Un total de 48 personas fueron detenidas en España acusadas de formar parte de una organización criminal que habría explotado a más de 1.000 mujeres en el último año, principalmente colombianas y venezolanas, en una operación policial en la que fueron liberadas 48 víctimas de trata que eran explotadas sexualmente.
Según la Policía española, las detenciones tuvieron lugar en Alicante y Murcia (sureste de España), donde se realizaron ocho registros domiciliarios, en los que fueron intervenidas ocho armas prohibidas y más de 150.000 euros en efectivo.
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También se bloquearon 930.000 euros en cuentas bancarias, se inmovilizaron 17 propiedades y se clausuraron tres prostíbulos. Del total de detenidos, seis ingresaron en prisión provisional.
Las víctimas, principalmente latinoamericanas, eran engañadas en su país para viajar a España mediante falsas ofertas de trabajo en los sectores de la estética y servicios de limpieza. A su llegada, esa oferta no se materializaba, sino que las víctimas eran trasladadas a locales para ser explotadas sexualmente.
¿Cómo descubrieron la red criminal?
Una denuncia anónima recibida en el teléfono de la Policía española 900105090, que junto al correo electrónico trata@policia.es facilitan la colaboración ciudadana y confidencial de estos delitos, fue el origen de la investigación, que llevó a los agentes a descubrir la existencia de una red criminal transnacional dirigida por dos mujeres colombianas y un ciudadano español.
Además de los tres líderes, la estructura de la organización contaba con otros dos niveles, los encargados de los locales y los denominados taxistas, que se encargaban de trasladar a las mujeres en sus salidas para realizar los servicios a domicilio.
La organización criminal contaba con tres locales, enmascarados como pensiones u hostales, donde residían las víctimas, que eran obligadas a prostituirse a cualquier hora del día, siendo controladas en todo momento por los complejos sistemas de video-vigilancia y teniendo limitada su libertad de movimientos, ya que únicamente podían salir dos horas.
Las investigaciones realizadas permitieron averiguar que el entramado se apropiaba de al menos el 40 % de dinero que recibían las mujeres, cantidades que eran abonadas directamente a los responsables de la organización.
Las víctimas eran trasladadas entre los diferentes locales para atraer a más clientes, evitar el arraigo y simular una actividad legal de negocio de hostelería. Asimismo, se pudo detectar la venta de sustancias estupefacientes a los clientes.
AGENCIA EFE
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