a Paola", añadió.
Escribiendo en las redes sociales el viernes, cuando supo que su caso ante el alto tribunal estaba en la etapa final, Roldán recalcó: "Varias veces pensé que no iba a poder ver los frutos de este proceso, como quien planta un árbol para que alguien más pueda sentarse bajo su sombra".
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